La Confederación Europea de Sindicatos ha remitido una carta al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, y al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, en la que advierte de que cambiar el Tratado de la Unión Europea "no es una prioridad inmediata" y añaden que las "soluciones constructivas" para hacer frente a la "amenaza existencial" a la que se enfrenta Europa "pueden y deben encontrarse en los textos actuales".
Sin embargo, consideran que, si se toma una decisión de modificar el Tratado, ante el debate abierto por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, la CES debe ser escuchado porque su apoyo "no puede ser dado por supuesto". Por ello, piden al Consejo Europeo que "reflexione seriamente" sobre sus demandas y solicitan una reunión antes del Consejo de esta semana.
"La aceptación de cualquier cambio dependerá estrechamente del respeto a los procesos democráticos y al reconocimiento y tratamiento de las consecuencias sociales", asegura el texto firmado por la secretaria general de la CES, Bernadette Segol, y su presidente y secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
La Confederación reclama un "acción urgente para salvar a millones de personas" del desempleo y la pobreza, y denuncia que las instituciones europeas están "enviando mensajes negativos a los ciudadanos europeos que fomentan el malestar social y los sentimientos antieuropeos".
A su juicio, Europa necesita "urgentemente" inversión para un desarrollo sostenible, lo cual sólo puede lograrse a través de la "solidaridad económica" bajo la forma de eurobonos, una acción de largo alcance del BCE, un impuesto a las transacciones financieras, tributos "justos", y una acción concertada contra la evasión y el fraude fiscal, así como la 'paraísos fiscales'.
Asimismo, exige que se respeten los derechos de negociación colectiva y la autonomía de los interlocutores sociales, frente a las propuestas de presionar los salarios a la baja, flexibilizar la contratación, el despido y las condiciones de trabajo y debilitar la protección de la seguridad social y los servicios públicos. "No están contribuyendo a una solución justa y sostenible", denuncia.
