Lo reconocen los propios militares: el modelo de adquisición de armamento que lleva en uso desde los años 90 llega a su fin. Se acaba no porque tengan mejores ideas o porque hayan perfeccionado otro más idóneo; ninguna de las dos posibilidades ocurre. Se acaba porque les ha llevado a la ruina y sólo tras arruinar al Ministerio de Defensa (y a la sociedad española que es la que paga impuestos por ende) reconocen abiertamente que se basaba en un sistema de compra de armas (véanse sus características en el artículo “La burbuja financiera militar”) ineficiente, mezquino e irracional, en el que el Ministerio está exento de responsabilidad.
En otros países hay revisiones críticas de la política de adquisición de armamento. En Reino Unido el Informe Gray o incluso el informe externo NAO, en EE.UU. las auditorías frecuentes realizadas por la GAO. En Francia, Alemania y USA hay comités parlamentarios destinados específicamente al control de la compra de armas. En España, ¿alguien conoce alguna iniciativa similar? No. Esta situación únicamente se ha podido mantener durante dos décadas gracias a la habitual falta de transparencia, a la ausencia casi completa de control político y mediático, y a la inexistencia de alternativas en los partidos en los temas militares. Aquí ni los militares ni el Ministerio son responsabilizados de las políticas que han acometido con total impunidad. El resultado es patente: el crack de las finanzas militares.
El actual desastre de la política de defensa española es, en boca de los principales expertos del Ministerio de Defensa y del propio ex-Secretario de Estado de Defensa hasta hace bien poco, insostenible desde todo punto de vista. En el reciente documento “Propuestas para una estrategia Industrial de defensa”, publicado por la Secretaría de Estado de Defensa el pasado noviembre, con el que pretenden abordar las nuevas estrategias industriales del que debiera ser Complejo militar-industrial español, se señala al respecto que “una respuesta maximalista desde la óptica de la política de armamento y material es inviable... de lo contrario la nueva amenaza que se cierne sobre el horizonte de nuestras políticas de defensa será el de la insostenibilidad del conjunto del sistema de adquisiciones y un riesgo real frente al que hay que reaccionar.” Lo mismo afirma el principal ideólogo de las propuestas de cambio de modelo, el Teniente Coronel Carlos Calvo González-Regeral, de la D.G. de Armamentos y Material en diversos estudios hechos al respecto.
Junto con ello, una deuda y un desastre también inasumible para una sociedad que se encuentra apaleada por malas políticas y restricciones de derechos sacrificados en el altar de la viabilidad y la eficiencia capitalista. ¿Cómo en esas circunstancias, tragar un gasto militar inabordable y que priva de derechos a verdaderas necesidades sociales? ¿Cómo hacer asumibe para la sociedad, en el supuesto de que ésta supiera lo que se cuece, que además de tener que sufragar una deuda impagable, deberá proveer con impuestos abusivos un sostenido aumento de la inversión en armas para la próxima década y un nuevo ciclo de renovación de armamentos? ¿Cómo convencer a los miles de parados y de movilizados del 15M que deben además sostener una industria militar ineficiente, parasitaria, inmoral, exportadora de conflictos y subvencionada totalmente?
Las cortinas de humo para no asumir las responsabilidades de la quiebra y convertir la producción de armas en un mero asunto técnico.
A pesar de que en sus análisis, más o menos internos y sin casi publicidad, los “expertos” militares del Ministerio de Defensa reconocen la gravedad de la situación y la falta de ideas para sobreponerse, nos ofrecen dos señuelos en forma de debates:
● la estructura del Ministerio en cuanto a las compras de nuevas armas. Son muchos los criterios que se barajan como necesarios para este departamento: responsabilidad, profesionalización, enfoque interdisciplinar e integral, estabilidad. A partir de ahí, tres las opciones que se nos ofrecen:
- Seguir con el actual modelo español, en el que el Ministerio de Defensa conserva la dirección y el control, pero conservando los Ejércitos un determinado nivel de autonomía en la ejecución de las adquisiciones y la responsabilidad completa sobre el apoyo logístico.
- Un modelo totalmente centralizado, como el sistema francés, en la que los ejércitos no tienen prácticamente competencias en adquisiciones y estas se asignan a una organización única y centralizada con amplios poderes
- El modelo de agencia, en el que un organismo, con una relación jurídica determinada con el Ministerio de Defensa, se encarga de proporcionar los medios que necesitan las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus misiones. En este modelo se encuentran variantes en función de si la agencia tiene estatuto público independiente (Suecia) o no (Alemania).
Parece que los expertos miliares tienden a optar por el tercer modelo, el de la agencia, para que sea ella quien organice las compras. Pero ¿Qué buscan con ello? Nada que tenga que ver con el grueso del problema que es solucionar la deuda militar. Pero sí algo que aunque colateral, no deja de tener relevancia: que la responsabilidad que hasta ahora han eludido los militares y el Ministerio se le pueda solicitar a alguien diferente y ajeno: la agencia. Sin embargo, también aquí hay trampa. Definen esta agencia como un ente puramente técnico al que sólo se le pueden pedir responsabilidades técnicas y nunca éticas o políticas. Estas se quedan sin responsable. Es decir, limitan las responsabilidades que se le podrían solicitar a la agencia y eluden, nuevamente las responsabilidades tanto militares como miembros políticos del Ministerio en una impagable e innecesaria deuda militar.
● El debate sobre la soberanía nacional en la producción y adquisición de armas. Este es otro gran debate que se viene suscitando cíclicamente desde comienzos de la democracia. El argumentario dice así: al ser la industria del armamento de interés nacional para la defensa de todo nuestro Estado y sus valores, es necesario que consigamos una independencia en las decisiones de qué armas fabricamos, cuándo y en qué cantidad. El argumento que aducen es único (vamos, que no tienen otro): la defensa es la base de todo. Y, por lo tanto para los militares, a la defensa se le debe permitir y conceder todo. Sin embargo, ¿Nos han llevado las políticas de producción de armamentos y de venta de armas a una mayor independencia nacional, aunque sólo sea en estos temas? La respuesta es negativa, y así lo reconocen los militares. Es imposible que logremos un status de suficiencia como el de USA, o incluso que logremos un cierto nivel de independencia como Reino Unido o Francia. Nuestras economías, nuestra investigación y nuestra industria no dan para ello. Es éste, por tanto, un segundo señuelo con el que mantener entretenida a la opinión para que no se fijen en el verdadero problema, el crack militar.
El crack militar
Los puntos neurálgicos son el desastroso modelo de adquisiciones con previo pago y subvención total de las industrias militares, la no asunción de responsabilidades de los militares y políticos que han llevado al Ministerio a la ruina y el crack de la deuda militar por inversiones en grandes programas de armamentos. Dicha deuda es impagable porque su volumen supera en 5 veces el propio presupuesto del Ministerio de Defensa (unos 7.000 millones de euros al año) y en una cantidad infinita la partida anual destinada a adquisición de armamentos (unos 1.000 millones al año). Sólo para pagar lo que actualmente ha acumulado el Ministerio de Defensa harían falta más de 30 años de crecimiento sostenido del gasto militar en las partidas destinadas a amortización de deuda. Pero si le sumamos que se siguen contratando nuevas adquisiciones y desarrollando nuevas inversiones, sin que nadie diga basta porque en lo militar a nadie se le exigen responsabilidades, el número de años necesario para ponerse al día superaría los 50. Ello, en el contexto de austeridad que nos hemos dado, resulta contrario a la lógica de saneamiento de las finanzas públicas y no vemos qué razón especial debería someter el gasto militar a un trato distinto del resto del gasto público.
¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que, como en otras economías, el gasto militar ha hecho crack y resulta cuestionable no en su cuantía, sino en su propia concepción. Resulta asombroso y turbador comprobar cómo, en una situación como ésta, que llevaría a repensar las políticas de gasto militar con asunción real de responsabilidades tanto por parte de políticos como de militares causantes del desaguisado, lo que se plantee desde las estructuras del militarismo sea una de cortina de humo que persigue no tanto resolver la deuda generada, cuestionar el propio gasto militar y su sentido y reordenar la estructura, como asegurar la pervivencia de un mecanismo que garantice al ejército un nivel de inversión y de gasto alto y la creación (más bien el refuerzo) de un “complejo militar industrial” a la medida de la voracidad militar. En los países a los que España imita han trabajado duramente en establecer lo que llaman una relación estratégica con la industria armamentística. Ello sobre la base de tres parámetros:
- El reparto de riesgo con las empresas
- La plena implicación de las industrias con los objetivos de la defensa
- El apoyo a la industria nacional para el apoyo a la exportación de armamento y material.
Mantener e incrementar el gasto militar sin control.
Para ello todos los documentos manejados por los estrategas militares parten de la idea inamovible de que ha de mantenerse y no congelarse el nivel de inversión en armamentos, que debe fortalecerse y contar con el nivel de engrase y subvención suficiente la industria militar española. Se propone, de forma que atenta contra toda la lógica, como solución a la deuda militar endosar ésta a otros departamentos (por ejemplo perdonando 14.000 millones de subvenciones “reembolsables” que el Ministerio de Industria otorgó a interés cero a las industrias militares como anticipo para la fabricación de armas a cambio de aminorar la deuda en la cuenta de resultados del Ministerio de Defensa) o generar impuestos suplementarios para satisfacer los compromisos adquiridos. No se plantean congelar los programas y cancelarlos, ni obligar a la quita de dicha deuda o a la condonación.
Los documentos ministeriales proponen crear una agencia de adquisiciones que permita consolidar lo que llaman “ventaja operativa” y “autonomía de acción” a las fuerzas armadas, lo cual tiene como consecuencia enfocar nuestra política de defensa hacia la injerencia militarista en el exterior y no a la estricta defensa. ¿Quieren los españoles tener un ejército agresivo de estas características? Además, esto solo es posible si se consigue que este entramado, que deberá ofrecer al Ministerio de Defensa los ingenios armamentísticos que pide, logre vender de forma exponencial sus productos y hacer de la venta de armas y la “internacionalización” del sector sus palancas de crecimiento.
Proteger los intereses militares
Todo el debate que el Ministerio de Defensa ha lanzado tiene como función fundamental proteger sus propios intereses y, como en tantas ocasiones, convencer a una clase política inculta en temas de defensa y carente de criterios de que es necesario gastar más en defensa. Ello es posible porque en nuestro sistema político los temas de defensa son los grandes ausentes. Se intentó desde la transición no alterar los equilibrios ni molestar a los espadones y por lo que parece se ha sobreactuado en exceso, generando una ausencia de política en las materias de defensa, cuyas principales características son:
1. la opacidad de las políticas que se desarrollan, amparadas por el secreto militar,
2. la ausencia de debate social y político sobre los grandes ejes de dicha política
3. la falta de conocimiento de las materias por parte de la clase política y la delegación absoluta en expertos militares que persiguen intereses propios
4. la falta de seguimiento profundo tanto en lo periodístico, académico, social y político de los temas relacionados con la defensa,
5. la muy pobre política de control parlamentario a las políticas de defensa
6. la interesada desinformación de la sociedad y la falta de verdadera democracia en materia de defensa y, en suma, la delegación de la soberanía a un complejo burocrático militar que sirve a sus intereses propios y corporativos por encima de los intereses sociales.
Este estado de cosas sorprende la falta de propuestas y alternativas por parte de la izquierda que, en esta materia, no cuenta con una estrategia concreta ni con un modelo de izquierdas y no se ha caracterizado por tanto ni por actuar de forma constante y coherente en el control político de la Defensa en el Parlamento, salvo casos noticiables. Nada ha propuesto, por ejemplo, que la política de defensa y los documentos de su planeamiento se aprueben en sede parlamentaria y dejen de ser confidenciales o secretos, o que se reduzca el gasto militar y se enfoque desde otros parámetros la deuda impagable que el militarismo ha generado, o la desmilitarización de la seguridad y la defensa; ni promover el empoderamiento de la sociedad y el debate social en torno a lo que a la sociedad le interesa defender, ni en construir con la gente un modelo de defensa alternativo al que nos ofrece hoy el partido tácito del militarismo.
Con todo ello hemos perdido en democracia, ha crecido la militarización social y ha salido perdiendo la sociedad en su conjunto, aunque aún estamos a tiempo de revertir este círculo vicioso. A escasos días de que un nuevo ministro de defensa nos diga lo de siempre, sería deseable que la izquierda abogara por la democratización de los temas de defensa y por la reducción de la inversión militar en armamentos agresivos y que nos empobrecen. Pero ¿sabrá asumir el reto y tendrá ideas para ello?
Juan Carlos Rois y José Ambrona Cárdaba | Colectivo Utopía Contagiosa
