El Grupo Socialista e Izquierda Unida han registrado sendas peticiones de creación de una comisión de investigación en el Congreso para depurar responsabilidades políticas por el fallecimiento de 15 personas el pasado 6 de febrero frente a la parte española de la Playa del Tarajal, en Ceuta.
La petición del PSOE ha entrado en el registro a las 10.13 horas, después de que haya cumplido el plazo de 24 horas que el PSOE dió este miércoles al Ejecutivo para que entregar a la Cámara Baja las cintas de grabación en las que se recogen las imágenes de esa tragedia.
De esta forma, el primer partido de la oposición hace así efectiva la amenaza que la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, lanzó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, alrededor de las 9.20 horas de este pasado miércoles, durante la sesión de control al Ejecutivo.
Cuando estaban a punto de cumplirse 25 horas desde aquella advertencia y sin haber recibido los vídeos que reclama al Ministerio del Interior, el Grupo Socialista ha registrado así su petición de comisión de investigación.
La Izquierda Plural, por su parte, la ha registrado a primera hora de esta mañana y antes de que se procediera a la votación de la moción, consecuencia de interpelación, en la que el grupo parlamentario pedía el cese del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la tragedia de Ceuta; una iniciativa que ha sido rechazada con el voto de PP y UPN, y que ha contado con la abstención de PSOE y UPyD. El resto de grupos parlamentarios han respaldado la reprobación al titular de Interior.
EL MINISTRO DEBE COMPARECER DE NUEVO
En su escrito, los socialistas reclaman que el primero en comparecer, una vez que se constituya la comisión, sea el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Además, vuelven a reclamar que, con carácter previo a esa comparecencia, el Ejecutivo remita a la comisión "una copia íntegra" de todas las imágenes grabadas entre las 4.30 y las 9.30 horas de la mañana, tanto en la frontera terrestre como en la costa, así como cualquier material documental que obre en poder de la Administración y pueda facilitar información sobre el desarrollo de los hechos.
Según denuncian, la versión del Gobierno sobre lo acaecido "ha ido cambiando" desde el inicial "no se actuó", pasando por el "se actuó pero no se disparó", y el "se disparó, pero no al agua", hasta finalmente "se disparó, pero no directamente a los inmigrantes", teniendo en cuenta también que el presidente del Gobierno "ha declinado" ofrecer explicaciones, y tanto Fernández Díaz como Soraya Rodríguez "se han reafirmado" en que la actuación policial se hizo "con proporcionalidad".
El PSOE sostiene que cada vez un nuevo video o testimonio desmentía sus afirmaciones, llegando a amenazar con querellas a todos aquellos que pusieran en cuestión la actuación de la Benemérita.
LA VOLUNTAD DE ESCONDERSE Y OCULTAR
Por eso, no ve posible "justificar" las distintas versiones en avances producidos en una investigación de los hechos que el Gobierno no ha impulsado, por lo que esas diferencias no se deben a la aparición de nuevas evidencias, sino a la "voluntad de hurtar al conocimiento público informaciones absolutamente relevantes para comprender y calificar los hechos y que siempre estuvieron en manos de quienes las ocultan".
En este punto coincide igualmente el portavoz de la Izquierda Plural sobre la materia, Ricardo Sixto, quien se ha mostrado preocupado por la "voluntad política" que según él hay en los responsables del Ministerio del Interior, en concreto, del director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, por esconderse detrás de las actuaciones de este cuerpo.
"La Guardia Civil actúa siguiendo órdenes. Por eso queremos saber quién dio las ordenes, quién establece los protocolos y los procedimientos por los cuales la Guardia Civil dispara en un momento dado", ha subrayado, a la vez que ha alertado de que los informes de la Guardia Civil se están filtrando, a pesar de que "muchas veces cuentan una parte de la realidad".
El diputado valenciano ha explicado que su grupo parlamentario solicita esta comisión a raíz de la tragedia del pasado 6 de febrero y también tras el anuncio de Interior de cambiar el marco legal para permitir las devoluciones en caliente de inmigrantes. "La propia comisión deben valorar esos cambios legales que pretende llevar a cabo el Ministerio del Interior", ha apostillado.
En ella quiere que se investiguen los hechos del día 6 en la frontera del Tarajal, quién dio las órdenes, qué órdenes se dieron, y las responsabilidades políticas derivadas de ello, así como la política fronteriza entre España y Marruecos, y la inmigración en Ceuta y Melilla desde 2005 hasta ahora, momento desde el que se ha aplicado una política de Estado que implica la devolución automática en caliente de los inmigrantes, que en ocasiones sobrepasan la línea fronteriza en España, así como la situación de los CETI.
"Eso a nuestro entender, y según las propias sentencias del Tribunal Supremo vulneran la Ley de Extranjería porque supone devolver a territorio extranjero personas que han entrado en España a sin identificación, que es lo que dice la Ley de Extranjería, y si eso es así hay que investigarlo", sostiene.
El texto de petición de comparecencia, la Izquierda Plural añade sobre este asunto que "todo apunta" a que aquella madrugada del 6 de febrero 23 personas alcanzaron territorio español, a través de la playa, pero que fueron obligadas a cruzar la frontera y volver a Marruecos, sin los correspondientes procedimientos formales.
"Devoluciones forzosas ilegales, que son objeto de un denuncia constante por las organizaciones de derechos humanos, ahora son reconocidas por el propio ministro del Interior", apostilla, señalando que la "violación de los derechos humanos" del Estado español en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla "no es nueva", y la política de inmigración sigue una "visión policial y represiva".
