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9 de marzo de 2009, 19:05
NUEVATRIBUNA.ES - 05.03.2009
El proceso electoral en Caja Madrid sigue bloqueado. Los trámites legales se están cumpliendo, paso a paso, pero el problema de fondo obliga a una negociación imposible por cuanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue enrocado en sus posiciones y enfrentado con los intereses que defiende el Ayuntamiento de Madrid -con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza-, que pierde peso en el seno de la entidad con la nueva Ley de Cajas aprobada por Esperanza Aguirre.
Pero los Estatutos no esconden el problema de fondo. El proceso de renovación de los órganos sigue estancado y la guerra entre aguirristas y gallardonistas �pese a la última tregua declarada- se mantiene tan viva como al principio.
Ayer, el Consejo de Administración de la Caja, presidido por Miguel Blesa, remitió a la Asamblea General (que deberá reunirse el próximo 23 de marzo) unos estatutos censurados por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta (presentó hasta seis enmiendas al texto inicial), que obligan al cumplimiento íntegro de la nueva normativa. El consejo reenvía el documento pero subraya que lo hace por “imperativo legal”, o por imperativo de Aguirre, que viene a ser lo mismo.
Dos tercios del Consejo (14 de 21) han mostrado su disconformidad con "la reforma impuesta por la Comunidad", que consideran "anticonstitucional e ilegal, innecesaria, no consensuada, con un carácter retroactivo ilegal y una grave injerencia política que no respeta la representatividad y la igualdad de los sectores", reservándose el derecho de presentar distintos recursos contra la adaptación de los estatutos a la nueva normativa de cajas regional.
Aunque la Asamblea los rechace (lo que es más que previsible), la Comunidad de Madrid puede imponerlos, pero no desbloquear el proceso para el que debe reunirse la Comisión de Control, dos de cuyos miembros han sido suspendidos en el cargo.
Llegados a este punto y, al igual que la dirección federal del PSOE ha tomado cartas en el asunto, hay quien cree que el presidente del PP, Mariano Rajoy, es el único que puede romper la baraja y asumir la dirección del proceso, cosa que, hasta el momento, no se ha mostrado dispuesto a hacer.
El proceso electoral en Caja Madrid sigue bloqueado. Los trámites legales se están cumpliendo, paso a paso, pero el problema de fondo obliga a una negociación imposible por cuanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue enrocado en sus posiciones y enfrentado con los intereses que defiende el Ayuntamiento de Madrid -con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza-, que pierde peso en el seno de la entidad con la nueva Ley de Cajas aprobada por Esperanza Aguirre.
Pero los Estatutos no esconden el problema de fondo. El proceso de renovación de los órganos sigue estancado y la guerra entre aguirristas y gallardonistas �pese a la última tregua declarada- se mantiene tan viva como al principio.
Ayer, el Consejo de Administración de la Caja, presidido por Miguel Blesa, remitió a la Asamblea General (que deberá reunirse el próximo 23 de marzo) unos estatutos censurados por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta (presentó hasta seis enmiendas al texto inicial), que obligan al cumplimiento íntegro de la nueva normativa. El consejo reenvía el documento pero subraya que lo hace por “imperativo legal”, o por imperativo de Aguirre, que viene a ser lo mismo.
Dos tercios del Consejo (14 de 21) han mostrado su disconformidad con "la reforma impuesta por la Comunidad", que consideran "anticonstitucional e ilegal, innecesaria, no consensuada, con un carácter retroactivo ilegal y una grave injerencia política que no respeta la representatividad y la igualdad de los sectores", reservándose el derecho de presentar distintos recursos contra la adaptación de los estatutos a la nueva normativa de cajas regional.
Aunque la Asamblea los rechace (lo que es más que previsible), la Comunidad de Madrid puede imponerlos, pero no desbloquear el proceso para el que debe reunirse la Comisión de Control, dos de cuyos miembros han sido suspendidos en el cargo.
Llegados a este punto y, al igual que la dirección federal del PSOE ha tomado cartas en el asunto, hay quien cree que el presidente del PP, Mariano Rajoy, es el único que puede romper la baraja y asumir la dirección del proceso, cosa que, hasta el momento, no se ha mostrado dispuesto a hacer.
