La aplicación del factor de sostenibilidad va a implicar una reducción del 0,7% en la pensión inicial, una cifra que puede parecer menor pero como se va acumulando con el paso del tiempo llegará hasta el 15% de caída en veinte años
Los pensionistas han derrotado a Rajoy. Es sin duda un enorme éxito de sus movilizaciones, que han conseguido un éxito que hacía mucho tiempo que no veíamos y que demuestra que la movilización puede cambiar las cosas, que se puede obligar a rectificar a los gobiernos, que se puede conseguir un modelo de crecimiento y distribución de la riqueza más justo.
Ahora bien, los pensionistas han ganado una batalla pero aún no la guerra, porque la rectificación del gobierno del PP es solo parcial, una prórroga de dos años porque no ha modificado los textos legales de la contrarreforma de 2013. Y aquí está la clave, porque el gobierno cede en 2018 y 2019 apremiado por la necesidad de un acuerdo presupuestario y por las urgencias electorales, pero la estrategia de fondo de devaluar el sistema público de pensiones sigue en pie.
Por eso hay que seguir denunciando que todas las medidas incluidas en la ley 23/2013 tienen un único objetivo: reducir el importe de las pensiones. Las que cobran los pensionistas actuales, con el índice de revalorización y las de los pensionistas futuros, con el factor de sostenibilidad. Esto es, se pretende conseguir el equilibrio financiero del sistema a costa de bajar las pensiones.
El mal llamado factor de sostenibilidad supone un recorte gradual pero continuado en el tiempo que va a provocar una reducción muy importante de la pensión inicial en comparación con el último salario, lo que se conoce como tasa de reposición. Tiene una lógica perversa: la pensión se reduce en la medida que aumenta la esperanza de vida. Como se va a cobrar durante más años, cada mes se va a cobrar menos. La pensión será menor porque se quiere repartir el mismo importe global entre más años de vida.
La aplicación del factor de sostenibilidad va a implicar una reducción del 0,7% en la pensión inicial, una cifra que puede parecer menor pero como se va acumulando con el paso del tiempo llegará hasta el 15% de caída en veinte años.
Pero el recorte más duro de la reforma de 2013 es el denominado índice de revalorización. Primero porque afecta a todos los pensionistas, tanto a los actuales como a los futuros. Segundo porque condena a una pérdida continuada y acumulativa de poder adquisitivo.
Tal y como está definida la formula el índice de revalorización nunca va a superar el 0,25%, condenando a los pensionistas a un deterioro continuado de su situación económica. Con un incremento del 0,25% en las pensiones y un IPC en el 2% los pensionistas van a perder el 30% de su poder adquisitivo en los próximos veinte años.
Sumando ambos recortes, las pensiones van a sufrir un retroceso del 45% en términos reales. Dicho de otra forma, los pensionistas van a perder el 45% de su poder adquisitivo. Esto es inaceptable, porque de no evitarlo las bajas pensiones de hoy se convertirán en pensiones de miseria mañana. Para que se entienda mejor, es como sí la pensión media actual en vez de 934 euros fuera de 514, la de los autónomos en vez de 647 euros bajara a 356 y la de viudedad a 359 euros al mes.
¿Esto es decente? ¿Puede vivir una persona con esta cantidad? Obviamente no, serán pensionistas pobres, condenados a buscar trabajos en negro, depender de su familia, vender su casa...
Esta condena al empobrecimiento de los pensionistas se justifica con una única razón: que el sistema no puede soportar que las pensiones suban lo mismo que el IPC. Pero esta idea es una falacia, como se demuestra en un informe oficial que el Ministro de Empleo y Seguridad Social entregó en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el 2 de noviembre de 2017, en el que incluye una tabla de cómo evolucionará el gasto en pensiones sobre el PIB hasta 2050.
La intención del Gobierno es bajar el gasto público actual equivalente al 42,4% del PIB a tan sólo 39,2% en 2020, esto es 3,2 puntos que suponen un recorte de más de 37.000 millones de euros
El resultado es muy revelador: aunque se revalorizan las pensiones con la subida del IPC sí la economía crece el 2% de media el gasto pasaría del 11,8% del PIB actual al 12,8% en 2030 y al 13,9% en 2050.
Esto es, actualizando las pensiones con el IPC, el gasto se incrementaría tan sólo en un punto de PIB dentro de 13 años y en dos puntos dentro de 33 años. Un incremento más que razonable porque va a aumentar el número de pensionistas y por lo tanto lo lógico es dotar con más fondos el sistema público de pensiones.
¿Es posible hacerlo? Rotundamente sí. Porque tenemos treinta años para normalizar la fiscalidad española, corrigiendo el diferencial negativo de 8 puntos de PIB en ingresos que tenemos en comparación con la media de la UE. Bastaría dedicar a las pensiones la cuarta parte de esa mayor recaudación para hacer compatible la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.
Si esto es así, que lo es, porque el gobierno se negaba a aceptarlo hasta que la movilización de los pensionistas y sus urgencias presupuestarias y electorales le obligaron? La respuesta a esta pregunta se encuentra en otro documento oficial: el Programa de Estabilidad que cada año tiene el deber de presentar el Gobierno delante de las autoridades europeas para explicar la estrategia presupuestaria y fiscal del Reino de España.
En la página 41 de la última actualización, el Gobierno define una política de ingresos y gastos dominada por una idea fija, casi una obsesión: reducir el tamaño del sector público. La intención del Gobierno es bajar el gasto público actual equivalente al 42,4% del PIB a tan sólo 39,2% en 2020, esto es 3,2 puntos que suponen un recorte de más de 37.000 millones de euros.
Esta es la razón de porqué el gobierno no quiere actualizar las pensiones. No es por una restricción económica, ni está provocada por la demografía. La razón real es el fundamentalismo neoliberal del gobierno, su obsesión de reducir el gasto público. Las pensiones son más de uno de cada cuatro euros del gasto público en España. Por lo tanto, sí la estrategia es reducir el gasto, el sistema público de pensiones tiene que sufrir duros recortes.
La Constitución Española en su artículo 50 establece un mandato claro para que el Gobierno actualice las pensiones, para que estas permitan tener suficiencia económica y una vida digna a las personas mayores. Por lo tanto el debate no debe ser sí es posible o no actualizar las pensiones, porque eso ya lo decidió el constituyente. El único debate real es cómo lo hacemos.
