Las Secciones Sindicales de CCOO, CGT y UGT del Ente Público Radio Televisión Madrid, convocan este lunes, 22 de diciembre, a las 11,30 horas, una concentración ante los Juzgados de la Plaza de Castilla, con motivo de la testificación ante el juez en calidad de “sospechosos” de tres directores generales de Telemadrid, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
En la acusación de la AGTPM se pone de manifiesto la existencia de informes internos de Caja Madrid y de la propia Telemadrid que desaconsejaban la firma de estos contratos
Los directivos citados a declarar en el juzgado número 36 son Manuel Soriano e Isabel Linares, exdirectores generales del EPRTVM durante el gobierno de Esperanza Aguirre, y Ángel Martín Vizcaíno, subdirector general desde 2004, actual director general y hombre de confianza durante muchos años del ahora presidente regional Ignacio González.
Esta actuación judicial es fruto de la querella interpuesta por los extrabajadores de Telemadrid despedidos en el ERE agrupados en la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña, AGTPM, que les acusa también de otro delito de administración desleal.
La AGTPM pide responsabilidades penales por la gestión de estos directivos con el contrato suscrito entre Telemadrid y Caja Madrid para la compra de los derechos televisivos del Atlético de Madrid y el Getafe por valor de 300 millones de euros, y presuntas irregularidades en otros contratos de derechos de publicidad con el Atlético de Madrid por valor de 24 millones de euros que nunca se ejecutaron.
En la acusación de la AGTPM se pone de manifiesto la existencia de informes internos de Caja Madrid y de la propia Telemadrid que desaconsejaban la firma de estos contratos. A pesar de eso la operación salió adelante en los Consejo de Administración de la Caja y del EPRTVM con el apoyo decidido del PP y el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Al final el negocio del fútbol fue una auténtica ruina para la radio televisión pública madrileña y los trabajadores terminaron sufriendo un ERE ilegal por “razones económicas” que supuso 861 despidos.
