nuevatribuna.es
7 de enero de 2011, 8:11
nuevatribuna.es | 04.01.2011
UGT y CCOO han instado al Gobierno a recurrir ante el Tribunal Constitucional para proteger las competencias del Estado que consideran “vulneradas” por dos leyes aprobadas en las comunidades de Murcia y Madrid. A juicio de las organizaciones sindicales, las comunidades autónomas han “invadido” competencias propias de la Administración General de Estado en su afán por reconducir el gasto mediante dos leyes que “vulneran los derechos de los representantes de los trabajadores”, según afirma el secretario de estudios de CCOO, Rodolfo Benito.
“Hay una invasión de competencias de estas dos comunidades autónomas a las competencias que tiene el Estado”, asegura. “Creemos que esta invasión de competencias es claramente inconstitucional por una razón básica: los asuntos de relaciones laborales son competencia exclusiva del Estado”, aclara.
En el caso de Murcia, los sindicatos UGT y CCOO reclamaron este lunes al Gobierno central que suspenda la ‘Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas’ aprobada por la Asamblea Regional el pasado 23 de diciembre por considerar que incurre en conflicto de competencias del artículo 149 de la Constitución.
Según Benito, “en la Comunidad de Murcia lo que se ha hecho es derogar partes sustanciales de los convenios colectivos a pesar de que la Comunidad no tiene competencias en esa materia”. Además, “se vulneran los derechos de los representantes de los trabajadores”, asegura.
Por su parte, en Madrid, las organizaciones sindicales han demandado al Gobierno central la suspensión del artículo 16 de la ‘Ley de Medidas fiscales, administrativas y de racionalización del sector público’, aprobada el pasado 22 de diciembre en la Asamblea madrileña.
“En la Comunidad de Madrid se recortan derechos de los representantes de los trabajadores, aunque la comunidad no tiene competencias para ello”, añade Rodolfo Benito. “Se vulnera la ley orgánica de Libertad Sindical y el propio Estatuto de los Trabajadores”, asegura.
En resumen, según los sindicatos, las comunidades autónomas de Murcia y Madrid han “vulnerado” con la aprobación de estas leyes los derechos de los representantes de los trabajadores. En Murcia, además, “se derogan partes sustanciales de los convenios colectivos”.
Los sindicatos pretenden que el Ejecutivo plantee un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Con este procedimiento, se suspendería la aplicación de las leyes que, desde su entrada en vigor el 1 de enero, han supuesto un “recorte” de derechos de miles de funcionarios y personal laboral que trabajan en la administración autonómica. “El Gobierno lo que tiene que hacer es proteger los derechos competenciales del Estado”, reitera Rodolfo Benito. “Si el Gobierno recurre la decisión de estas dos comunidades autónomas, ésta quedará en suspenso, hasta que se entre en el fondo de la cuestión”, concluye.
