#TEMP
domingo 22/5/22

El sistema eléctrico: No hay salida desde el solo mercado

Por Antonio Mora Plaza | Ha sido un ridículo espantoso por parte del gobierno del PP y de su ministro Soria la intervención del mismo para eliminar los efectos de la subasta CESUR.

soriaia

Ha sido un ridículo espantoso por parte del gobierno del PP y de su ministro Soria la intervención del mismo para eliminar los efectos de la subasta CESUR para la fijación de los precios de la energía el decreto de una subida del 2,3% para este primer trimestre del año. Ridículo en todos los sentidos: ridículo porque los mismos que defienden de cara a sus electores las supuestas bondades del mercado para todo –en este caso para la fijación de precios-, intervienen para evitar sus consecuencias electorales; ridículo porque defender las bondades del mercado cuando este no es competitivo como mecanismo optimizador demuestra una ignorancia supina del análisis económico; ridículo porque el ministro tilda el sistema de subasta de manipulado por las empresas oferentes y comercializadoras y luego la CNMC dice que tal cosa no ha ocurrido y el Sr. Soria se queda tan pancho; ridículo porque el ministro y el Gobierno no han sido capaces de decir una palabra de cómo se cambiará el método de la subasta para que subidas tan disparatadas no ocurran si nada en el fondo va a cambiar, ni en los mecanismo ni en los actores (empresas de energía, comercializadoras, fondos de inversión y bancos que hay detrás, tanto desde los oferentes como los demandantes). El problema se va a repetir dentro de 3 meses porque no parece que este Gobierno fariseo que defiende con palabras –las pocas veces que habla- lo que niega con los hechos. Sin embargo no podemos quedarnos con estos hechos que si no fuera por lo dramático que resultan para las familias e individuos con poco recursos se podría calificar casi de anécdota.

Si las empresas estuvieran nacionalizadas y se convirtieran en una sola pero con distintos métodos de producción de energía eléctrica, algunos –no todos– de los problemas se resolverían

Pero hay algo más profundo que todo esto, con ser todo eso importante. Hay al menos estas preguntas: 1) ¿Es posible en las condiciones oligopólicas de la oferta de la energía en España –y en cualquier lugar del mundo- un método de fijación de precios que dé lugar a algún óptimo en la asignación de las diferentes fuentes de energía?; 2) ¿Se debe pagar con impuestos el déficit tarifario o trasladarse a los precios sea cual sean las rentas de los consumidores?; 3) ¿Qué se ha hecho con el sector desde tiempos inmemoriales y actuales para que seamos el tercer país más caro de Europa?; 4) ¿Es capaz el sólo mercado dar respuestas satisfactorias a las necesidades energéticas del país con eficiencia? Parece claro que la pregunta 2 ha de responderse desde la ideología porque nada hay en el análisis económico que dicte sentencia al respecto, por más que algunos neoliberales de cátedra digan lo contrario. La respuesta a la pregunta 3 es histórica y política a la vez, por lo que no entraré en el tema, al menos directamente. Por lo tanto tenemos dos preguntas claramente económicas que el análisis económico –aunque sea el marginalista- algo tiene que decir. Lo curioso es que este tipo de análisis es inútil para analizar el devenir económico porque sus hipótesis están alejadas de la realidad tanto como Aquiles de la tortuga en la paradoja de Zenón de Elea, y sin embargo, como instrumento de planificación y análisis de lo normativo tiene su potencialidad, tal como demostró Oskar Lange en su teoría económica del socialismo. Ahora bien, aunque el marginalismo algo puede decir, también muestra sus limitaciones. Todo parte desde Walras y Pareto y llega a los dos teoremas del Estado de Bienestar. En efecto, puede demostrarse formalmente que bajo condiciones de competencia en todos los mercados presentes y futuros, un mecanismo de asignación de recursos que actúe con criterios walrasianos de fijación de precios da lugar a una asignación eficiente de recursos, tanto por el lado de los consumidores como de los productores, de demandantes como de oferentes. Se entiende eficiente porque no puede aumentarse la producción de un bien o servicio sin disminuir la de otro; y se entiende que en una empresa o método de producción produce de forma óptima cuando el nivel de producción está en el punto más bajo de sus costes medios (suponemos que a corto plazo existe siempre ese punto, lo cual es compatible con rendimientos siempre crecientes a largo plazo). Eficiencia y optimicidad no tienen porqué coincidir ni darse al mismo tiempo en el sector que nos ocupa por sus propias características. Pero hay que añadir inmediatamente que una economía ideal de este tipo que ahora matizaré, es perfectamente compatible con la mayor de las distribuciones desigualitarias de la renta y la riqueza (medido, por ejemplo, con índices de Gini). Esta economía ideal que permitiría al menos asignaciones eficientes nada tiene que ver con la realidad. En efecto, la economía real no cumple con otros requisitos como son los de la ausencia de rendimientos crecientes, ausencia de efectos externos, ausencia de bienes públicos, información suficiente, competencia en todos los mercados, etc. Quedémonos al menos con las posibles asignaciones eficientes para algún sector. ¿Son posibles éstas para el sector energético español o de cualquier parte del mundo? ¿Es el mecanismo de subastas un sistema para ello? Desde luego el mecanismo CESUR no lo es. El mecanismo de fijación de precios ideal, aunque sea en un sector –o como lo llaman los neoliberales de cátedra, en algún mercado– sólo tendría alguna bondad si se cumplieran los siguientes requisitos: 1) ninguno de los actores –oferentes y demandantes- deberían tener poder para influir por sí mismos en el precio; 2) han de compararse ofertas con demandas, cantidades ofrecidas y demandadas a cada precio voceado por un supuesto subastador neutral; 3) sin hacer ninguna transacción, los precios se suben –ante un exceso de demanda– o se bajan –ante un exceso de oferta– hasta que cantidades ofrecidas y demandadas se igualan al precio cantado; en ese momento se hacen las transacciones. Pues bien, nada de esto ocurre en el sistema de subasta CESUR: 1) el mercado no es competitivo puesto que los oferentes –las empresas de energía, principalmente eléctricas- son un oligopolio; 2) el precio ha de ser tal que compense el coste medio más alto de todos los oferentes; 3) el precio para 3 meses depende de la subasta de un día, con lo cual todo está sujeto a posibles incrementos o decrementos inesperados de producción de un día determinado por parte de eólicas o de energía solar, por ejemplo; 4) parte de los actores son juez y parte, oferentes y demandantes del sistema al mismo tiempo, aunque camuflados con formas jurídicas diferentes, lo cual es tramposo y ridículo, y es donde se encuentra la verdadera falta de competencia y no en el método de la subasta (que también es ridículo como hemos visto).

Pero aún hay más. El análisis marginalista nos dice que para asignar eficientemente los recursos a la hora de obtener un producto –en este caso la energía eléctrica medida en megawatios/hora– han de tenerse en cuenta los costes marginales y no los costes medios. Estos últimos pueden servir para dar o no beneficios y para producir o no con optimicidad si se hace en el punto de menor coste medio, pero desde el punto de vista de la asignación eficiente de los intereses del país lo que importa son los costes marginales y no las cuentas de resultados de las distintas empresas energéticas. Y aquí se producen algunos problemas: el más importante es que en el sector energético existen distintas empresas con distintos e inevitables costes medios y distintos costes marginales. La razón de ello es que existen varias formas de producir electricidad (hídrica, nuclear, ciclo combinado, solar, eólica, petróleo, a partir del carbón, etc.) y porque las pocas empresas productoras (ENDESA, IBERDROLA, GASNATURAL FENOSA, E-ON, HC) no abarcan todo el territorio nacional ninguna de ellas. El primer problema es que, fijado por subasta o por decreto-ley, el precio ha de cubrir el coste medio de la empresa y/o del sistema de coste más alto, con lo cual se producen ganancias indeseadas desde el punto de vista de los intereses del país y no se estimula la reasignación de la producción entre sistemas de acuerdo con los costes marginales de cada empresa y/o de cada sistema. Me explicaré auque sea reiterativo. Si una empresa que compite con otra con métodos diferentes mantienen costes medios y marginales diferentes en la producción de un mismo producto (en este caso electricidad, producto homogéneo), sería bueno que, si una de ellas utiliza los recursos a un nivel tal que los costes marginales son más altos que los de la otra, se traspasaran recursos o dejaran de utilizarse recursos de un sistema (pongamos por caso el carbón) para permitir que la de costes marginales más bajos (pongamos, ciclo combinado) aumentara la producción y disminuyera simultáneamente la producción de la de costes marginales más altos. La situación ideal se daría cuando las distintas empresas y sistemas de producción –en este caso electricidad– produjeran al nivel tal que sus costes marginales fueran iguales (asignación eficiente de recursos) y que el punto más bajo de costes medios de todas las formas de producción fuera iguales para todos los sistemas (nivel de producción óptimo). La cosa es aún más complicada, porque este ideal sólo se cumpliría si cada una de las empresas o sistemas igualaran sus costes marginales siempre que estos costes estén por encima de sus costes medios, lo cual supone que, al menos para los tramos de más alto nivel de producción exigidos por aumentos coyunturales de la demanda, hubiera en todos los casos costes crecientes (o rendimientos decrecientes), lo cual es más que dudoso en algunos casos (en otros no, como es el caso de la producción eléctrica a partir del carbón). Simultáneamente con este criterio marginal de reasignación de recursos, la optimalidad debiera alcanzarse en el punto más bajo de costes medios, lo cual es imposible que se den ambos criterios (eficiencia y optimalidad) a la vez con empresas y sistemas con distintos costes medios dado que el precio a compensar es único. Dicho de otra manera, con empresas y/o sistemas no competitivos con diferentes costes medios y marginales compitiendo en la producción de un mismo producto hay que elegir: o se fija un precio que cubra todos los costes, incluidos los de las empresas y sistemas de mayores costes medios, pero en entonces el criterio asignador es más caro porque se producen ganancias indeseadas desde el punto de vista de los intereses del país (pero muy lucrativas desde el punto de vista de los intereses privados de las eléctricas) y nunca es óptimo porque no se produce al nivel más bajo de costes medios de cada uno de los métodos y/o empresas, o se guía la asignación de métodos y recursos por los criterios de costes marginales, pero entonces se renuncia a producir de forma óptima porque tal óptimo no existe con empresas y métodos con diferentes e inevitables costes medios (el precio fijado sólo podrá coincidir con el punto más bajo de los costes medios de una empresa o método de producción, pero entonces no coincidirá con los del resto). Si a esto añadimos que el precio de la subasta con el sistema CESUR es tal que ha de cubrir los costes medios del sistema o empresa que los tiene más altos, la cosa se convierte en un dislate. Sé que se desprecia el criterio marginalista por muchos neoliberales de cátedra, pero eso es fruto de la ignorancia, además de una paradoja que los mismos que defienden las supuestas virtudes de la economía del sólo mercado (nada desde lo público) ignoren o no tengan en cuenta los criterios dictados desde el marginalismo para la producción eficiente (sea óptima o no).

En cambio si las empresas estuvieran nacionalizadas y se convirtieran en una sola pero con distintos métodos de producción de energía eléctrica, algunos –no todos– de los problemas se resolverían. En primer lugar no habría que fijar un precio –sea por subasta o fijado por decreto-ley– que cubriera los costes medios del sistema o empresa que tuviera los más altos costes, sino que bastaría que el precio se fijara para cubrir los costes medios del conjunto del sistema de producción eléctrica, compensando con ello los sistemas que estuvieran por debajo de la media con los que estuvieran por encima de la media. Eso no resolvería el problema planteado de la producción óptima según los costes medios (punto más bajo de estos) porque la desigualdad de costes medios (y por tanto los del punto más bajo de costes medios) es una de las características intrínsecas de las distintas formas de producción de electricidad, pero sí el de la asignación eficiente si se reasignaran los recursos y métodos según los costes marginales, lo cual sí es posible a partir de un control de costes. Por ejemplo, para saber cuanto carbón habría que emplear en la producción de electricidad una vez fijado el precio, compararíamos el coste marginal de la producción del último megawatio/hora producido mediante este recurso con respecto al resto de los recursos (hídricos, solares, eólicos, nucleares, derivados del petróleo, etc.) y allí donde se igualara con los costes marginales del resto del sistema pararíamos la producción de electricidad mediante carbón (suponemos que estamos en un nivel de producción ya con rendimientos decrecientes). Hay que insistir que ello no resuelve el problema de la producción óptima porque ello sólo sería posible si todos los sistemas (métodos) de producción tuvieran los mismos costes medios, que nunca lo serán en el caso particular del sector energético, pero al menos produciríamos de forma eficiente. Esta es una característica del sistema de producción eléctrica –o de energía en términos generales– y no necesariamente de otros bienes y servicios, como son los del sistema financiero o los de las operadoras de Internet y/o telefonía, donde las empresas se pueden diseñar de tal manera que unas sean réplicas de las otras tales que sus costes medios sean iguales (eso sí, la red ha de ser pública o controlada desde lo público al menos). Insistir que eso nunca va a ocurrir en el sector del que hablamos. Habría más ventajas porque sólo hemos hablado de la fijación de precios dadas las instalaciones, es decir, no hemos hablado de las inversiones necesarias para llevar la electricidad a todo el territorio de la forma más eficiente y óptima en función de las características orográficas y climatológicas del país. Está claro que los días de sol no son los mismos ni de la misma intensidad en todo el territorio nacional, ni los vientos son iguales, ni el carbón se da en todo el territorio nacional, ni los ríos son iguales de propicios para acometer la producción hídrica de electricidad, por poner ejemplos. Sólo desde lo público se pueden acometer esas enormes inversiones pensando en los intereses del país y no desde la cuenta de resultados a corto plazo de cada una de las empresas, donde las eléctricas son un poderoso lobby que claman contra las renovables (solar, eólica), por ejemplo, y que prefieren influir en lugar de invertir. Y más aún en el caso español con el supuesto déficit tarifario que arrastran y con las primas a pagar por las renovables. En un sistema público dejaría de ser un problema las críticas por estas primas a las renovables que vocean los gerentes de las eléctricas más poderosas y sus palmeros en algunos medios de comunicación, porque estaríamos ante una sola empresa que distribuye sus recursos de acuerdo con los distintos costes marginales de los diferentes métodos de producción y que fija un precio de la electricidad tal que cubre los costes medios del conjunto y no el del más alto de los costes de cada sistema o empresa, cosa que ocurre con el sistema privado actual. También dejaría de ser un problema la incertidumbre que se cierne sobre las renovables, que dependen en su producción diaria de las inclemencias del tiempo (viento, luz solar), porque la empresa pública tendría listos los otros métodos de producción o la importación y podría aumentarse la producción coyunturalmente a partir de los diferentes recursos y métodos en función siempre de sus costes marginales. Y por último decir que no tienen que ser funcionarios los trabajadores de esta empresa de energía eléctrica, y que existen formas jurídicas de gestión y de propiedad que permiten mantener ambos desde lo público y con el Estatuto de los trabajadores asalariados. Por todas estas razones, aunque no se expongan de esta manera, da como resultado que la energía deber estar en manos de lo público, tal y como ocurre en la mayor parte de los países de Europa.

El sistema eléctrico: No hay salida desde el solo mercado