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viernes 20/5/22

Piden una ley de morosidad sostenible

El Gobierno adelanta líneas generales del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el Consejo de Ministros aprobará este viernes.
NUEVATRIBUNA.ES /L.M.- 26.11.2009

El Gobierno aprobará mañana viernes la nueva Ley de Economía Sostenible, el patrón legal llamado a desperezar el modelo productivo español y alejarlo del 'sueño del el ladrillo'. Sin embargo, más allá las líneas generales adelantadas en algunas materias, como vivienda, infraestructuras y morosidad, el Gobierno continúa sin desvelar su contenido más concreto.

La patronal Ceoe pidió el martes al Gobierno que incluya un listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley, así como un análisis de su impacto económico en los sectores afectados.

Por su parte, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, adelantó esta semana que la Ley de Economía Sostenible incluirá "importantes medidas" contra la morosidad, tanto en el sector público como el privado, ya que la reducción de la morosidad es uno de los factores más importantes para la recuperación económica.

Además, el Gobierno ha invitado a los sindicatos a participar en la próxima conferencia de presidentes de comunidades autónomas, que tendrá lugar en Madrid el 14 de diciembre, para dialogar sobre el proyecto de ley, que se presentará formalmente en ese cónclave.

En este sentido, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, animó ayer a todos los participantes en la conferencia de presidentes a realizar "un esfuerzo colectivo" y "aunar todas las voluntades" para alcanzar un acuerdo en torno a la renovación del modelo productivo, que el Gobierno de España pretende realizar a través de esta Ley.

Chaves lanzó esta invitación a los sindicatos y la patronal después de las críticas que el lunes dirigió el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, a la presentación de la ley por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de un mitin desarrollado en Madrid.

Toxo criticó "la puesta de largo" de la Ley de Economía Sostenible del Gobierno sin contar con los sindicatos, y abogó por que las nuevas medidas no "se queden en los decorados".

RECORTES EN INNOVACIÓN

El intento de zanjar el pasado productivo español por la vía de una ley ha centrado diferentes críticas, llegadas desde la izquierda y la derecha del Ejecutivo.

El PP considera una contradicción que "la gran panacea" de la Ley de Economía Sostenible sea la inversión en I+D cuando esta semana se defiende el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 en el que la partida que "más cae" es precisamente esta materia, en "una media del 20 por ciento".

Según afirmó la portavoz de los 'populares' en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría,
los modelos económicos "no se cambian por ley", dijo tras recordar que que el ex presidente del Gobierno Felipe González también respalda esta opinión.

Para el economista Ramón Tamames, la ley supone una "huida hacia adelante" ante la situación de "auténtico bloqueo en que vivimos", según afirmó, tras diagnosticar que la crisis española se debe a que España está pagando las consecuencias del "boom de la construcción".

REHABILITACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, el Gobierno, que ha negado que los recortes en innovación y desarrollo (I+D+i) vayan a paralizar la actividad investigadora "este año" -según dijo el secretario de estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en su comparecencia esta semana en el Congreso- avanzó ayer algunos puntos que tratará la nueva Ley de Economía Sostenible.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incluirá medidas fiscales para dar un "buen impulso" a la rehabilitación, así como las previstas para equiparar la fiscalidad de la compra y el alquiler, con el fin de que ambas ramas estén en la "vanguardia" del sector en los próximos años.

Corredor indicó que estas medidas están en la línea iniciada por el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y suponen un paso más en la tarea de redimensionar y reequilibrar el sector de la construcción en el marco del nuevo modelo productivo.

Por otro lado, el ministerio de Fomento avanzó ayer que ha puesto en marcha el proceso de actualización del plan estratégico de infraestructuras y tranportes (PEIT) 2005-2020 que desarrolla el departamento con el fin de adecuarlo al nuevo modelo económico y a los requisitos de sostenibilidad que el Gobierno promueve a través de la Ley de Economía Sostenible.

Así lo apuntó el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, quien avanzó que la reforma del PEIT será objeto de un informe de sostenibilidad ambiental.

De hecho, Morlán indicó que ya el Presupuesto de Fomento parra 2010 tiene como uno de sus principales objetivos "colaborar con el cambio de modelo productivo en línea con la Ley de Economía Sostenible".

El secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras recordó además que los más de 19.000 millones de euros de inversión presupuestaria de Fomento para 2010 se "complementará" con el plan de extraordinario de 15.000 millones de euros que el Ministerio prevé poner en marcha en colaboración con la iniciativa privada.

RENOVABLES, TURISMO Y MOROSIDAD

Otras líneas de actuación previstas por la nueva ley se centran en los sectores del Turismo y las energías renovables.

Según el presidente de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, las empresas dedicadas a las energías renovables tendrán un "marco estable" en la futura ley de Economía Sostenible. "Me consta que habrá un marco estable de apoyo a las renovables", confirmó el ex ministro de Trabajo socialista hace unas semanas en Soria.

Por su parte, el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Andrés Melián, instó hoy al Ejecutivo a incluir en la Ley de Economía Sostenible medidas dirigidas al turismo, y subrayó que "no puede hacerse de espaldas" a un sector que requiere de incentivos para "ejercer de locomotora".

Respecto a la morosidad por parte de las adminsitraciones públicas, el pago a tiempo de las facturas por parte de la Administración pública española equivaldría a una inyección económica de 9.300 millones de euros, una cifra que aliviaría la actual situación especialmente para las empresas que en el 90 por ciento de los casos recibe los pagos con retraso, según dijo hoy la asociación Intrium Justitia.

Para la asociación, la Ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto de ley aprobará este viernes el Consejo de Ministros, debería incluir plazos de pago de 30 días por contrato tanto para las empresas como las administraciones públicas y estipular por Ley el cobro de los intereses de demora con el objetivo de luchar contra la morosidad.

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