jueves. 28.03.2024

“De acuerdo con su solicitud, he informado a Su Majestad de las citadas preguntas parlamentarias, de cuyo contenido ha quedado enterado”. Este es la breve respuesta por escrito que Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, remitió el jueves pasado a los diputados de Izquierda Unida Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares. Ambos le enviaron el pasado 3 de mayo todas las preguntas parlamentarias que días antes habían dirigido al Gobierno a través de tres iniciativas y que fueron vetadas una semana antes por la Mesa del Congreso por decisión unánime de PP, PSOE y CiU. Las preguntas se referían a la cacería del rey en Botswana, al coste público que había tenido y a otros temas colaterales referidos a la Casa Real.

En la más que escueta carta de dos párrafos de la Casa Real, en la que no se responde a ninguna de las cuestiones planteadas ni se aclaran las razones de no hacerlo, Rafael Spottorno hace a los diputados Llamazares y Sixto un acuse de recibo de “su carta del pasado día 3, mediante la que me trasladan el contenido de determinadas preguntas parlamentarias”.

La Casa Real califica estas cuestiones como “referidas a actividades privadas de S.M. el Rey” y recuerda que “no han sido admitidas a trámite por la Mesa del Congreso al entender que no están sujetas al control parlamentario”.

Tanto Sixto como Llamazares coinciden en señalar que “lamentamos profundamente que la Casa Real vuelva a optar una vez más por el silencio a la hora de explicar un viaje y una situaciones en las que se evidenció que estaba muy interesada la sociedad cuando fueron conocidas casi por casualidad, ya que si el jefe del Estado no hubiera sido trasladado con urgencia a España para una operación nada de ello se hubiera sabido”.

Los dos parlamentarios de IU constatan que “la pretendida transparencia de la que quiso hacer gala el entorno del rey en diciembre del año pasado, cuando dieron información referida a cómo se administra parte del dinero público destinado ala Casa Real, se ve que apenas ha durado unos meses. Ello va en perjuicio de la credibilidad de esta importante institución del Estado, seriamente cuestionada ya en los últimos meses por asuntos distintos a éste por todos conocidos”.

PP, PSOE y CiU impidieron en abril por unanimidad que se tramitaran estas preguntas dirigidas al Gobierno alegando para ello tres artículos de la Constitución Española: el 56.3, el 65 y el 66. En concreto, el primero de ellos indica que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. El artículo 65 se utilizó para justificar el rechazo a las preguntas referidas al coste económico de la cacería en Botswana, a qué partidas se cargó y a qué otras personas, además del rey, se les pagó su presencia en este país africano, entre otras cuestiones. La Constitución señala en el mismo que “el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”.

En concreto, las preguntas parlamentarias de los diputados Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares dirigidas al Gobierno que fueron vetadas por la Mesa del Congreso y que luego dirigieron por carta a la Casa Real y ésta no ha querido responder son las siguientes:

En relación con la cacería en Botswana:

1) ¿Cuál es la valoración en relación con las repercusiones siguientes del viaje en materia de:

a) oportunidad política

b) necesaria prudencia que debería observar un Jefe de Estado

c) riesgo para la integridad física del Rey

d) coste del viaje en la actual situación de crisis económica

e) impacto en la sensibilidad de la opinión pública

f) impacto en la sensibilidad de la opinión pública contraria a la caza de animales pacíficos como los elefantes, que ya son víctimas de quienes comercian con sus colmillos de marfil

2) ¿Cuál ha sido el coste total del viaje del Rey, desglosado en todos sus apartados, especialmente en los siguientes:

a) billetes de viaje de ida y de vuelta

b) estancia (hotel)

c) participación en la cacería

d) personal de la Casa Real, personal de seguridad, personal médico

3) ¿Contaron esos gastos con financiación pública a cargo del Presupuesto del Estado, privada o esponsorizada? ¿Quién o quiénes pagaron? ¿Quién o quiénes patrocinaron la cacería?

4) ¿Realizó el Rey algún tipo de gestión para favorecer los negocios de los patrocinadores de la cacería?

En relación con Dª Corinna Larsen:

1) ¿Quién ha nombrado a doña Corinna ‘Representante de su Majestad el Rey Juan Carlos de España’?

2) ¿Quién la nombró ‘Consejera Estratégica’ de la Delegación oficial española conducida por el Rey, que fue recibida en abril de 2006 en Riad por el príncipe Al-Waleed de Arabia Saudí?

3) ¿Qué gestiones ha realizado doña Corinna en nombre del monarca o en el seno de alguna delegación oficial española?

4) ¿Qué papel ha jugado doña Corinna en estos últimos años, y a título de qué, en relación con las inversiones españolas en Arabia Saudí y recíprocamente?

Los diputados de Izquierda Unida acababan su carta solicitando respuesta a estas cuestiones “en aras de la transparencia institucional a la que se ha comprometido la Corona”.

El Rey no contesta a las preguntas de IU sobre su cacería en África