Estas recomendaciones son un recetario de malas ideas económicas, tan contraproducentes para la economía española como lo ha sido la ‘austeridad expansiva’, avalada por la división europea del Fondo
Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para España se basan en un análisis superficial e incompleto de los problemas de fondo de la economía española. Como consecuencia, estas recomendaciones son un recetario de malas ideas económicas, tan contraproducentes para la economía española como lo ha sido la ‘austeridad expansiva’, avalada por la división europea del Fondo, y que ha sido la causa principal de la segunda recesión sufrida por la eurozona, de los mayores índices de paro, pobreza y desigualdad, y de la débil recuperación actual de Europa.
La recuperación de la economía española es, en opinión de Comisiones Obreras, más cíclica que producto de la reforma laboral y el resto de reformas llevadas a cabo por el Gobierno, cuyas políticas, por el contrario, han contribuido a un mayor hundimiento económico. El análisis del Fondo obvia que el esfuerzo sobre el que se funda la recuperación está muy desigualmente repartido y pone el acento en políticas y medidas que eleven la rentabilidad del capital y garanticen el pago de la deuda. Al Fondo ni le preocupa que el crecimiento de España se siga basando en actividades de poco valor añadido que generan empleo inestable, remunerados con salarios bajos, ni cómo se reparte el crecimiento. Su preocupación se centra, básicamente, en garantizar el pago a los acreedores internacionales, cuyos intereses representa.
El informe oculta que, a pesar de sus 'supuestos objetivos', la reforma del mercado de trabajo intensificó la destrucción de empleo, ha aumentado su inestabilidad y fomenta una negociación colectiva débil, que dificulta la participación de los salarios en la prosperidad de las empresas. El contrato único no es -como piensa el FMI- la solución a la fracasada reforma laboral, pues lo importante no es que los contratos se llamen indefinidos sino que el empleo sea de verdad estable. El contrato único no solucionará la elevada rotación en el empleo y el ajuste seguirá siendo fundamentalmente por la vía de los despidos. Tampoco es una buena idea ahondar en la reducción de la indemnización por despido, pues esto sólo contribuye a acentuar el ajuste a través de despidos durante las recesiones, frente a otras alternativas, y a aumentar la inestabilidad del empleo durante las etapas de crecimiento.
CCOO considera que hay que apostar en las crisis por un modelo de costes compartidos entre capital y trabajo, que evite los despidos, y que la inversión sea productiva y no especulativa, que el Banco de España y el resto de organismos de supervisión sean, de verdad, independientes, y que velen para evitar las burbujas de precios y los sobre-beneficios en los sectores regulados. Y que el Gobierno deje de pensar que 'la mejor política industrial es la que no existe'.
En este sentido, plantear, como hace el Fondo, que la menor dimensión de las pymes españolas se explica por el desincentivo a su crecimiento que suponen la referencia al tamaño que hacen algunas leyes, es un planteamiento naif. En realidad, las pymes españolas son pequeñas porque no hay suficientes grandes empresas que articulen los sectores y por la falta de una política sectorial activa que mejore el tejido empresarial afrontando los grandes retos a los que se enfrenta el país (desertización, dependencia energética y de materias primas, envejecimiento, etc.). El drama de España no es sólo que no tenga suficientes grandes empresas, sino que las pocas que tenemos las estamos perdiendo como resultados de intereses políticos partidistas (como ha ocurrido con ENDESA y tantas otras empresas públicas).
Tampoco dice nada el informe sobre la reforma fiscal de Gobierno, que no sirve para impulsar el crecimiento, configura un sistema fiscal más injusto en el reparto de las cargas y cuya finalidad es puramente electoral. Por el contrario, propone eliminar el IVA reducido de los productos básicos, que sirve para aliviar la regresividad de este impuesto, y aumentar el copago en lo servicios sanitarios y educativos, lo que contribuiría a deteriorar, aún más, la situación de las familias y las personas pobres o en riesgo de exclusión, cuyo número ha crecido apreciablemente durante la crisis y continúa haciéndolo durante la recuperación de las cifras macroeconómicas. 771.000 hogares no tiene ingresos laborales, según datos correspondientes al primer trimestre de la EPA, 40.000 más que en el trimestre anterior. En ellos viven 1.600.000 personas, de las cuales 330.000 son niños.
