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miércoles. 10.08.2022

Convocado por la Fundación 1º de Mayo bajo el lema de “Alternativas para una salida social a la crisis”, el próximo día 20 de junio comenzará en Madrid el I Congreso sobre “Trabajo, Economía y Sociedad, con la intervención inaugural de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, e Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC.OO. y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, cualificados representantes de los dos ámbitos, académico y sindical, cuya  colaboración se pretende reforzar.

El Congreso, en el que participarán 350 investigadores universitarios, sindicalistas y profesionales de la economía, la sociología y el derecho del trabajo, centrará sus análisis y debates en torno a los  temas que ocupan y preocupan actualmente a trabajadores y ciudadanos (paro y crisis económica, cambio de modelo productivo, derechos y relaciones laborales, modelo social europeo), con objeto de aportar propuestas y alternativas que combinen el necesario rigor de la investigación académica con su posible incorporación a la estrategia colectiva impulsada por el sindicalismo.

Se trata del primer proyecto de articular, de forma sistemática, flexible y con voluntad de continuidad,  las redes en torno a las que se genera y difunde el pensamiento crítico con las de la acción e interlocución sindical, impulsando el desarrollo de un polo alternativo a la actual hegemonía ideológica del pensamiento neoliberal emitido desde cátedras y think tanks, generosamente financiados por bancos y grandes corporaciones empresariales, que desde su pretendida neutralidad científica promueven y avalan modelos de gestión económica y contrarreforma laboral que, aun aceptando que la causa de la crisis no radica en el mercado laboral y que la reforma que plantean no tendrá como efecto la reducción del paro, utilizan la primera como pretexto y el segundo como coartada para imponer una desregulación agresiva del mercado de trabajo y las relaciones laborales (máxima flexibilidad en la entrada y salida del empleo, mínima cobertura legal y negocial durante la permanencia en el mismo) que refuerza el poder económico y legitima la desigualdad social.

En su fundamentalismo ideológico, los apóstoles del neoliberalismo ignoran deliberadamente que el de trabajo es un mercado derivado de otros (productivo, financiero) cuyas responsabilidades omiten y que, como institución social, no puede regirse sólo por la lógica mercantil sino que debe incorporar una regulación protectora y garantista, la misma que ahora se aprestan, no obstante, a desmantelar.

La estrategia trae el eco de las contrarreformas impulsadas en los años ochenta por los gobiernos de Thatcher y Reagan, actualizada ahora por los  proveedores locales de ideología conservadora que desde hace un tiempo vienen sentando las bases teóricas y metodológicas de una involución neoliberal, a la espera de una oportunidad que la actual crisis económica y orientación política hacen posible.

Con la reforma laboral se pretende invertir las responsabilidades de la crisis y culpar a sus víctimas. Al focalizar las hipotéticas soluciones en el abaratamiento del despido y la reducción de salarios y garantías, se emite el mensaje de que la causa del problema radicaría en los propios trabajadores y sus derechos, eximiendo de responsabilidades a una estructura empresarial que no ha completado su modernización, un modelo productivo agotado y una crisis financiera de origen y desarrollo especulativos que han conducido al país al actual desastre.

Mientras, el paro alcanza dimensiones dramáticas, tanto en términos agregados (casi seis millones de personas desempleadas), como generacionales (más de la mitad de los jóvenes sin trabajo ni apenas perspectivas) y, especialmente, sociales y humanas, para quienes viven con angustia el agotamiento de sus prestaciones e incluso de sus esperanzas, al tiempo que asisten indignados al impúdico espectáculo de la amnistía a los defraudadores, el rescate de bancos y la indemnización de banqueros

La reforma laboral diseñada por el PP representa la clave de bóveda de una contrarreforma conservadora que pretende consolidar su hegemonía económica, política, social y cultural, lo que supone desmantelar progresivamente el Estado de Bienestar (educación, sanidad, prestaciones sociales) y exige, preventivamente, debilitar el sindicalismo de clase.

A tal efecto, se ha planteado la erosión de todos los dispositivos reguladores, tanto legales (Derecho del Trabajo) como institucionales (negociación colectiva) y organizativos (sindicatos), con el objetivo de desequilibrar radicalmente las relaciones laborales, tanto en sus medios (aumenta el poder empresarial, disminuye la cobertura de la negociación colectiva, la intervención sindical y la tutela judicial) como en sus fines (bonificaciones para unos y despidos baratos, reducción de salario y peores condiciones de trabajo para los otros).

La falacia se completa apostando por la generalización de la temporalidad de los contratos y su precariedad laboral, como vía para superar  la segmentación del mercado de trabajo, de manera que la dualidad entre fijos y temporales se solucionará por la vía de hacer a todos temporales y precarios, obviando, no obstante, la responsabilidad que pudiera corresponder a la gestión de recursos humanos desarrollada por las empresas, tradicionalmente orientada a la búsqueda de competitividad vía costes laborales, así como a las sucesivas desregulaciones del mercado de trabajo desarrolladas por los poderes públicos.

Todas las medidas previstas apuntan en la dirección de romper los equilibrios en las relaciones laborales, desprotegiendo a los trabajadores y potenciando el poder empresarial, tanto las explícitamente formuladas (empresarización de la negociación colectiva, control contractual, capacidad de modificar unilateralmente el salario y las condiciones de trabajo, reducción de las garantías legales de los trabajadores en materia de despido individual y EREs colectivos), como las que implícitamente se derivan ya de su aplicación (miedo, inseguridad, límites a la acción reivindicativa).

Estamos, pues, ante la mayor involución laboral de la etapa democrática que nos sitúa en la fase anterior al Estatuto de los Trabajadores (aprobado, no se olvide, por un gobierno de centro-derecha) y amenaza con dinamitar todo el entramado legal, institucional y negocial articulado desde entonces y que tan decisivamente ha contribuido al desarrollo democrático, el crecimiento económico y la cohesión social en nuestro país.

Hacer frente a estos procesos de desregulación laboral y desigualdad social pasa por impulsar propuestas y alternativas  orientadas a fortalecer la legitimidad y eficacia de la intervención social, desde la convergencia entre el pensamiento crítico y la acción sindical, que hoy resulta más necesaria que nunca y a la que pretende contribuir la convocatoria de este Congreso.

Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1º de Mayo.
Pere J. Beneyto, profesor de la Universidad de Valencia

Pensamiento crítico y acción sindical
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