nuevatribuna.es
7 de octubre de 2010, 7:19
NUEVATRIBUNA.ES/L.M. - 06.10.2010
Vuelve al Congreso la reforma de las pensiones. Aunque el grupo socialista lo niega, el Gobierno reconoció el miércoles que éste es un debate “esencial” y ha recalcado la necesidad de que se apruebe “lo más rápidamente posible”. El Ejecutivo confía en sacar sin problemas una ampliación del período de cálculo. Sin embargo, el Ejecutivo prevé grandes dificultades en torno al otro asunto que polariza el debate sobre las pensiones: el retraso de la edad de jubilación.
La portavoz socialista en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, afirmó este jueves que PP y CiU no condicionaron en la reunión de ayer la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo a la retirada de la congelación de las pensiones para 2011, y ha insistido en que esta medida se va a mantener porque es una ley aprobada por mayoría en la Cámara.
Por otra parte, el portavoz del PP en la Comisión, Tomás Burgos, se ha mostrado a favor de mantener el modelo de concertación existente y negociar con los sindicatos los acuerdos que puedan surgir del Pacto de Toledo. Burgos ha respondido así al presidente de Seopan y ex director general de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, David Taguas, en las que afirmaba que a los sindicatos hay que consultarles, pero no negociar con ellos la reforma de las pensiones.
El Congreso reunió este miércoles a la mesa y portavoces del Pacto de Toledo para retomar el debate sobre la reforma de las pensiones. Antes de la reunión, la diputada socialista Isabel López i Chamosa confió en que la comisión de seguimiento alcance un rápido acuerdo para alargar de 15 a 20 años el período de cálculo de las pensiones. A su juicio existe un amplio consenso sobre este asunto, dijo, tras recordar que la ampliación se haría “muy poco a poco” y que “no perjudicaría excesivamente a nadie”.
Respecto al retraso en la edad de jubilación, la diputada socialista afirmó que sólo el Gobierno ha presentado de momento una propuesta en este sentido, que consiste en aplazar desde los 65 hasta los 67 años la edad de jubilación. "Habrá que esperar a que los grupos hagan las suyas para, a partir de ahí, iniciar un tira y afloja y ver adónde llegamos", concluyó.
UNA REFORMA URGENTE
En contra de lo afirmado por Izquierda Unida, López i Chamosa negó que el Gobierno haya presionado a los miembros del Congreso para que la reforma salga adelante cuanto antes. Sin embargo, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, admitió hoy mismo que el Ejecutivo considera “esencial” que la Cámara apruebe la propuesta del Gobierno, u otra similar, “lo más rápidamente posible”, según afirmó ante la comisión de Presupuestos del Congreso.
En la misma línea, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, coincidió en que es necesario empezar “cuanto antes” la reforma y alerto de que, si no se hace nada, se deterioraría la economía de “forma incomprensible”. En su opinión, “sería un disparate” y una “grandísima irresponsabilidad” eludir la reforma de las pensiones en la línea propuesta por el Gobierno. “Cuanto antes empecemos más suave será”, ha dicho, tras advertir de que, en caso contrario, habría que tomar otras medidas.
Por su parte, UGT reivindicó el papel de los sindicatos en el debate sobre la reforma de las pensiones e insistió en mostrar su rechazo “claro y rotundo” a las propuestas del Gobierno. Según su secretario de acción sindical, Toni Ferrer, "las propuestas del Gobierno son regresivas y van a hacer que sean las personas las que paguen la crisis, con lo que, si prosperan, no se podrá negociar con el Gobierno".
Por el contrario, el presidente de la patronal de constructores, David Taguas, mostró su rechazo a que los sindicatos participen de forma decisiva en esta negociación. A juicio del antiguo asesor económico de Zapatero, los sindicatos deben ser "consultados y escuchados" dentro el proceso de la reforma del sistema de pensiones, pero que no deben negociarla, por considerar que se trata de una competencia que corresponde a los grupos parlamentarios que conforman la Comisión del Pacto de Toledo, "legítimos representantes de los ciudadanos".
Vuelve al Congreso la reforma de las pensiones. Aunque el grupo socialista lo niega, el Gobierno reconoció el miércoles que éste es un debate “esencial” y ha recalcado la necesidad de que se apruebe “lo más rápidamente posible”. El Ejecutivo confía en sacar sin problemas una ampliación del período de cálculo. Sin embargo, el Ejecutivo prevé grandes dificultades en torno al otro asunto que polariza el debate sobre las pensiones: el retraso de la edad de jubilación.
La portavoz socialista en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, afirmó este jueves que PP y CiU no condicionaron en la reunión de ayer la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo a la retirada de la congelación de las pensiones para 2011, y ha insistido en que esta medida se va a mantener porque es una ley aprobada por mayoría en la Cámara.
Por otra parte, el portavoz del PP en la Comisión, Tomás Burgos, se ha mostrado a favor de mantener el modelo de concertación existente y negociar con los sindicatos los acuerdos que puedan surgir del Pacto de Toledo. Burgos ha respondido así al presidente de Seopan y ex director general de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, David Taguas, en las que afirmaba que a los sindicatos hay que consultarles, pero no negociar con ellos la reforma de las pensiones.
El Congreso reunió este miércoles a la mesa y portavoces del Pacto de Toledo para retomar el debate sobre la reforma de las pensiones. Antes de la reunión, la diputada socialista Isabel López i Chamosa confió en que la comisión de seguimiento alcance un rápido acuerdo para alargar de 15 a 20 años el período de cálculo de las pensiones. A su juicio existe un amplio consenso sobre este asunto, dijo, tras recordar que la ampliación se haría “muy poco a poco” y que “no perjudicaría excesivamente a nadie”.
Respecto al retraso en la edad de jubilación, la diputada socialista afirmó que sólo el Gobierno ha presentado de momento una propuesta en este sentido, que consiste en aplazar desde los 65 hasta los 67 años la edad de jubilación. "Habrá que esperar a que los grupos hagan las suyas para, a partir de ahí, iniciar un tira y afloja y ver adónde llegamos", concluyó.
UNA REFORMA URGENTE
En contra de lo afirmado por Izquierda Unida, López i Chamosa negó que el Gobierno haya presionado a los miembros del Congreso para que la reforma salga adelante cuanto antes. Sin embargo, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, admitió hoy mismo que el Ejecutivo considera “esencial” que la Cámara apruebe la propuesta del Gobierno, u otra similar, “lo más rápidamente posible”, según afirmó ante la comisión de Presupuestos del Congreso.
En la misma línea, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, coincidió en que es necesario empezar “cuanto antes” la reforma y alerto de que, si no se hace nada, se deterioraría la economía de “forma incomprensible”. En su opinión, “sería un disparate” y una “grandísima irresponsabilidad” eludir la reforma de las pensiones en la línea propuesta por el Gobierno. “Cuanto antes empecemos más suave será”, ha dicho, tras advertir de que, en caso contrario, habría que tomar otras medidas.
Por su parte, UGT reivindicó el papel de los sindicatos en el debate sobre la reforma de las pensiones e insistió en mostrar su rechazo “claro y rotundo” a las propuestas del Gobierno. Según su secretario de acción sindical, Toni Ferrer, "las propuestas del Gobierno son regresivas y van a hacer que sean las personas las que paguen la crisis, con lo que, si prosperan, no se podrá negociar con el Gobierno".
Por el contrario, el presidente de la patronal de constructores, David Taguas, mostró su rechazo a que los sindicatos participen de forma decisiva en esta negociación. A juicio del antiguo asesor económico de Zapatero, los sindicatos deben ser "consultados y escuchados" dentro el proceso de la reforma del sistema de pensiones, pero que no deben negociarla, por considerar que se trata de una competencia que corresponde a los grupos parlamentarios que conforman la Comisión del Pacto de Toledo, "legítimos representantes de los ciudadanos".
