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22 de febrero de 2011, 14:30
nuevatribuna.es | 21.02.2011
”Todos somos culpables”. Así despachó el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez –MAFO-, las preguntas de los informadores que le inquirieron acerca de su posible responsabilidad a la hora de impedir el crecimiento de la burbuja inmobiliaria en el año 2006. A juicio del gobernador, “los historiadores” serán quienes decidan, según dijo tras explicar los pormenores de la nueva inyección de capital público que se disponen a recibir las entidades, en torno a unos 20.000 millones de euros.
MAFO dijo tener “una opinión” quién es responsable de la creación de la burbuja inmobiliaria en España. Sin embargo, el gobernador del Banco de España prefirió referirse al “imprescindible” decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, en vigor desde el pasado fin de semana. “Si no hacemos esto, el credit crunch lo teníamos asegurado”, incidió, tras alabar al Gobierno y su decisión a la hora de evitar esa contracción del crédito. Una evolución la del crédito que calificó de “milagro” hasta la fecha, ya que, dijo, “el sistema financiero ha mantenido el crédito; un milagro en una situación de ciclo negativo”, insistió.
Fernández Ordóñez se negó por dos veces a entrar en el trapo que le tendían los periodistas tras la publicación este lunes en el diario El Mundo de una noticia que se hace eco de un informe enviado por inspectores del Banco de España. En esta nota, los inspectores advertían al Gobierno y a sus propios superiores sobre el imparable crecimiento del crédito en manos de bancos y, sobre todo, cajas, ajenas a la cultura del control de riesgos, advertían. Así, los inspectores responsabilizaban a la fuerte expansión crediticia del alza extraordinaria en el precio de la vivienda, que amenazaba además el bienestar de un número creciente de familias, que no podrían devolver sus hipotecas si las cosas se torcían, como efectivamente sucedió. A pesar del informe, según el diario, ni el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ni Miguel Ángel Fernández Ordóñez, su sustituto, atendieron los ruegos de los inspectores, que incluso amenazaron con hacer pública la nota, si no surtían efecto sus quejas por el excesivo triunfalismo de sus superiores.
Cinco años después, Fernández Ordóñez se limitó hoy a alabar las mediad del Gobierno y, en particular, el decreto ley que endurece los requisitos de capital obligatorios para las entidades financieras. El gobernador afirmó además que son sólo “algunas” de las cajas de ahorros las que tienen problemas y reveló una exposición potencialmente problemática por valor de 100.000 millones de euros en créditos al sector inmobiliario concedidos por parte de las cajas.
En opinión de Ordóñez, el decreto ley del Gobierno es “imprescindible” para evitar una contratación del crédito, que se produciría cuando se recupere este indicador.
REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Ordóñez enmarcó además el decreto ley dentro de una política que ha conseguido rebajas la desconfianza de los mercados hacia la economía española, como refleja el diferencial respecto al bono alemán, que está hoy en 160 puntos básicos frente a los 280 puntos básicos que llegó a alcanzar tras el estallido de la crisis irlandesa.
A la hora de explicar las últimas decisiones de las autoridades económicas españolas, Fernández Ordóñez parafraseó Keynes, el reputado economista que defendió que hay que cambiar de opinión cuando la situación cambia. En este sentido, defendió el contenido del decreto, aunque advirtió que algunas fusiones impulsadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pueden tener problemas, debido precisamente a la “crisis soberana” a raíz de la caída de confianza desatada tras la crisis irlandesa.
Ordóñez alabó además algunas medidas emprendidas por el Gobierno, como la reforma laboral y confió en que llegue a buen puerto la inminente reforma de la negociación colectiva. En su opinión, estos cambios lograrán restaurar la confianza en la economía española por parte de los mercados internacionales.
Respecto a las cajas, Fernández Ordóñez explicó que el FROB permanecerá hasta cinco años en el capital de las cajas que precisen de ayuda pública. La permanencia en el capital de las cajas ayudará a que estas no tengan que “malvender” sus activos. Luego, “cuando estén resueltos los problemas”, el FROB abandonará el capital de las cajas.
Fernández Ordóñez explicó que los contribuyentes “no han puesto ni un duro” en el rescate de la banca, si bien matizó que están asumiendo “un riesgo” al prestar dinero a las entidades. Esta circunstancia sirve para justificar que las cajas deban facilitar la entrada de capital privado en su seno, dijo. Además, cuando el capital privado entra en una entidad, “la gestión se profesionaliza”, consideró.
LAS PÉRDIDAS ESTÁN “CUBIERTAS”
MAFO defendió además la solvencia de las entidades así como la labor supervisora del Banco de España. “Las pérdidas conocidas hoy están cubiertas al cien por cien”, dijo.
Por otro lado, defendió que la función del decreto ley es “explicar a todo el mundo” – “incluso a quienes no quieren mirar las cifras”, añadió- que las entidades españolas tiene un 8 por ciento de capital.
MAFO explicó que es incorrecto afirmar que se ha aplazado la obligación de salir a bolsa para las entidades hasta el próximo año. “El plazo es septiembre”, dijo, tras dejar claro que la prórroga será una excepción.
Además insistió en que las necesidades de capital estarán “claramente” por debajo de los 20.000 millones de euros y que además se conocerán el próximo 10 de marzo “entidad por entidad”. No descartó además que se produzca una segunda ronda de fusiones aunque “ni de lejos” tan intensa como la que tuvo lugar tras la aprobación del FROB, que redujo desde 45 hasta 17 el número de cajas de ahorros.
