Hasta tres proposiciones no de ley presentadas por el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Esquerra Republicana (ERC), unidas a varias enmiendas de PP y UPyD referidas al indulto, han protagonizado este martes el debate de la Comisión de Justicia.
A pesar de que todos los grupos, incluido el Popular, coincidían en la necesidad de emplazar al Gobierno a modificar la vetusta Ley del Indulto de 1870, ni unos ni otros han sido capaces de consensuar un texto común bajo este objetivo.
Gaspar Llamazares ha alertado de que esta medida de gracia produce una sensación de "escándalo y parcialidad" por parte del poder a políticos, bancarios y empresarios con el objeto de que "los poderosos y sus amigos no cumplan las penas". "Es una rémora para privilegiados, un residuo donde el Gobierno degrada la Justicia"
Al finalizar la sesión, los impulsores de las iniciativas han querido someterlas a debate en sus propios términos sin incluir ninguna enmienda. Y las tres han sido derrotadas con los votos en contra de los 'populares'.
En concreto, los socialistas pedían justificar por razones de justicia, equidad o utilidad pública los indultos y que este requisito sea aprobado por el propio tribunal sentenciador en delitos contra la Hacienda Pública, la Administración de Justicia o la Administración pública. La propuesta ha contado con 16 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones de CiU.
Quince votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones ha recibido la iniciativa de la coalición de izquierdas dirigida a exigir una mayor motivación en los correspondientes reales decretos. ERC abogaba por otorgar el ejercicio del derecho de gracia al Congreso de los Diputados, algo que ha sido rechazado con 39 votos en contra.
El Partido Popular era favorable a invitar al Gobierno a valorar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de indultos de cara a estudiar la introducción de modificaciones en la normativa vigente. Sin embargo, los grupos han rehusado incluir esta enmienda en sus proposiciones.
Precisamente, el alto tribunal ha dado a conocer hoy la sentencia en la que acusa al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de "extralimitarse" al cancelar los antecedentes penales del consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz.
El Supremo ha aprovechado para advertir de que esta prerrogativa supone "una intromisión del Ejecutivo en los resultados de un proceso penal". Los magistrados lamentan que la actual Ley renuncie "por completo a exigir el más mínimo ejercicio de justificación".
MÁS TRANSPARENCIA
"No es que no haya razones para plantear los indultos, con independencia de que se hagan equivocadamente o no, pero esa apariencia de oscuridad al no motivarse externamente puede dar lugar a consideraciones que llevan al oscurantismo", ha planteado la diputada del PP María Jesús Moro.
Moro, al igual que su compañero de grupo Carlos Enrique Muñoz, ha abogado por "ser claros" con el indulto y abordar una reforma que de lugar a un "estudio serio", dejando a un lado "aspectos populistas o casos concretos". En todo caso, han revelado que el Gobierno solo da el visto bueno al 7% de las solicitudes recibidas.
El portavoz del PSOE en el área de Justicia, Julio Villarrubia, ha conminado a modificar la vetusta Ley de 1870 para dar un "mensaje inequívoco" a la sociedad del compromiso de las fuerzas políticas en la lucha contra la corrupción, la cual "se está generalizando de una manera peligrosísima y es un elemento de desafección hacia lo público y la política en general".
Para evitar acusaciones sobre el número de indultos concedidos por socialistas o populares durante sus años de Gobierno, Villarrubia ha conminado a todos los grupos a enviar un mensaje común a los ciudadanos, por el cual se garantice que "gobierne quien gobierne y a partir de hoy no será posible indultar por delitos de corrupción que tanto daño hacen a nuestro sistema democrático".
Los socialistas se han mostrado a favor de llegar a un acuerdo de mínimos para reformar la norma reguladora de los indultos. Eso sí, han sido partidarios de acotar los delitos, exigir la motivación de la medida de gracia y acometer "una dación cada seis meses de los indultos al Congreso de los Diputados".
UNA RÉMORA PARA PODEROSOS Y AMIGOS
Desde la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha alertado de que esta medida de gracia produce una sensación de "escándalo y parcialidad" por parte del poder a políticos, bancarios y empresarios con el objeto de que "los poderosos y sus amigos no cumplan las penas". "Es una rémora para privilegiados, un residuo donde el Gobierno degrada la Justicia", ha dicho.
A su juicio, al ley de tasas judiciales significa la "Justicia de mercado", mientras que la norma del indulto significa "una Justicia señorial, de lujo" de la que se deben excluir los delitos contra la corrupción, la Hacienda Pública, las torturas, la vulneración del derecho humanitario o las infracciones que producen una especial alarma social.
Según ha dicho, el indulto sólo puede justificarse como una solución excepcional ante casos extremos en los que es oportuno atemperar el rigor de la ley o tener en cuenta hechos sobrevenidos. De esta forma, ha exigido que el Gobierno de a conocer el número, alcance y circunstancias de los delitos indultados.
Esquerra ha defendido su iniciativa dirigida a encomendar al Parlamento la concesión de esta prerrogativa ante el "uso perverso" por parte del Ejecutivo. El diputado Joan Tardá también ha aludido a la firma de estos reales decretos por parte del Rey. "Sería surrealista ver al Rey firmando el indulto de Urdangarin y yo no juraría que esto no pudiera ocurrir. ¿Se imaginan al Rey firmando un indulto para la Infanta?".
La líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha emplazado en una enmienda a ser "mucho más exigente en la motivación, acotar y establecer la posibilidad de recurso" a esta medida. "La discrecionalidad que caracteriza los indultos no puede significar lo mismo que la arbitrariedad", ha añadido.
CiU, por boca de su diputada Mercé Pigem, ha dicho compartir el malestar que genera este asunto en la sociedad y ha presentado una enmienda por la que aboga por abrir una reflexión sobre la regulación de la institución del indulto que recoja la jurisprudencia del Supremo y del Tribunal Constitucional y considere el modelo de los países de nuestro entorno.
Así las cosas, el PSOE se ha apresurado a registrar este mismo martes una proposición de ley regulando directamente la concesión de los indultos, cuya toma en consideración habrá de votarse dentro de un tiempo en el Pleno del Congreso.
