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NUEVATRIBUNA.ES - 16.02.2010

Francia lanzó ayer el debate sobre las pensiones apenas diez días después de que el Gobierno español pusiera sobre la mesa la necesidad de reformar el sistema de previsión público. En Francia, el Gobierno ha propuesto retrasar la edad legal de jubilación, que desde 1983 permite a los franceses retirarse a los 60 años, lo que constituye para los sindicatos casi una declaración de guerra.

En el país galo, la otra variable más barajada tiene que ver con el aumento del periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa, que ya se elevó con la última reforma de 2003 hasta 41 años en la actualidad y 42 en unos años.

En Francia, el sistema de pensiones tiene un déficit acumulado de 30.000 millones de euros, mientras que la relación entre cotizantes y jubilados es cada vez más desfavorable. En cambio en España, el sistema de Seguridad Social tiene un superávit acumulado superior a los 60.000 millones de euros, 8.000 de ellos procedentes del año 2009.

Sarkozy ha garantizado que se mantendrá el sistema de reparto que hace que sean los cotizantes de cada momento quienes paguen su pensión a los jubilados. Además, el presidente francés ha dicho que no bajará las pensiones, aunque ha pospuesto la decisión de cómo hacerlo hasta que “llegue el momento”, dijo.

En España, lo que plantea el Gobierno, en aras de asegurar la viabilidad futura de las pensiones, es retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años e incrementar de 15 a 25 años el tiempo medio para calcular la pensión. Propone asimismo aumentar en dos años, de los 15 a los 17, el tiempo mínimo trabajado para tener derecho a una pensión.

Tanto Comisiones Obreras como UGT sostienen que el problema del sistema público de pensiones no es tanto de gasto, sino de ingresos. Así, explicaron que la edad media de jubilación de los españoles es de casi 64 años, bastante superior a la de países como Francia o Alemania, donde los trabajadores se retiran antes de los 62 años.

Además, las centrales sindicales recordaron que España dedica el 9 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) al pago de las pensiones, cuando la media europea es del 12 por ciento.

Por su parte, las asociaciones de jubilados y pensionistas se opusieron hoy en el Congreso a la ampliación de la edad legal de jubilación hasta los 67 años propuesta por el Gobierno, así como a elevar el período de cálculo de las pensiones, ya que consideran que reducirá las prestaciones.

Por el contrario, reclamaron que la reforma del sistema de la Seguridad Social suprima los incentivos a las prejubilaciones, que deberían ser costeados exclusivamente por las empresas, dijeron.

Pensiones: el caso francés frente al español