El gobierno ha acordado recientemente el indulto de cuatro mossos d’esquadra que habían sido condenados por torturas. Hay que recordar que contra los agentes habían sido dictadas inicialmente penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión. Y que el Consejo de Ministros decidió en febrero como medida de gracia la reducción de dichas penas a dos años de cárcel, con la expectativa de que los policías no entrasen en prisión. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ordenó el ingreso en prisión por razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social. Los recursos presentados fueron desestimados. Y, ante esta situación, el gobierno ha decretado ahora un segundo indulto en el que conmuta las condenas de prisión por penas de multa, a pesar de la opinión de la Audiencia de Barcelona de que un segundo indulto supondría fraude de ley o abuso de derecho.
El gobierno ha decretado ahora un segundo indulto en el que conmuta las condenas de prisión por penas de multa, a pesar de la opinión de la Audiencia de Barcelona de que un segundo indulto supondría fraude de ley o abuso de derecho
Desde Jueces para la Democracia consideran que en un Estado de Derecho no resulta admisible que el Poder Ejecutivo pueda revisar de forma arbitraria las resoluciones judiciales. Además, todavía resulta más censurable que el indulto se aplique a conductas que representan un uso inaceptable del poder del propio Estado, cuando se dedica a través de sus agentes a infligir un trato degradante, como en el caso de las torturas. Con este tipo de medidas se suscita la perplejidad de la ciudadanía, que observa cómo delitos especialmente rechazables pueden obtener una impunidad poco comprensible. Del mismo modo, este tipo de indultos puede provocar en los agentes la sensación de que cometer estos delitos no va a tener consecuencias penales de entidad. Y, además, genera en los órganos jurisdiccionales la percepción de que sus resoluciones no acaban teniendo los efectos previstos en las leyes, con el consiguiente desánimo de jueces y fiscales, al constatar que ante determinados delitos se produce una frustración de las consecuencias previstas legalmente.
Al aprobar este tipo de medidas, que reiteran otras anteriores, el gobierno renuncia a la persecución penal efectiva de actos gravemente lesivos de la dignidad humana. Y de manera fraudulenta pretende convertirse en una especie de última instancia y apropiarse de las funciones inherentes al poder judicial. Ello representa una actuación contraria a la separación de poderes propia de nuestro Estado Constitucional. Y resulta difícil de concebir para la sociedad, al implicar la inmunidad injustificada de agentes que perpetran delitos en el ámbito de funciones estatales. Con semejantes decisiones se produce la quiebra de los principios de igualdad, justicia y seguridad jurídica que deben integrar nuestro sistema penal.
Por otro lado, Jueces para la Democracia quiere poner de manifiesto que el número creciente de indultos afecta cada vez más a cargos públicos y a policías, con lo que las medidas de gracia se están convirtiendo en un instrumento para que el poder se exculpe a si mismo. Y no podemos olvidar las numerosas dificultades que surgen en la investigación de estos procedimientos, lo cual contrasta con la circunstancia de, que cuando se producen condenas, acaben quedando en papel mojado por la aplicación de dichas medidas de gracia. A ello debe añadirse la insuficiente investigación de las denuncias por torturas en nuestro país, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, desde Jueces para la Democracia expresamos nuestra rotunda disconformidad con una utilización del indulto impropia de un sistema democrático y consideramos que con este tipo de medidas se está contribuyendo a la falta de credibilidad de nuestro Estado de Derecho. Asimismo, mostramos nuestra adhesión al manifiesto suscrito por cerca de 200 juezas y jueces que han expresado su disconformidad con el citado indulto.
