nuevatribuna.es
28 de octubre de 2010, 14:41
NUEVATRIBUNA.ES/ L.M. - 28.10.2010
Angela Merkel y Nicolas Sarkozy forcejerán hasta el viernes contra el resto de países miembros de la UE, la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para conseguir un cambio en el Tratado que algunos consideran “irresponsable”, tras diez años de lucha por lograr la entrada en vigor del actual Tratado de Lisboa. El objeto de disputa es el mecanismo de sanciones contra los países que incumplan la ortodoxia económica, lo que afecta a España.
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, aceptan suavizar las sanciones contra los países incumplidores. O, más bien, aceptan que las sanciones dependan de una decisión política y no se apliquen de forma automática. Sin embargo, a cambio exigen que los países sancionados pierdan su derecho de voto.
La exigencia de Alemania y Francia obliga a cambios profundos en las normas de la UE. Por ello, todo apunta a que finalmente tendrán que conformarse con convertir en permanente el fondo de rescate de 750.000 millones de euros, creado en mayo para rescatar a Grecia, cuando la ‘crisis de las deudas’ afectó también a países como España, Irlanda y Portugal, con una vigencia de tres años.
Si Alemania y Francia aceptan la ‘minirreforma’ propuesta por el resto, la creación del fondo de rescate no exigiría cambios en el Tratado. Esto es así porque los Veintisiete interpretan que el fondo no supone una cesión de soberanía. De hecho, el cambio se podría salvar con una simple decisión por unanimidad del Consejo Europeo.
Alemania y Francia contarán con la oposición de los países nórdicos y los Países Bajos, que se han sentido traicionados por el país germano, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada por Merkel y Sarkozy en la localidad francesa de Deauville.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) se opone también a las peticiones de Merkel y Sarkozy en lo relativo a las quiebras controladas de los Estados. Alemania es favorable a crear un mecanismo que lo permita y justifica su decisión con el argumento de que es necesario dotar de solidez jurídica al nuevo mecanismo de rescate. “Sólo tendrá éxito si hay un cambio en el Tratado de la UE”, reiteró el miércoles Merkel ante el Bundestag.
Por el contrario, la mayoría de los Estados miembros recelan de una nueva reforma cuando hace menos de un año que entró en vigor el Tratado de Lisboa, que tardó 10 años en ver la luz y tropezó durante su proceso de ratificación con referendos negativos en sus diferentes versiones en Francia, Países Bajos e Irlanda.
ESPAÑA EN EL PUNTO DE MIRA
La UE desea castigar a los países que incumplan, no sólo los límites de deuda y déficit públicos, como hasta ahora, sino también a aquéllos que descuiden otros asuntos como el déficit exterior y la competitividad de las empresas. Por eso estos cambios afectan de lleno a España, uno de los países con peor saldo respecto al exterior -lo que se refleja en su déficit por cuenta corriente- y cuya competitividad fue hoy puesta de nuevo entredicho por un informe de la Comisión Europea. En el documento, que analiza la competitividad y la industria en la UE, la Comisión pide a España medidas para mejorar la competitividad y facilitar el ajuste de salarios y precios.
Por su parte, la nueva ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, consideró que la reforma del Tratado ansiada por Alemania y Francia “no parece recomendable”, teniendo en cuenta el largo camino recorrido por el Tratado de Lisboa hasta su entrada en vigor el año pasado. Sin embargo, el Gobierno mostrará una "actitud constructiva" porque siempre ha defendido la necesidad de contar con los mecanismos necesarios para hacer frente a situaciones de crisis, explicó la ministra.
Angela Merkel y Nicolas Sarkozy forcejerán hasta el viernes contra el resto de países miembros de la UE, la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, para conseguir un cambio en el Tratado que algunos consideran “irresponsable”, tras diez años de lucha por lograr la entrada en vigor del actual Tratado de Lisboa. El objeto de disputa es el mecanismo de sanciones contra los países que incumplan la ortodoxia económica, lo que afecta a España.
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, aceptan suavizar las sanciones contra los países incumplidores. O, más bien, aceptan que las sanciones dependan de una decisión política y no se apliquen de forma automática. Sin embargo, a cambio exigen que los países sancionados pierdan su derecho de voto.
La exigencia de Alemania y Francia obliga a cambios profundos en las normas de la UE. Por ello, todo apunta a que finalmente tendrán que conformarse con convertir en permanente el fondo de rescate de 750.000 millones de euros, creado en mayo para rescatar a Grecia, cuando la ‘crisis de las deudas’ afectó también a países como España, Irlanda y Portugal, con una vigencia de tres años.
Si Alemania y Francia aceptan la ‘minirreforma’ propuesta por el resto, la creación del fondo de rescate no exigiría cambios en el Tratado. Esto es así porque los Veintisiete interpretan que el fondo no supone una cesión de soberanía. De hecho, el cambio se podría salvar con una simple decisión por unanimidad del Consejo Europeo.
Alemania y Francia contarán con la oposición de los países nórdicos y los Países Bajos, que se han sentido traicionados por el país germano, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada por Merkel y Sarkozy en la localidad francesa de Deauville.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) se opone también a las peticiones de Merkel y Sarkozy en lo relativo a las quiebras controladas de los Estados. Alemania es favorable a crear un mecanismo que lo permita y justifica su decisión con el argumento de que es necesario dotar de solidez jurídica al nuevo mecanismo de rescate. “Sólo tendrá éxito si hay un cambio en el Tratado de la UE”, reiteró el miércoles Merkel ante el Bundestag.
Por el contrario, la mayoría de los Estados miembros recelan de una nueva reforma cuando hace menos de un año que entró en vigor el Tratado de Lisboa, que tardó 10 años en ver la luz y tropezó durante su proceso de ratificación con referendos negativos en sus diferentes versiones en Francia, Países Bajos e Irlanda.
ESPAÑA EN EL PUNTO DE MIRA
La UE desea castigar a los países que incumplan, no sólo los límites de deuda y déficit públicos, como hasta ahora, sino también a aquéllos que descuiden otros asuntos como el déficit exterior y la competitividad de las empresas. Por eso estos cambios afectan de lleno a España, uno de los países con peor saldo respecto al exterior -lo que se refleja en su déficit por cuenta corriente- y cuya competitividad fue hoy puesta de nuevo entredicho por un informe de la Comisión Europea. En el documento, que analiza la competitividad y la industria en la UE, la Comisión pide a España medidas para mejorar la competitividad y facilitar el ajuste de salarios y precios.
Por su parte, la nueva ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, consideró que la reforma del Tratado ansiada por Alemania y Francia “no parece recomendable”, teniendo en cuenta el largo camino recorrido por el Tratado de Lisboa hasta su entrada en vigor el año pasado. Sin embargo, el Gobierno mostrará una "actitud constructiva" porque siempre ha defendido la necesidad de contar con los mecanismos necesarios para hacer frente a situaciones de crisis, explicó la ministra.
