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CONTESTA CARLOS CRUZADO | PRESIDENTE DE GESTHA

¿Por qué la reforma fiscal debe ser prioritaria para el nuevo Gobierno?

La insuficiencia de nuestro sistema tributario se hace patente a la vista de los datos que año tras año nos ofrece Eurostat

Finalizado el proceso electoral, llega el momento de repasar las propuestas que durante la precampaña y la campaña electoral han ido planteando los partidos y exigir, a los que sumen mayoría suficiente para gobernar y legislar, que las lleven a efecto.

Hemos oído hablar de creación y destrucción de empleo. De subidas del salario mínimo. Del desafío independentista en Cataluña. De ayudas a las familias. A los autónomos. De políticas contra la violencia de género… Pero, sobre todo, hemos oído hablar de impuestos. Y es que la política fiscal ha ostentado, una vez más, el protagonismo a la hora de querer captar votos en la recta final.

Pero, ¿por qué el nuevo Gobierno debe priorizar la reforma fiscal pendiente? Pues porque de acuerdo con el último estudio del CIS sobre opinión pública y política fiscal, casi el 90% de los españoles piensa que, en general, no pagan más impuestos quienes más ganan y tienen, que el sistema no es justo, que -en definitiva- tenemos un problema de equidad.

Si a eso le añadimos que el 95% piensa que en España existe bastante o mucho fraude fiscal, que la economía sumergida en nuestro país triplica a la de países como Alemania y que el 63% considera que las administraciones hacen pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra la misma, podemos obtener una foto panorámica de nuestro sistema fiscal y sus problemas: falta de suficiencia, inequidad y fraude fiscal.

La insuficiencia de nuestro sistema tributario se hace patente a la vista de los datos que año tras año nos ofrece Eurostat en la comparativa de presión fiscal entre los estados de la Unión Europea. La última, referida a 2017, nos sitúa con un déficit de 5,7% del PIB por debajo de la media ponderada de los 28, lo que supone una cifra cercana a los 70.000 millones de euros menos de recaudación.

Los principales líderes que concurren a las elecciones generales han podido desgañitarse para defender subidas o bajadas de los tipos de gravamen del IRPF o de Sociedades, para hablar de la necesidad de bajar el IVA a determinados productos básicos, para denunciar que los bancos pagan pocos impuestos en comparación con otras empresas… Pero lo que parece evidente es que uno de los más importantes cometidos para un Gobierno es el de blindar el Estado del Bienestar, y que para ello deben establecerse los mecanismos necesarios para mantener e incluso mejorar unos ingresos con los que costear los gastos públicos sin incrementar, de acuerdo con nuestros compromisos europeos, el déficit.

De ahí, la urgencia de abordar cuanto antes una reforma completa del sistema fiscal que haga efectivos los principios constitucionales de generalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica. Y ésta debería ser una de las prioridades para el Gobierno que salga de las urnas y de los posteriores pactos. Máxime teniendo en cuenta que, como Estado social y democrático de Derecho, según lo establecido por el artículo 1 de nuestra Constitución, no es posible hablar de auténtica justicia social si no hay una verdadera justicia fiscal.

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Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)