Analizando las cuestiones claves de la relación entre trabajo y ciudadanía, que aparecen de forma reiterada cuando debatimos sobre el “fin del trabajo” o sobre la renta básica, así como sobre derechos laborales, sociales, desigualdades o exclusiones, encontramos de forma dicotómica la relación entre libertad y derechos. También se presenta esta relación cuando se trata de analizar el derecho a la educación o a la sanidad, porque forma parte esencial de los modelos de sociedad y es una dicotomía no resuelta en nuestra Constitución.

Por un parte, podemos aclararnos recurriendo a la evolución histórica de la idea de ciudadanía a partir de la transición del feudalismo al capitalismo, como lo hacen en algunos textos tanto liberales como socialdemócratas, en sentido conservador o progresista. Porque, aunque con matices valorativos respecto de la influencia positiva o negativa, hay acuerdo en que ese origen, sustancial al desarrollo del sistema capitalista, alude a sus determinaciones sobre el modelo de ciudadanía. El surgimiento de la ciudadanía “civil” en el siglo XVIII se habría establecido sobre la base de la propiedad y la libertad individual; sólo a partir del siglo XIX después de la Revolución francesa se desarrollaría la ciudadanía “política” (aunque seguirían existiendo excluidos, sobre todo las mujeres y los esclavos africanos o asiáticos según regiones) y por último, la ciudadanía “social” sería producto tardío del siglo XX, ligada a la configuración de los Estados del Bienestar nacionales. Incluso en las condiciones de la ciudadanía en el Estado del Bienestar, se producen influencias de esa concepción de la ciudadanía ligada a la propiedad, con diferentes limitaciones en función del desarrollo más o menos social de las diferentes sociedades (entre Europa y EEUU por ejemplo)

Los profundos cambios producidos por la globalización, la internacionalización de la economía, el predominio de las finanzas o la terciarización sobre la producción de bienes, han desatado un tsunami alimentado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. No podía quedar indemne la situación de la ciudadanía, si acordamos que es imposible su independencia respecto de las relaciones sociales de producción de las distintas etapas de desarrollo del modo de producción capitalista. Todo ello condimentado con las transformaciones políticas, sobre todo en Europa, en cuanto al papel de los Estados Nación y las políticas públicas. Por lo tanto, desde otra perspectiva puede considerarse el tránsito de una ciudadanía establecida como usuaria de servicios públicos, a la ciudadanía considerada como cliente en un sistema neoliberal donde todo se compra y se vende. Con lo cual, estaríamos volviendo a la noción de ciudadanía ligada a la propiedad, en este caso como consumo, con todo lo que significa en términos de inclusión-exclusión en función de los ingresos económicos y del acceso a la educación y la cultura

Es evidente que, con respecto a los derechos fundamentales se producen otras disrupciones peligrosas del concepto de ciudadanía, en la medida en que la perspectiva neoliberal privilegia el individuo y su libertad de elección por encima de las responsabilidades colectivas o los procedimientos ligados a la solidaridad o los derechos. Las desigualdades resultan obvias en cuanto comparamos las opciones diferentes según las clases sociales, la situación de supervivencia, pobreza o las discriminaciones culturales. La libertad de elección jamás funciona en sociedades tan dualizadas, tan desiguales como las actuales; constituye la mayor falacia, porque las clases dominantes pueden incorporar más dinero a un determinado servicio recibido, además de tener la capacidad de elegir y un mayor acceso a la formación y la cultura

Nos preocupa la disrupción de la individualización, no sólo por esa limitación de la capacidad de elegir, sino también por los cambios que se producen en el modelo social. Por un lado, resulta casi automática la intención de negar competencias a la negociación colectiva para promover la negociación individual como si fuera en condiciones de igualdad (muy grave pero no lo desarrollamos ahora). Por otro, la desaparición de procedimientos de solidaridad en los derechos fundamentales como la educación o la sanidad, porque si las políticas públicas se financian con los presupuestos generales del Estado, las responsabilidades son de las administraciones no de las familias o de los usuarios individualmente. Incluso podemos cuestionar que esté ligada esa financiación sólo a los impuestos, aunque es la base de la responsabilidad colectiva, porque pueden aparecer dificultades con las personas que no pagan impuestos por su situación de pobreza. En este caso, el problema proviene del origen de la financiación de determinadas medidas de derechos sociales, porque pueden convertirse en “caridad” en el modelo conservador.

Si no se mantiene un origen colectivo, con la responsabilidad del Estado que sostenga un sistema solidario como el caso de las pensiones, puede generarse una política especialmente dirigida a enfrentar torticeramente a quienes pagan con quienes no pagan y reciben alguna “ayuda”. Incluso, ya existen voces que cuestionan las pensiones no contributivas y el sistema público, porque existen fuertes intereses bancarios en promocionar los planes privados. Así, si no se trata de derechos sociales comunes a toda la ciudadanía, las ayudas se convierten en caridad y “la caridad aparece como un donativo puro, unilateral, al que el receptor no tiene ningún derecho y al que el donante no está obligado” (1)

Todas las prestaciones adquieren esa categoría de caridad si la concepción que prevalece es la individualizadora, que disminuye el peso de los servicios públicos, privatiza sus funciones y resalta la libertad de elección, además de crear mercancías con los derechos fundamentales donde no debería existir ganancia económica privada. A esto se suma la estigmatización de quien percibe la ayuda, el desprestigio de los servicios públicos necesario para privatizar, y la desaparición de otras prácticas solidarias que contribuyan a  reproducir modelos colectivos. Si la seguridad social representa el aspecto solidario ligado al trabajo, a la administración pública y a la ciudadanía social, la asistencia social se transforma en el lado caritativo de intercambio “voluntario” sin responsabilidad de la administración pública.

De aquí la importancia de desligar la ciudadanía social de sus antecedentes históricos e ideológicos de ciudadanía civil de los inicios del capitalismo y de los actuales modelos privatizadores del neoliberalismo. De aquí la importancia de hablar de derechos fundamentales, sociales o laborales, porque aunque su disfrute sea individual es relevante reivindicar la responsabilidad social y política para garantizar el ejercicio de esos derechos. 

Por otra parte, si los derechos sociales están ligados solamente al contrato de trabajo, o a la condición de “empleabilidad”, esto se convierte en “dilema”. Porque existen unas determinaciones excluyentes: de edad “activa” por un lado, de género lamentablemente todavía y porque las perspectivas de pleno empleo hace mucho tiempo que han dejado de existir y en algunos casos será imposible basar la inclusión social en las posibilidades de empleo. Peor aún será si los modelos se asocian a las condiciones mercantiles de los empleos de algunos sectores precarizados, huyendo de cotizar a la seguridad social, claramente subempleando a personas con capacitaciones superiores. Porque se promueven las salidas arriesgadas del emprendimiento, el autoempleo, en suma el “sálvese quien pueda”

Todo esto y tal vez más hechos o perspectivas futuras nos llevan a insistir en la necesidad de debatir alternativas de sostenimiento de la ciudadanía social, de desarrollo de acciones que puedan favorecer la conciencia colectiva sobre los problemas que nos afectan aunque no los suframos directamente. La sociedad de consumo fomenta el individualismo, se mercantilizan muchas actividades sociales, se afianzan los modelos de individualización de las relaciones laborales que nos hacen totalmente vulnerables al poder empresarial. Pero estamos sometidos al bombardeo de unos medios de comunicación y algunas tecnologías, que reproducen de forma invisible las emociones, las actitudes, los comportamientos necesarios, para que triunfe ese modelo económico y social contrario a los derechos y a la solidaridad colectiva.

“La concentración del control sobre los medios de producción, distribución e intercambio de información ha coincidido con la aparición de nuevas tecnologías que han convertido la cultura, sobre todo la cultura popular, en el principal contexto educativo a través de la cual los jóvenes aprenden sobre sí mismos, su relación con los demás y el mundo que les rodea” (2)

Ya se han propuesto modelos, principios y métodos para el sistema educativo, respecto de la formación ciudadana, el espíritu crítico o los valores democráticos. Porque sabemos que nada es aséptico en educación, insistimos en ello. Existen teorías y prácticas, herramientas y textos suficientes para construir una alternativa. Pero no siempre se tienen en cuenta las alternativas culturales para las familias, en la medida en que su influencia (y la de los medios) es más determinante en los resultados, según muchas investigaciones. “Es necesario, por tanto, echar un vistazo a qué forma están dando a los factores del entorno familiar la política social y la cultura dominante.” (3)

Hace unos años, se analizaba la reproducción ideológica de las películas de Disney con sus modelos de sociedad y de relaciones humanas etnocentristas o clasistas, que pueden servir como herramienta para descodificar las producciones actuales. Hoy en día es notable la cantidad y la diversidad de influencias televisivas, de internet, de video juegos, o a través de las redes sociales o el móvil, con mensajes caracterizados por la rapidez y la facilidad apelando a las emociones primarias.   El fenómeno es de tal calibre que serán necesarios unos principios muy claros y unas políticas muy definidas para contrarrestar en alguna medida los modelos de sociedad, de perfiles personales, de conductas y valores que se movilizan por esos medios. Habrá que proponer alternativas de políticas públicas, que fomenten la redistribución económica, el reconocimiento de las culturas alternativas frente a la concentración del poder de los medios, el compromiso social y político con modelos colectivos y de participación activa, para conseguir una autonomía y una auténtica libertad crítica de la ciudadanía social. Hay que buscar análisis y propuestas que contribuyan a la elaboración y construcción compartida de esas políticas públicas, partiendo de estudios fundamentados y realistas, sin pragmatismos ligados al ejercicio del poder, sin demagogias ni ortodoxias.

En definitiva, la defensa y ampliación de los programas de intervención pública, con el fin de garantizar las mayores cotas posibles de igualdad social, la profundización en el control democrático y en la articulación real del pluralismo político y social como valor fundamental de las sociedades avanzadas y como elemento civilizatorio, en la perspectiva de la izquierda transformadora, debe configurar un nuevo discurso antitético de la privatización neoliberal, cuyos ejes han de construirse sobre unos sólidos fundamentos que cohonesten la idea de participación y fluida interacción gobiernos-sociedad con el conocimiento de los procesos de la acción gubernamental, los cuales habrían de merecer, por su parte, un interés cada vez más preferente. (4)

Unas tareas difíciles, complejas, dinámicas, a veces con grandes obstáculos y sin recetas mágicas. Por un lado, cabe recordar unas palabras de B. Brecht:

 “No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar”

Sobre todo para no caer en fatalismos ni en inmovilismos, aunque tampoco podemos darnos el lujo de ser excesivamente optimistas o simplistas. Quién nos iba a decir en otros tiempos que estaríamos cuestionando el concepto de libertad, pero hoy por hoy, si se refiere a los mercados la combatiremos y si alude a las personas recordaremos el sabio diálogo de A través del espejo de Lewis Carroll:

  • Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso-  quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni más ni menos.
  • La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
  • La cuestión -zanjó Humpty Dumpty-  es saber quién es el que manda..., eso es todo.
 

(1) Frase,N y Gordon, L (1992): Contrato versus caridad: una  reconsideración de la relación entre ciudadanía civil y ciudadanía social. Artículo Revista Isegoría nº 6.

(2) Giroux, H (2001): Cultura, política y práctica educativa. GRAÓ. Barcelona.

(3) Chomsky, N (2009): La (des) educación. Crítica. Barcelona.

(4) Sánchez Vizcaíno, J (1996): Reflexiones sobre la privatización y las políticas públicas. Viento Sur nº 29