nuevatribuna.es
2 de marzo de 2010, 9:19
NUEVATRIBUNA.ES - 01.03.2010
Salgado tuvo hoy que enfrentarse a una tarea más digna de un mago que de un ministro de Economía. La titular de Economía anunció este lunes que el Gobierno pondrá a disposición de las empresas una barra libre de créditos sin apenas coste para el Estado. Anunció además que rehabilitará 2.000 edificios públicos. Sin apenas gasto público. Y anunció, en fin, que el Gobierno buscará el pacto con el único e “irrenunciable” objetivo de reducir el déficit público y aumentar la competitividad de las empresas.
Elena Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno, se vio hoy atrapada en la maraña de anuncios que el propio Ejecutivo ha tejido en materia económica. Cuando se abrió la semana pasada el horizonte de un pacto anticrisis, el Gobierno condicionó la aceptación de cualquier medida a que no tuviera coste para el Estado, según anunció la propia titular de Economía. Por este motivo, Elena Salgado se las vio y se las deseó hoy para cuadrar el movimiento con lo estático, la liquidez y la sequía, la acción de Gobierno y la simple propuesta de pacto. Fue digno de ver cómo Salgado trataba de evitar reconocer que las medidas presentadas este lunes a los medios -al mismo tiempo que a los grupos políticos con los cuales se dispone a negociar -este miércoles con el PP y los nacionalistas de CiU, PNV y ERC; al día siguiente, con el resto- son medidas que tendrán algún coste...
Salgado tuvo además que pelear con quienes ya rebajan el documento -que presenta como novedades el apoyo a la rehabilitación de viviendas y el acceso directo y sin límites a la financiación ICO por parte de empresas y autónomos- a mera copia de la ya presentada Ley de Economía Sostenible, que el Consejo de Ministros quiere aprobar en marzo. “Niego la mayor”, dijo Salgado, cansada de vender que el programa que llegará al palacete de Fomento en Zurbano tiene “muchas novedades”.
“Pretendemos ampliar al máximo posible el concepto de rehabilitación”, explicó Salgado en primer lugar. El Ejecutivo prevé crear 350.000 empleos los próximos dos años en el sector de la construcción. Aunque debe esperar a recibir la aprobación, no sólo de Bruselas -ya que afecta al IVA- sino también a contar con el apoyo de los grupos políticos.
En concreto, el Ejecutivo propone beneficiar con un IVA reducido (del 7 por ciento -hasta el 1 de julio; luego subirá al 8 por ciento-) a todas las actividades de rehabilitación de edificios, y no sólo a las relacionadas con el ahorro energético o de suministros o con la movilidad, como hasta ahora.
La rehabilitación de 2.000 edificios públicos que pretende el Gobierno tampoco supondrá ningún coste para el Estado, puesto que “se pagará con el ahorro en energía” que se consiga -un 20 por ciento, según los cálculos oficiales- gracias a las obras, tal y como se esforzó por explicar Salgado.
El ICO “pondrá a disposición de las empresas todo el dinero que necesiten”, afirmó la vicepresidenta al presentar otra novedad. Así, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofrecerá préstamos directos a las pequeñas y medianas empresas con un límite de hasta 200.000 euros, tanto para liquidez como para inversión, con una cobertura del 100% del riesgo, a través de una sola entidad financiera, aún por decidir, que comercializará los préstamos, cobrando “unos pocos puntos básicos”, tuvo que admitir la ministra, en concepto de gestión. El resto “no consolida como deuda”, explicó Salgado en alusión al préstamo en sí.
Por último, la titular de Economía explicó que el Gobierno aprobará una reducción de altos cargos en la Administración General del Estado. También rebajará el número de cargos directivos y el de los consejeros de las empresas públicas. Y reducirá el número de estas empresas, así como las retribuciones de sus directivos. Todo ello en el marco de un plan de racionalización del sector público cuya aprobación el Ejecutivo espera “en la primera semana de abril”.
Por otro lado, el Gobierno propondrá a los grupos la reducción de la morosidad pública, la creación de un registro de facturas de los ayuntamientos y medidas de apoyo a la competitividad de las empresas españolas, entre otras medidas que la ministra reconoció en el marco de la Ley de Economía Sostenible, aunque este programa contiene “muchas ideas nuevas y otras ampliadas”, dijo.
Por último, la ministra insistió que el Gobierno mantiene la subida del IVA prevista para el mes de julio y confió en que Bruselas apruebe el cambio del IVA para las actividades de rehabilitación de viviendas, puesto que son “actividades muy intensivas en empleo y destinadas al consumidor final”.
> PDF: Propuesta del Gobierno para el Pacto Anti-Crisis
Salgado tuvo hoy que enfrentarse a una tarea más digna de un mago que de un ministro de Economía. La titular de Economía anunció este lunes que el Gobierno pondrá a disposición de las empresas una barra libre de créditos sin apenas coste para el Estado. Anunció además que rehabilitará 2.000 edificios públicos. Sin apenas gasto público. Y anunció, en fin, que el Gobierno buscará el pacto con el único e “irrenunciable” objetivo de reducir el déficit público y aumentar la competitividad de las empresas.
Elena Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno, se vio hoy atrapada en la maraña de anuncios que el propio Ejecutivo ha tejido en materia económica. Cuando se abrió la semana pasada el horizonte de un pacto anticrisis, el Gobierno condicionó la aceptación de cualquier medida a que no tuviera coste para el Estado, según anunció la propia titular de Economía. Por este motivo, Elena Salgado se las vio y se las deseó hoy para cuadrar el movimiento con lo estático, la liquidez y la sequía, la acción de Gobierno y la simple propuesta de pacto. Fue digno de ver cómo Salgado trataba de evitar reconocer que las medidas presentadas este lunes a los medios -al mismo tiempo que a los grupos políticos con los cuales se dispone a negociar -este miércoles con el PP y los nacionalistas de CiU, PNV y ERC; al día siguiente, con el resto- son medidas que tendrán algún coste...
Salgado tuvo además que pelear con quienes ya rebajan el documento -que presenta como novedades el apoyo a la rehabilitación de viviendas y el acceso directo y sin límites a la financiación ICO por parte de empresas y autónomos- a mera copia de la ya presentada Ley de Economía Sostenible, que el Consejo de Ministros quiere aprobar en marzo. “Niego la mayor”, dijo Salgado, cansada de vender que el programa que llegará al palacete de Fomento en Zurbano tiene “muchas novedades”.
“Pretendemos ampliar al máximo posible el concepto de rehabilitación”, explicó Salgado en primer lugar. El Ejecutivo prevé crear 350.000 empleos los próximos dos años en el sector de la construcción. Aunque debe esperar a recibir la aprobación, no sólo de Bruselas -ya que afecta al IVA- sino también a contar con el apoyo de los grupos políticos.
En concreto, el Ejecutivo propone beneficiar con un IVA reducido (del 7 por ciento -hasta el 1 de julio; luego subirá al 8 por ciento-) a todas las actividades de rehabilitación de edificios, y no sólo a las relacionadas con el ahorro energético o de suministros o con la movilidad, como hasta ahora.
La rehabilitación de 2.000 edificios públicos que pretende el Gobierno tampoco supondrá ningún coste para el Estado, puesto que “se pagará con el ahorro en energía” que se consiga -un 20 por ciento, según los cálculos oficiales- gracias a las obras, tal y como se esforzó por explicar Salgado.
El ICO “pondrá a disposición de las empresas todo el dinero que necesiten”, afirmó la vicepresidenta al presentar otra novedad. Así, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofrecerá préstamos directos a las pequeñas y medianas empresas con un límite de hasta 200.000 euros, tanto para liquidez como para inversión, con una cobertura del 100% del riesgo, a través de una sola entidad financiera, aún por decidir, que comercializará los préstamos, cobrando “unos pocos puntos básicos”, tuvo que admitir la ministra, en concepto de gestión. El resto “no consolida como deuda”, explicó Salgado en alusión al préstamo en sí.
Por último, la titular de Economía explicó que el Gobierno aprobará una reducción de altos cargos en la Administración General del Estado. También rebajará el número de cargos directivos y el de los consejeros de las empresas públicas. Y reducirá el número de estas empresas, así como las retribuciones de sus directivos. Todo ello en el marco de un plan de racionalización del sector público cuya aprobación el Ejecutivo espera “en la primera semana de abril”.
Por otro lado, el Gobierno propondrá a los grupos la reducción de la morosidad pública, la creación de un registro de facturas de los ayuntamientos y medidas de apoyo a la competitividad de las empresas españolas, entre otras medidas que la ministra reconoció en el marco de la Ley de Economía Sostenible, aunque este programa contiene “muchas ideas nuevas y otras ampliadas”, dijo.
Por último, la ministra insistió que el Gobierno mantiene la subida del IVA prevista para el mes de julio y confió en que Bruselas apruebe el cambio del IVA para las actividades de rehabilitación de viviendas, puesto que son “actividades muy intensivas en empleo y destinadas al consumidor final”.
> PDF: Propuesta del Gobierno para el Pacto Anti-Crisis
