viernes. 29.03.2024

Despedir tiene premio. A partir de junio, el despido -incluso improcedente- está subvencionado. El dinero público, según denuncian los sindicatos, servirá para pagar una parte de las indemnizaciones por despido que les corresponden a los trabajadores. Ocho días por año trabajado se pagarán con fondos del Fogasa, el fondo de garantía salarial pensado para cubrir los impagos salariales. Bastará con presentar la carta de despido para que los empresarios reciban la ayuda.

El consejo rector del Fogasa dio luz verde el miércoles a la ayuda que los empresarios empezarán a cobrar a partir del mes de junio. Los sindicatos votaron en contra de la medida, prevista en la última reforma laboral. Pero los votos favorables del Gobierno y de los empresarios bastaron para sacar adelante la instrucción. Así, el fondo financiará ocho días de indemnización, incluso en el caso de los despidos sin causa, según han denunciado los sindicatos.

Las centrales lamentan que se esté “apoyando con dinero público una conducta antijurídica”. “Las instrucciones dejan claro que se financiará el despido al margen de que haya sido reconocido improcedente”, censuran desde CCOO. “El dinero público se utilizará para pagar los despidos sin causa”, sentencian.

El sindicato augura además una situación insostenible en el Fogasa, por no poder atender la avalancha de peticiones de ayuda. “Sin incrementar las aportaciones empresariales, la disponibilidad presupuestaria del Fogasa no podrá hacer frente a las distintas prestaciones previstas legalmente”, advierten.

CCOO defienden que el carácter público del dinero que maneja el Fogasa. “El que sea abonado por los empresarios no significa que no se trate de un recurso publico, porque los empresarios no han formado voluntariamente una mutua de seguros para financiar colectivamente mediante contribuciones sus despidos improcedentes”, recuerdan, citando el contenido de “La reforma del despido en la ley 35/2010”, de Aurelio Desdentado y Ana de la Puebla. 

Los sindicatos rechazan pagar con dinero público despidos sin causa