El Gobierno dará el viernes luz verde al plan contra el empleo sumergido, según confirmó hoy el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. El plan, según el borrador remitido a empresarios y sindicatos, prevé endurecer las sanciones a empresarios y trabajadores, después de que concluya un período de gracia. El Gobierno trata de obtener recursos y hacer aflorar parte del empleo sumergido, que, según los técnicos de Hacienda, mueve al año en España hasta 82.500 millones de euros.
El Consejo de Ministros aprobará este viernes el decreto ley de “medidas para el afloramiento y control del empleo sumergido”. Aunque faltan por conocer algunos flecos, el plan ofrecerá a empresarios y trabajadores dos meses para regularizar voluntariamente la situación de impagos de las cuotas a la Seguridad Social. Quien rehúse hacerlo se expondrá a un sanción mínima de 3.126 euros –cinco veces superior a la actual- y máxima de 3.126 euros –el doble que ahora-. En el caso de las empresas, las multas podrán superar los 187.000 euros.
Empresarios y sindicatos ultimaban este miércoles sus alegaciones al plan del Gobierno. En la orilla sindical, no han gustado algunos detalles del borrador remitido por el equipo de Trabajo. Así, los trabajadores que emerjan a la legalidad podrán ser contratados de forma temporal –por un plazo mínimo de seis meses-, y no sólo indefinida, como reclaman los sindicatos, que rechazan que se suavice la legislación actual. En cambio, en el lado empresarial, la mayor discrepancia proviene del importante incremento en la cuantía de las multas.
Sólo medio año de cuotas
Las empresas que regularicen trabajadores sólo tendrán que abonar medio año de las cuotas impagadas, desde el 1 de enero. Los contratos realizados no podrán beneficiarse de bonificaciones, ni reducción de cotizaciones o cualquier otro tipo de ayuda.
Además, las empresas que reciban sanciones graves no podrán contratar con la Administración Pública por espacio de dos años, y no solo de uno, como hasta ahora. Por otro lado, la norma amplía la responsabilidad de la empresa cuando subcontrate a otras empresas o autónomos.
Según los cálculos de Gestha, el empleo sumergido mueve alrededor de 82.500 millones de euros al año en España. La asociación de técnicos de Hacienda estima que la Seguridad Social recaudaría 13.000 millones de euros si contara con un plan adecuado para hacer aflorar el empleo sumergido, que afecta sobre todo a zonas como Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia.
Los técnicos, que, en línea con los sindicatos, reclaman que la Agencia Tributaria también tome medidas, señalan algunos sectores como bolsas de fraude: el autoempleo de autónomos y los gerentes de empresas familiares e individuales, sobre todo en la construcción, la agricultura, los oficios auxiliares, la hostelería y sectores turísticos o el transporte.
Gestha señala además, como muestra del alcance del empleo no declarado, el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que, en 1,2 millones de actuaciones realizadas, registraron casi 100.000 infracciones en acta durante el año 2010. En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 millones de euros anuales y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional.
