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NUEVATRIBUNA.ES - 22.01.2010

La intención de Obama de levantar una alambrada legal entre Wall Street y el ahorro de los norteamericanos sacudió ayer los mercados internacionales. En Europa, mientras tanto, los gobiernos tratan de aprovechar el impulso del Presidente de EEUU para aprobar una nueva tasa que grave la actividad de las instituciones financieras, de manera parecida al gravamen anunciado la semana pasada por el propio Obama. Pocos dudan sin embargo de la necesidad de coordinar los esfuerzos internacionales. Todo por evitar que una nueva crisis financiera, de igual o mayor magnitud que la actual, coloque de nuevo al mundo al borde del abismo.

Obama propuso ayer un sistema que evitaría que la gran banca de inversión –o sus restos- continúe succionando recursos públicos cuando las cosas vienen mal dadas. Con esta reforma, Obama pretende cortar el paso a los fondos públicos a los fondos de mayor riesgo. Si tiene éxito, obligaría a los bancos a decidir qué tipo de negocio quieren desempeñar. En caso de optar por inversiones de alto riesgo, deberán hacerlo con fondos propios, y no con los de los clientes, como hacen hasta ahora con el conocido como propietary trading. Aunque algunos expertos lo niegan, otras voces destacan que la reforma Obama recoge el espíritu de la Ley Glass-Steagall, que, tras la Gran Depresión del 29, obligó a separar la banca comercial y la banca de inversión.

El Presidente estadounidense eligió para anunciar su reforma una semana en que se han conocido los beneficios de los bancos en 2009. Por ejemplo, Goldman Sachs admitió ganancias por valor de 5.000 millones de dólares. Además, el gigante financiero reconoció que continúa utilizando la política de retribuciones mediante bonus, los polémico incentivos que eluden una visión del riesgo a largo plazo. Según Obama, los grandes bancos siguen operando “exactamente con las mismas reglas que les llevaron al colapso”. Tras reunirse con Paul Volcker, el veterano economista que le asesora en cuestiones financieras, el Presidente enfatizó que “nunca más el contribuyente va a ser rehén de un banco demasiado grande parar quebrar”.

Por su parte, la Unión Europea se encuentra preparando la cumbre de ministros que reunirá a finales de abril a los titulares de economía con la intención de aprobar una tasa similar a la anunciada por Obama. Apenas se conocen detalles, más allá de que los europeos pretenden crear una especie de fondo de garantía de depósitos que tendría la función de “un régimen de seguros para los riesgos sistémicos”, según señaló la ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde. En cuestión de regulación, la UE confía en la cooperación internacional como único medio para frenar los excesos financieros. Esta tasa, según el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, “al menos daría la esperanza de decidir medidas comunes en la cumbre del G-20”.

DIFÍCIL UNANIMIDAD EN LA UE

Según dijo hoy el Comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, en Europa “estamos cambiando regulaciones financieras importantes”. Los ministros de Economía de los Veintisiete aprobaron en diciembre un nuevo marco de regulación financiera que ahora debe ser ratificado por la Eurocámara durante la presidencia española.

“En Europa tenemos otro tipo de dificultades para poner en marcha esas medidas”, dijo Almunia tras alabar las intenciones de Obama. “No las mismas que en Wall Street. Aquí no existe un Wall Street poniendo el pie en el freno de las medidas de regulación financiera que están discutiéndose, pero sí existe todavía una cierta tentación a creer que las soluciones nacionales, a nivel de cada Estado miembro, pueden ser mejores que las soluciones coordinadas a escala europea”.

En este sentido, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se ha mostrado dispuesta a discutir en la UE una tasa para hacer pagar a los bancos una parte de los costes de la crisis financiera. La propuesta del Gobierno sueco en este sentido consistiría en crear un gravamen permanente sobre los bancos e instituciones de crédito, depositado en un fondo de estabilidad, cuyo volumen debería alcanzar el 2,5 por ciento del PIB en quince años.

Sin embargo, el complejo sistema de toma de decisiones de la UE condicionará la aprobación de estas medidas, como reconoce el comisario europeo saliente de Fiscalidad, el húngaro Laszlo Kovacs, para quien “la introducción de cualquier nuevo impuesto en la Unión Europea es técnicamente posible, y también políticamente. El único problema es la unanimidad.”

"En estos cinco años (como comisario) he aprendido cómo las veces que hemos estado muy cerca de un acuerdo basta con que un país diga 'no' para que todo quede bloqueado. No apostaría mucho dinero en la introducción de ese nuevo impuesto".

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