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jueves. 18.08.2022

Moncloa recula y elimina la cita del cómputo de las pensiones

El Gobierno ha remitido a Bruselas una corrección al Programa de Estabilidad 2009-2013 donde elimina el "ejemplo" relativo al ahorro que supondría para la Seguridad Social ampliar el periodo de cálculo de las pensiones en diez años, desde los 15 actuales a un total de 25.
NUEVATRIBUNA.ES - 3.2.2010

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Hacienda señala que se trataba de una "simulación", no de una propuesta, y que como ha podido "inducir a una interpretación errónea", ha decidido suprimirlo y enviar a la Comisión Europea el texto corregido.

"En el Programa (de Estabilidad) se incluye un apartado final sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo que incorpora una proyección sobre el resultado hipotético de un retraso en la edad de jubilación y del alargamiento del periodo de cómputo de las pensiones. Dado que dicha simulación ha podido interpretarse como una propuesta concreta, se ha eliminado el ejemplo del documento, y así se ha comunicado a la Comisión Europea", alega el Ministerio.

El Departamento dirigido por Elena Salgado también ha retirado del documento la alusión que hacía al ahorro que supondría aumentar dos años el periodo mínimo de años cotizados para tener derecho al cobro de una pensión. En concreto, el párrafo eliminado decía lo siguiente: "Por lo tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros (edad legal de jubilación y número mínimo de años cotizados para obtener una pensión) y si, además, se aumentara en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB a partir de 2030".

En el documento se mantienen los cálculos del Gobierno acerca de lo que implicaría retrasar la edad legal de jubilación (un punto del PIB por cada año de retraso) y precisa que "cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional" de dos décimas.

En el documento sobre las pensiones que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes no se planteaba plazo alguno. Sin embargo, en la primera versión del Programa de Estabilidad sí se contemplaba ese aumento a 25 años.

"ES SÓLO UN EJEMPLO"

Ante la alarma provocada por la difusión del documento, Moncloa ya había asegurado que es falso que se quiera aumentar hasta 25 años el periodo de cálculo de las pensiones desde los 15 actuales y que el programa de estabilidad 2009-2013 que había enviado a Bruselas contiene solamente "ejemplos". En este sentido, se remitía a la propuesta para la reforma de la Seguridad Social que presentó el pasado viernes, en la que no se incluía la ampliación del período de cómputo aunque sí se reconocía que el actual sistema de 15 años perjudica a los despedidos al final de su vida laboral, por lo que deben buscarse soluciones a este problema.

De hecho, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, admitió abiertamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes que el Gobierno cree que una de las líneas de actuación de la reforma de pensiones debería ser la de ampliar el periodo de cálculo porque el actual no beneficia a los que se quedan en el paro al final de su vida laboral.

Tanto el retraso en la edad legal de jubilación como las primeras noticias sobre una ampliación de los años para calcular las pensiones han provocado una dura reacción de los sindicatos. CCOO ya ha anunciado que no descartan "una expresión visible, pública y masiva" para manifestar su rechazo a la prolongación de la vida laboral de los 65 a los 67 años. Ignacio Fernández Toxo pedía este miércoles al Gobierno que deje de "sobreactuar" porque "está generando un clima difícil, metiendo a la población en una especie de sobresalto continuo. Deberían concretarse los compromisos vigentes en relación al acuerdo de pensiones de 2006 antes de empezar en una dinámica compulsiva, a borbotones de ideas y ocurrencias".

También UGT ha advertido al Gobierno que rechaza cualquier medida que suponga una reducción de la cuantía media de las pensiones y un endurecimiento en las condiciones para acceder a esta prestación, y ha alertado sobre el "serio obstáculo al diálogo social" que pueden suponer esta propuestas. Para la organización liderada por Cándido Méndez, el debate sobre la reforma del sistema de Seguridad Social debe orientarse a la búsqueda de nuevas fuentes de financiación del sistema, como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado (PGE).



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