nuevatribuna.es
3 de enero de 2011, 10:54
nuevatribuna.es | 03.01.2011
Los sindicatos abrieron este lunes un nuevo frente contra los Gobiernos madrileño y murciano. En un escrito dirigido a la Presidencia del Gobierno central, los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO) y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, demandan al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero que suspenda la aplicación de las leyes de ajuste presupuestario aprobadas recientemente por los parlamentos regionales de Madrid y de Murcia, por invadir competencias en materia laboral que las organizaciones sindicales consideran exclusivas de la Administración central.
Las organizaciones sindicales demandan al Gobierno central la suspensión del artículo 16 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público, aprobada el pasado 22 de diciembre en la Asamblea de Madrid; y de los artículos 1 a 29 de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aprobada el día 23 de diciembre por la Asamblea Regional de Murcia. Según el escrito, ambos textos legales -que entraron en vigor el 1 de enero- “lesionan de manera abierta y flagrante el orden de competencias establecido en la Constitución” en lo relativo a distintas cuestiones de orden laboral.
Las centrales sindicales piden al Gobierno que lleve el conflicto de competencias al Consejo de Ministros. El Ejecutivo tiene ahora dos meses de plazo para atender esa solicitud.
LEY DE RACIONALIZACIÓN EN MADRID
En el caso de Madrid, los sindicatos entienden que el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre ha promovido una Ley que modifica “todos los pactos y acuerdos” referidos a la regulación del tiempo retribuido para el ejercicio de funciones sindicales y de representación y nombramiento de delegados sindicales, así como en lo relativo a dispensas de asistencia al puesto de trabajo. “Es manifiesto que la Comunidad autónoma no puede dictar una ley que deje sin efectos los pactos o acuerdos”, asegura el escrito, que está fechado el 3 de enero. “Estamos, en definitiva, ante una directa violación de la Constitución y de la competencia atribuida al Estado para regular la legislación laboral”, concluye.
En segundo lugar, los sindicatos cargan contra la Ley autonómica porque establece un concepto de centro de trabajo para el ejercicio del conjunto de los derechos sindicales legalmente reconocidos, como es la Consejería, diferente del que regula la legislación laboral del Estado. Según denuncian, la medida repercute “en toda una serie de materias de contenido estrictamente laboral, como acontece (…) con el ámbito en el que opera la circunscripción electoral para el nombramiento de delegados de personal y miembros de Comités de Empresa”; algo “esencial” para las organizaciones sindicales, pues “determina de forma directa el número de representantes con que cuentan los trabajadores para el ejercicio de sus funciones representativas”, añaden. “ Es evidente y manifiesto que la normativa autonómica entraña una flagrante usurpación del título competencial reconocido en la Constitución a favor del Estado para regular el ámbito de las unidades electorales a representantes de los trabajadores”, concluyen.
Además, la Ley madrileña “limita la capacidad de cesión del crédito horario de los delegados sindicales, al establecer que la cesión sólo pueda realizarse a favor de otro empleado público que preste servicios en el mismo centro”. También en este caso, a su parecer, “resulta evidente que el ejercicio de la competencia corresponde en exclusiva al Estado”.
Por otro lado, la ley “reconfigura el mapa electoral para el personal funcionario de la Comunidad autónoma de Madrid en unos términos que llevan asociados la supresión de todo un conjunto de ámbitos de designación”, añaden UGT y CCOO. Esta medida “no tiene amparo ni cobertura en la legislación estatal, y supone un desconocimiento de la garantía de negociación colectiva que tienen las organizaciones sindicales representativas de conformidad con la Ley 7/2007”, afirman. “Esa reducción de los derechos sindicales no puede tener tal calibre que, en última instancia, dependa de criterios de discrecionalidad política de la Administración a la hora de suprimir los órganos representativos y de alterar con ello la propia representatividad de las organizaciones sindicales”, concluyen.
LEY DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MURCIA
En el caso de Murcia, los sindicatos piden al Gobierno central que suspenda la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas aprobada por la Asamblea Regional el pasado 23 de diciembre por considerar que incurre en conflicto de competencias del artículo 149 de la Constitución.
Los secretarios regionales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, dieron a conocer este lunes esa solicitud y justificaron su presentación con el argumento de que la ley autonómica "incide en el sistema de negociación colectiva al llevar a cabo una reordenación completa del sistema mediante su derogación directa y la fijación unilateral y directa de las condiciones de trabajo".
Según denunciaron, la ley autonómica ha derogado pactos y acuerdos firmados con los sindicatos desde el año 1998 y convenios colectivos en el ámbito del personal laboral "incidiendo de lleno en la materia relativa a la legislación laboral, cuya competencia corresponde al Estado", según el artículo 149.1.7ª de la Constitución. En la solicitud al Gobierno central también se hace referencia a la falta de competencia autonómica para la fijación unilateral de las condiciones de trabajo del personal laboral y funcionario sin haber negociado previamente las nuevas condiciones laborales de los 55.000 funcionarios murcianos.
Así, el dirigente de UGT afirmó que no existe una alteración sustancial de las condiciones económicas que justifique la citada ley, mientras que su homólogo en CCOO apuntó que el gobierno autonómico ha invocado la desviación del objetivo de déficit público "sin justificar ni razonar" la incidencia que supondrá la ley aprobada. Jiménez ha calculado en 137.500 horas semanales las que el gobierno regional reduce en cuanto a gasto, con la consiguiente repercusión para el personal interino o temporal, y Bueno estima que 1.500 puestos de trabajo se verían afectados con la ley en materias como sanidad y educación.
