Desde que el Congreso y la Junta Electoral Central autorizaron el inicio de la recogida de firmas de apoyo a nuestra Iniciativa Legislativa Popular, contra la Reforma Laboral del Gobierno, aprobada por el Parlamento, no han pasado más de dos meses y ya hemos recogido más de 1.000.000 de firmas.
Firma a firma, explicitando domicilio y DNI, en calles, centros de trabajo, manifestaciones, locales. Más de un millón de personas decididas a no permitir el atropello de una Reforma Laboral que facilita y abarata el despido. Que incita al empresario a despedir para mejorar cuentas de resultados, en lugar de buscar otras alternativas de supervivencia de una empresa como flexibilizar la jornada laboral, mejorar los sistemas de producción y distribución, invertir en innovación e investigación.
Sin embargo, cuando la cúpula empresarial de CEOE, en manos entonces de aquel Gerardo Díaz Ferrán, que destrozó Air Comet, o Viajes Marsans, decidió dar portazo a la negociación, el Gobierno Zapatero decidió aprobar una Reforma Laboral que abarataba y facilitaba el despido.
Una reforma que no ha creado ni un solo empleo. Una reforma que ha enseñado a una patronal insensata el camino del chantaje al Gobierno para imponer ajustes y recortes laborales, en lugar de afrontar una reforma de un empresariado acostumbrado a altos beneficios con muy escasa inversión y un riesgo muy escaso.
Un camino que han vuelto a recorrer en el caso de la Reforma de la Negociación Colectiva, forzando al Gobierno a transigir de nuevo en un trágala, que ha concluido con un decretazo claudicante del gobierno.
El problema es que tanto va el cántaro a la fuente que termina por romperse. El marco de diálogo social bilateral (empresarios-sindicatos) y trilaterales (empresarios, sindicatos y gobiernos) se encuentra en serio peligro. Idea acariciada por una parte de la derecha política y económica, como Esperanza Aguirre, o Arturo Fernández, que entienden el diálogo como la compra de voluntades, a cambio de la aceptación incondicional de sus presupuestos ideológicos y prácticas clientelares.
El descrédito sistemático de las organizaciones sindicales ha preparado el camino para dinamitar el diálogo social. Hay que estudiar casos como el conflicto vivido en METRO de Madrid, donde se fijan servicios mínimos abusivos de forma intencionada, para desacreditar a los trabajadores, sabiendo que las sentencias que ahora anulan esos servicios mínimos, no tendrán repercusión política, ni civil, ni penal alguna.
El diálogo social se encuentra en serio riesgo, y la confianza en las instituciones se debilita. Así las cosas, un millón de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, han firmado contra la Reforma Laboral impuesta. Ahora el Parlamento debe someter a examen esa reforma, revisarla a la luz de las propuestas sindicales.
Si no lo hicieran, si no dieran la cara, si no eliminasen el despido fácil y barato del horizonte laboral de las empresas. Si dieran un portazo en las narices a los trabajadores, el malestar laboral y social crecerá, y la confianza en la política y las instituciones darán un nuevo paso atrás.
El futuro de este país será, sin duda, más negro y el Estado será menos social, menos democrático y con menos derecho.
Seremos menos país y más barbarie. No creo que las cosas estén como para jugar con fuego, cuando la gasolina de la crisis lo ha impregnado todo, de arriba abajo.
Hoy hemos presentado 1.000.000 de firmas, para hacer reversible la Reforma Laboral, para dar marcha atrás en sus contenidos más lesivos para los trabajadores. Ellos tienen la palabra. Su silencio será su culpa y su condena.
