domingo. 03.03.2024

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha anunciado que, una vez transcurrido el plazo de año y medio que otorgará el Gobierno para regularizar de forma voluntaria el empleo sumergido, las sanciones se incrementarán "significativamente".

Tras el Consejo de Ministros, Gómez indicó que tras este 'periodo de gracia' (desde junio de 2011 a diciembre de 2012), donde el Gobierno otorgará "incentivos" para que las empresas y trabajadores regularicen prácticas fraudulentas, las sanciones se endurecerán en la mayoría de los casos.

"De lo que se trata es de abrir un periodo donde sea posible regularizar voluntariamente la situación (de empleo irregular) y que el Estado ayude a ello. Después de ese periodo, algunos comportamientos tienen que ser sancionados de una forma más intensa", añadió Gómez, que negó que se trate de una especie de 'amnistía' para que los incumplidores regularicen su situación a cambio de evitar sanciones.

"Más control y más sanciones de aquellos que incumplen", reiteró Gómez, tras recordar que actualmente ya existen multas para aquellos trabajadores que están percibiendo prestaciones por desempleo y, al mismo tiempo, trabajando de forma irregular. Así, apuntó que cada año se abren 250.000 expedientes a empleados por incumplir esta norma.

El titular de Trabajo precisó que los incentivos que adoptará el Gobierno para facilitar la regularización voluntaria están relacionados, entre otras cosas, con plazos para que las deudas acumuladas por las empresas puedan ser pagadas con mayores posibilidades.

Aunque admitió que ya existen aplazamientos en el pago de las deudas, señaló que el Gobierno puede "ayudar" a que duren más tiempo, así como aligerar las garantías que deben presentar las empresas para acogerse a dichos aplazamientos.

Se negociará con los agentes sociales

Gómez eludió entrar en más detalles, ya que la intención del Ejecutivo es trasladar el plan de empleo sumergido a patronal y sindicatos para negociar los detalles del mismo, si bien aclaró que su departamento ya lo tiene "muy avanzado", con una doble intencionalidad: mejorar la sostenibilidad de los sistemas de protección social y asegurar el trabajo decente.

Finalmente, indicó que es "difícil" calcular cuánto empleo sumergido puede aflorar, y volvió a insistir en que, según diversos estudios, la economía sumergida en España varía entre el 15% y el 25% del PIB, en línea con otros países del Centro o Norte de Europa.

"El trabajo no declarado es un fenómeno común en el conjunto de Europa", insistió Gómez, tras recordar que el objetivo de aflorar empleo sumergido es común en el conjunto de la UE, de ahí que se haya incluido en el 'Pacto del Euro'.

Los técnicos de Hacienda aplauden el plan

Por su parte, el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ve "necesario" el plan de empleo sumergido anunciado por el Gobierno, dado que en España 245.000 millones de euros escapan al control del fisco cada año.

Gestha valora el nuevo plan de lucha contra la economía sumergida, ya que afirma que las distintas bolsas de dinero negro suponen una "auténtica lacra" para las arcas públicas, pero también para el conjunto de la sociedad española.

"Esta medida es especialmente necesaria en un país como España, donde la tasa de fraude se sitúa en el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, lo que se traduce en unos 245.000 millones de euros anuales que escapan del control del Fisco", subraya.

En opinión de este colectivo, la aplicación de medidas adecuadas para atajar la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación en 38.500 millones de euros anuales, lo que a su vez contribuiría a recortar el déficit del conjunto de las administraciones en torno a un 40%.

Con el objetivo reducir la economía sumergida, los técnicos de Hacienda proponen actuar en cuatro frentes: mejorar la colaboración entre las distintas administraciones con la creación de una base de datos compartida; aumentar la responsabilidad de los técnicos en el control del fraude y la evasión fiscal a través creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda; cuantificar periódicamente la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales y, finalmente, garantizar el control parlamentario para fijar el objetivo de reducción del fraude.

En contra de las amnistías

Por otro lado, Gestha considera que la aplicación de amnistías fiscales para hacer aflorar la economía sumergida no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas.

A juicio de Gestha, ninguna de las amnistías aprobadas anteriormente, como las de 1984 y 1991, fueron realmente eficaces a la hora de evitar el fraude debido a que no se corrigieron los defectos de gestión que, a la larga, permiten que esta práctica siga produciéndose.

Además, indica que este tipo de actuaciones suponen un "agravio comparativo" hacia los asalariados y las rentas de trabajo que se encuentran bajo el control de la Agencia Tributaria, en lugar de concentrar sus investigaciones en los principales focos de economía sumergida, como las operaciones de compraventa inmobiliaria de carácter especulativo o aquellos profesionales liberales que trabajan por su cuenta y que, en ocasiones, no emiten facturas por sus honorarios completos.

Valeriano Gómez niega una amnistía para el empleo sumergido