viernes. 29.03.2024
MONTORO SE REÚNE CON REPRESENTANTES SINDICALES

Los sindicatos critican el sesgo electoralista de la reforma fiscal del Gobierno

El anteproyecto de ley que ultima el Gobierno y que aprobará el viernes el Consejo de Ministros mermará la recaudación en 7.000 millones de euros lo que obligará a congelar el gasto público, advierten CCOO y UGT. La reforma tributaria se aprobará previsiblemente en otoño y entrará en vigor en pleno periodo electoral.

montoro480
Montoro, junto a diputados del PP en el Congreso de los Diputados. (Foto: Ministerio de Hacienda)

CCOO exige que se aborde con perspectiva de medio y largo y no con la de corto alcance que determina el calendario electoral

Los sindicatos no salieron muy optimistas de la reunión mantenida este martes con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que les trasladó las líneas generales de la reforma fiscal que ultima el Gobierno. El texto íntegro se conocerá el próximo lunes después de que el viernes el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley. El Ejecutivo prevé que se apruebe en el Parlamento en otoño y se aplicará en dos fases, a partir de enero de 2015 y al inicio del 2016, en pleno periodo electoral, con los comicios autonómicos y municipales y las generales que se celebrarán el próximo año, una coincidencia que fue criticada por los representantes sindicales.  

A la reunión acudió el secretario general de UGT, Cándido Méndez, acompañado por el secretario de Acción Sindical del sindicato, Tony Ferrer. Por parte de CCOO asistieron el también secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz y el secretario de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo.

Se hará en dos fases: "en el año electoral uno y en el año electoral dos", ironizó Cándido Méndez

"En cuanto conozcamos el texto plantearemos alegaciones para intentar influir en el contenido de esta reforma, porque es la reforma más importante que precisa la economía, y si se resuelve pensando en la coyuntura electoral, estaremos haciendo un flaco favor a este país", aseguró Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas, de CCOO. El sindicato considera esta reforma como una de las más determinantes y de mayor importancia que debe abordar nuestro país y exige “que se aborde con perspectiva de medio y largo y no con la de corto alcance que determina el calendario electoral”. El líder de UGT, Cándido Méndez, también aludió a esta circunstancia ironizando que las bajadas de impuestos se harán en dos fases: "En el año electoral uno y en el año electoral dos" (2015 y 2016).

En su primera valoración, a la espera de conocer el texto íntegro de la reforma, los representantes sindicales lamentaron la merma en la recaudación (hasta 7.000 millones de euros según datos de CCOO) que conducirá a la congelación del gasto público y disminuirá la capacidad de intervención de las administraciones públicas. La congelación del gasto, según CCOO, menguará la dimensión del Sector Público en casi cinco puntos sobre el PIB de aquí a 2017.

Méndez lamentó que el Gobierno inscriba esta reforma en un escenario de "intensificación de la recuperación económica" y abogó por trabajar en un escenario de mayor ambición recaudatoria mejorando la lucha contra el fraude fiscal con un aumento del número de efectivos de la Agencia Tributaria.

El Gobierno, según han adelantado los sindicatos, se ha comprometido a bajar los tipos de todos los tramos del IRPF y reducir las retenciones a los profesionales autónomos. Asimismo bajará el Impuesto de Sociedades del 30% al 25%, lo que, según advierten CCOO y UGT, beneficiará sobre todo a las grandes empresas.

Carlos Bravo también criticó que no se reduzcan las diferencias que existen entre rentas de capital y rentas del trabajo y lamentó que finalmente se haya optado por mantener el sistema de módulos para varios sectores económicos dejando fuera a algunos como los autónomos dependientes. El sindicato considera que el Gobierno “ha confirmado su voluntad de disminuir los ingresos fiscales a todas las rentas, trabajo y capital y afectar a los distintos impuestos directos, los que gravan de forma progresiva la renta de sociedades y personas. Renuncia el Gobierno, tanto a los ingresos, como a equilibrar el tratamiento de las rentas del capital respecto de las del trabajo, que seguirán soportando en proporción mucho mayor la contribución a la financiación de las políticas públicas”. Por ello, advierte, “esa menor recaudación fiscal, disminuirá la capacidad de intervención de las distintas administraciones públicas (educación, sanidad, desempleo, inversión pública, etc.).

CCOO resaltó, a lo largo de la reunión, que la recaudación pública está en España ocho puntos del PIB por debajo de la media de la Unión Europea, debido a un elevado nivel de fraude, un mal diseño de las figuras tributarias, que facilita la elusión fiscal de aquellos en mejor situación que acaban pagando menos impuestos, así como el propio impacto de la crisis sobre una economía que reduce ingresos fiscales y genera una caída de la demanda interna, como consecuencia del elevado nivel de desempleo, las políticas de devaluación salarial y la fortísima disminución de la confianza.  A estos aspectos también aludió Méndez (UGT), que resaltó la necesidad de potenciar el crecimiento desde el consumo a través de la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores con la subida de salarios.

Según los sindicatos, el Gobierno también les ha dicho que no tocará el IVA, salvo para ajustar el IVA sanitario a las exigencias de Bruselas. En este sentido, Méndez se decantó por una subida del IVA en los productos de lujo y una bajada en el impuesto para los productos de primera necesidad. En cuanto a los Impuestos Especiales, Méndez ha dicho que le da la impresión de que el Gobierno no tiene intención de tocar los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco. Además, según avisó Bravo (CCOO), con esta reforma, el Gobierno pretende afrontar la atonía de la demanda interna con una bajada de impuestos directos y sin variar los indirectos, algo que puede resultar "regresivo". 

Por último, tanto CCOO como UGT han hecho hincapié en la necesidad de acometer una reforma fiscal que sirva como instrumento para avanzar en la resolución de los problemas reales de las personas: el desempleo, el aumento de la desigualdad, la falta de protección, y el reparto justo de las cargas de la crisis.

Los sindicatos critican el sesgo electoralista de la reforma fiscal del Gobierno