La UGT ha denunciado que los convenios especiales de asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales suponen "una violación de derechos básicos" y reflejan el "afán recaudatorio" del Gobierno.
Según la organización, "pone en riesgo la salud de la personas" y condena a la desatención a miles de personas
El sindicato ha explicado que la medida supone una dejación de funciones por parte de las administraciones puesto que, según la organización, "pone en riesgo la salud de la personas" y condena a la desatención a miles de personas.
La plataforma ha hecho un llamamiento a favor del derecho a la protección de la salud, individual y colectiva, como un mandato constitucional que, según UGT, debe ser tutelado por los poderes públicos.
El sindicato se ha referido al artículo 43 de la Constitución Española y a la sentencia del Tribunal Constitucional 95/2000, de 10 de abril, para recordar la responsabilidad del Gobierno en la provisión de asistencia sanitaria a los extranjeros.
También ha criticado la actitud por parte de algunos miembros del Gobierno, que han sugerido que los inmigrantes en situación irregular vuelvan a sus países de origen.