El acuerdo contiene un conjunto de medidas concretas y directas para proteger a las personas que han sufrido los destrozos de la crisis y han tenido que afrontar los esfuerzos y sacrificios impuestos por las políticas de la derecha
El acuerdo presupuestario para 2019 entre el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea (UP), firmado por el presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos es el resultado del proceso de negociaciones mantenido por las dos formaciones de izquierdas de nuestro país para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año. Con él, se adquiere un compromiso claro de poner fin a las políticas de austeridad y revertir las políticas económicas y sociales aplicadas por los Gobiernos del Partido Popular (PP) desde 2012, basadas en los recortes del gasto público y las contrarreformas laborales y de pensiones. Las políticas económicas y sociales aplicadas por los Gobiernos del PP durante la recesión agravaron los destrozos económicos y sociales originados por la crisis económica.
Las políticas de la derecha han impuesto la desregulación de los derechos de los trabajadores y la devaluación salarial con el argumento de mejorar la competitividad de las empresas, con una apuesta por la reducción estructural de los costes laborales y el aumento de la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras mientras que, en sentido contrario, se rebajaba la fiscalidad de las grandes empresas y las rentas altas. Muchos han sido los efectos negativos de estas políticas del PP: bajos salarios, pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, incremento de la brecha salarial entre mujeres y hombres, temporalidad abusiva, parcialidad involuntaria, generalización de los falsos autónomos, el éxodo de los jóvenes en busca de oportunidades fuera de su país, el efecto desánimo entre los jóvenes y mayores, la caída de la cobertura de las prestaciones por desempleo o el déficit de la Seguridad Social.
El resultado de las políticas aplicadas durante la recuperación económica, que se viene produciendo desde 2014, ha provocado que el empleo que se viene creando sea mayoritariamente precario y que persista un alto volumen de desempleo. Tras casi cinco años de crecimiento económico, el PIB ha superado el volumen anterior a la crisis, pero aún hay menos ocupados que antes de la crisis. La salida de la misma en nuestro país se ha producido de forma injusta: se han recuperado los beneficios empresariales y, en cambio, se ha reducido la participación de las rentas del trabajo en el PIB, lo que ha originado el aumento de las desigualdades y de la pobreza.
El acuerdo entre el PSOE y UP contiene un conjunto de medidas concretas y directas para proteger a las personas que han sufrido los destrozos de la crisis y han tenido que afrontar los esfuerzos y sacrificios impuestos por las políticas de la derecha. Con el acuerdo, se persigue revertir las políticas de austeridad y los recortes, se establecen medidas orientadas tanto a impulsar las políticas de inversión en los servicios públicos esenciales y en la actividad productiva como a recuperar los derechos sociales y laborales. Los beneficiarios, en definitiva, serán los trabajadores y sus familias.
RECUPERAR DERECHOS
Entre otras materias, son de reseñar las siguientes: mejorar y garantizar el sistema público de pensiones; blindar nuestro Estado del Bienestar en sanidad, educación y dependencia; facilitar el alquiler de viviendas y erradicar la especulación; potenciar el empleo y el salario dignos; fomentar una sociedad más feminista; reformar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos; combatir la pobreza infantil y avanzar en la escolarización de 0-3 años; impulsar el cambio del modelo productivo con la inversión en ciencia e innovación y con las medidas para garantizar una transición energética justa; aumentar la autonomía de los gobiernos locales y revertir el abandono rural; promocionar la cultura; establecer medidas de protección ante la adicción a los juegos de azar; mejorar la calidad democrática mediante la derogación de la Ley Mordaza y la Reforma Electoral; y una nueva fiscalidad para garantizar el Estado del Bienestar.
COMPROMISOS SOCIO-LABORALES
Algunos de los compromisos socio-laborales acordados son de gran repercusión social: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con el IPC como referencia y la subida de las pensiones mínimas al 3%; elevar el SMI a 900 euros mensuales por catorce pagas en 2019, que beneficiara a los trabajadores sin convenio y fundamentalmente a jóvenes y mujeres, lo que supone acercarse de forma importante al 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea; o la recuperación del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años, suprimido por el PP en 2012. Se prevé que éstas y otras medidas entren en vigor en 2019 con los PGE. En este sentido, el acuerdo indica la necesidad de materializar los compromisos para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social a través del Pacto de Toledo y el diálogo social que, a su vez, está tratando, entre otras materias la revalorización de las pensiones, las nuevas fuentes de ingresos o la supresión del factor de sostenibilidad.
REFORMAS LEGALES
Hay contenidos que transcienden el propio escenario presupuestario para el próximo año como que los firmantes se comprometan a concluir la tramitación parlamentaria de las siguientes proposiciones de Ley: la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (ET) sobre la regulación de las contratas y subcontratas; la modificación del artículo 34 del ET sobre el registro diario de la jornada de trabajo; la igualdad retributiva entre mujeres y hombres para acabar con la brecha salarial y el impulso a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. También se establece la ratificación por parte de nuestro país de normas internacionales en materia de derechos laborales como la Carta Social Europea revisada en 1996 o el Convenio 189 de la OIT sobre los trabajadores y trabajadores domésticos de 2011. Se ha acordado la revisión del artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho de huelga, al igual que la modificación de la “Ley Mordaza”, terminando con la restricción de derechos que imponía.
En el acuerdo alcanzado, se definen las materias que se quieren derogar de la reforma laboral antes de que finalice 2018, como la supresión de la ultractividad de los convenios colectivos o la unilateralidad empresarial en las inaplicaciones de los convenios colectivos y en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que están siendo tratadas en las mesas de diálogo social junto con otras materias como la recuperación de la prevalencia de los convenios sectoriales.
NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
La reacciones de los líderes del PP y Ciudadanos ante el acuerdo anticipan su rechazo frontal y ponen de manifiesto que anteponen sus intereses particulares a los intereses generales
Quizás la propuesta de mayor calado estratégico sea la voluntad compartida de los firmantes de reequilibrar las relaciones laborales y recuperar los derechos de los trabajadores recortados por la reforma laboral. Para ello, se establece que en 2019 se iniciará la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, de forma consensuada a través del diálogo social, y también se acuerda crear un comisión de expertos que participe en su redacción, de modo que se pueda dotar al país de un marco de relaciones laborales moderno y participativo, basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrado que dé respuestas a la internacionalización de la economía, a las nuevas realidades en la organización del trabajo y a la creciente implantación de la digitalización.
La reacciones de los líderes del PP y Ciudadanos ante el acuerdo anticipan su rechazo frontal y ponen de manifiesto que anteponen sus intereses particulares a los intereses generales, pues sus valoraciones son ajenas al equilibrio y responsabilidad del propio acuerdo, obedecen al cálculo electoral y reproducen los comportamientos insolidarios de la derecha. En su versión menos patriótica, piden a la Comisión Europea que desautorice el plan presupuestario del Gobierno de España, al que tildan de antisocial, cuando la realidad es que supone grandes avances para el conjunto de la sociedad y de la economía. Los líderes conservadores han llegado a afirmar que el acuerdo perjudica a las clases medias y trabajadoras por el aumento de los ingresos públicos, cuando la subida de impuestos se inscribe en la carga fiscal de los países de nuestro entorno y afecta sólo a las rentas más altas y a las grandes empresas.
Los diferentes partidos de la derecha han mostrado igualmente su oposición a la subida del SMI con la excusa de que pondrá en riesgo la creación de empleo, cuando no existe ninguna evidencia empírica al respecto, al contrario se le reconocen efectos positivos sobre la demanda interna. Con esta cerrazón a dignificar nuestro SMI se oponen a la voluntad mayoritaria de la sociedad de impulsar el crecimiento de los salarios para corregir las grandes desigualdades provocadas por las políticas de la derecha.
El acuerdo el PSOE y UP se inscribe dentro de las políticas socialdemócratas de justicia social y lucha por la igualdad, y para ello sitúa como objetivos prioritarios el crecimiento estable y sostenible, la creación de empleo digno, el fortalecimiento del Estado del Bienestar, la redistribución de las rentas, planes de inversión para impulsar el cambio de modelo productivo, y una fiscalidad suficiente y justa para generar ingresos y combatir las desigualdades y la pobreza. Estas políticas se desarrollarán a través del diálogo social y el diálogo político, pero es necesario que la mayoría que acordó el apoyo a la moción de censura que puso fin al Gobierno del PP se ponga también de acuerdo en esta oportunidad de cambiar las políticas económicas y sociales y que los PGE de 2019 se enriquezcan en las negociaciones con los restantes grupos de la Cámara que apoyaron la moción de censura. Es un paso importante para la estabilidad y la modernización de la economía y la sociedad de nuestro país.