jueves. 18.04.2024
DESDE OCCIDENTE

Amnistía Internacional denuncia la "ingente" cantidad de armas enviada desde Occidente a países árabes

el Gobierno español vendió armas a Egipto y Libia que podrían haber sido utilizadas en la represión de las manifestaciones pacíficas derivadas de la 'primavera árabe'.

La ONG Amnistía Internacional ha analizado en un nuevo informe la afluencia de armas desde países occidentales a Oriente Próximo y el Norte de África y ha concluido que se había suministrado una cantidad "ingente" hasta el inicio de la 'Primavera Árabe', lo que pone de manifiesto el "pésimo funcionamiento" de los controles de exportación vigentes.

En un informe titulado 'Arms Transfers To The Middle East And North Africa: Lessons For An Effective Arms Trade Treaty', la organización realiza un repaso a los cambios de la política internacional sobre regímenes ahora repudiados. De esta forma, los gobiernos "que ahora manifiestan su solidaridad" con las poblaciones de Oriente Próximo y el Norte de África son, según la ONG, "los mismos que hasta hace muy poco suministraron las armas, municiones y otro material policial y militar que luego se utilizaron para matar, herir y detener arbitrariamente a miles de manifestantes pacíficos en Estados como Túnez y Egipto, y que incluso ahora están empleando las fuerzas de seguridad de Siria y Yemen".

Amnistía señala a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, Francia, Italia, República Checa, Reino Unido y Rusia como los principales exportadores de armas a los cinco países analizados en el informe: Egipto, Túnez, Siria, Yemen y Bahréin.

La principal investigadora de Amnistía Internacional sobre el comercio de armas para la elaboración de este informe, Helen Hughes, ha advertido de que las conclusiones del documento "ponen de relieve el pésimo funcionamiento de los controles de exportación de armamento vigentes", al tiempo que "subrayan la necesidad de adoptar un tratado efectivo sobre el comercio de armas que tenga plenamente en cuenta la necesidad de respetar y defender los Derechos Humanos".

"Lo que el mundo necesita es una evaluación rigurosa de cada transferencia de armas propuesta, para que el gobierno pueda poner la luz roja cuando exista un peligro considerable de que esas armas se utilicen para cometer o facilitar la comisión de violaciones graves de derechos humanos", ha considerado Hughes.

Así, la investigadora ha lamentado que "los embargos de armas solo suelen adoptarse en los casos de crisis de Derechos Humanos en los que ya es demasiado tarde", por lo que ha instado a los principales proveedores a "abandonar su imprudente enfoque de actuar como siempre" que, a la luz de las revueltas árabes, contribuye "innecesariamente" a "destrozar vidas y a socavar la seguridad mundial".

PAÍS POR PAÍS

En el caso de Yemen, al menos diez países han suministrado armas o permitido las exportaciones de armamento, munición y material relacionado. Pese a que han muerto unos 200 manifestantes desde principios de año, la comunidad internacional no ha adoptado medidas que impidan la llegada a Yemen de ese tipo de material.

Sobre Siria, Amnistía Internacional reconoce que es difícil obtener datos, básicamente porque los gobiernos no suelen facilitar datos oficiales sobre sus transacciones. Sin embargo, para la ONG sí está claro que el principal proveedor es Rusia, que tiene en Siria el mercado para el 10 por ciento de sus exportaciones de armamento. Además, India autorizó el suministro de vehículos blindados al régimen de Bashar al Assad, mientras que Francia le vendió munición entre 2005 y 2009.

La organización revisa también el caso de Libia y concluye que diez gobiernos, entre ellos varios europeos como España, Alemania, Bélgica, Francia, Italia o Reino Unido, han concedido licencias de suministro de armas, munición y equipos al Gobierno del depuesto Muamar Gadafi desde el año 2005.

Durante el conflicto desatado en Libia el pasado mes de febrero, "las fuerzas de Gadafi han cometido crímenes de guerra y abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad", ha denunciado Amnistía, que cita como ejemplo de la contribución extranjera el hallazgo en Misrata de submunición de racimo y proyectiles de mortero MAT-120 de fabricación española --autorizados para su venta en 2007--.

Este material está prohibido por la Convención sobre Municiones en Racimo, firmada por España menos de un año después de que estas submuniciones llegasen a manos del régimen de Gadafi.

No obstante, gran parte del armamento pesado detectado por Amnistía Internacional en Libia procedería de la desaparecida Unión Soviética, especialmente los cohetes Grad, que han sido "ampliamente" utilizados por las dos partes en conflicto.

A Egipto han llegado armas pequeñas, munición, gas lacrimógeno y material antidisturbio, entre otros, procedentes de unos 20 países, entre los que destacan Austria, Bélgica, Bulgaria Italia y Suiza. Si bien, el principal proveedor ha sido Estados Unidos, con un suministro anual de 1.300 millones de dólares.

VENTA DE ARMAMENTO ESPAÑOL

En referencia a España, Amnistía Internacional señala que en los últimos cinco años nuestro país ha realizado exportaciones de armas "de las que hay pruebas que existe un riesgo considerable de que han podido ser utilizadas en graves violaciones de los Derechos Humanos en Egipto y Libia".

Entre 2005 y 2010, España vendió a Egipto armas por valor de 2,9 millones de euros, que podrían haber sido utilizadas en la represión de las manifestaciones contra el régimen de Hosni Mubarak. En concreto, documenta la entrega de vehículos blindados por 1,9 millones de euros, municiones por 609.794 euros, armas ligeras por 208.671 euros y armas de ánima lisa de calibre superior a 20 milímetros por 136.734 euros.

En el caso de Libia, las importaciones de armamento español se concentran entre los años 2006 y 2008 y ascienden a 3,8 millones de euros. Casi en su totalidad, corresponden a bombas, cohetes y misiles, así como a submuniciones de racimo y proyectiles de mortero MAT-120, utilizados por las fuerzas 'gadafistas' en el ataque a Misrata.

Según Amnistía Internacional, "esta situación pone en evidencia el incumplimiento durante años de la ley de armas por parte del Gobierno español, lo cual ha podido tener consecuencias para la población civil de los países receptores". En este sentido apunta que, pese a que desde el inicio de las protestas el Gobierno español ha adoptado medidas de revisión y/o interrupción de las licencias de exportación hacia estos países, estas "han llegado demasiado tarde".

En consecuencia, la ONG pide a España que lleve a cabo una revisión completa de las transferencias y exportaciones de armamento a la región. "Tanto de las licencias ya autorizadas como de las que se encuentren en proceso de autorización", matiza.

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