nuevatribuna.es
2 de marzo de 2010, 16:22
NUEVATRIBUNA.ES- 02.03.2010
La patronal lanzó hoy la idea de un nuevo contrato de trabajo destinado a los jóvenes, e inspirado en el llamado contrato francés, un contrato sin indemnización por despido, ni cotizaciones sociales, y con un salario que equivaldría al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y una duración de seis meses -prorrogable a un año-, según adelantó hoy en el Congreso el dirigente de la patronal CEOE, José de la Cavada.
El nuevo contrato -que la patronal llevará a la mesa de Diálogo Social- se inspira en un contrato implantado en Francia –con el único rechazo de la CGT, significó De la Cavada-, y al que se han acogido ya un millón de jóvenes menores de 30 años, añadió.
“Si esa apuesta se hiciese por parte del Gobierno, nosotros seríamos generosos en la interpretación de ese contrato francés”, destacó el director de relaciones laborales de CEOE, al explicar las opciones que ese contrato tiene de implantarse en España.
De la Cavada manifestó que no confía en el éxito de esta iniciativa en España, según explicó hoy en el Congreso, en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Comisión parlamentaria adonde acudió a fijar la posición de la patronal respecto a las bonificaciones de los contratos de trabajo.
Además del llamado contrato francés, De la Cavada explicó que la patronal CEOE ha propuesto a los sindicatos en la mesa del Diálogo Social otro modelo de contrato, en este caso, con una indemnización creciente –que parte desde los 8 días por año trabajado y alcanza un tope de 45 días-, una propuesta que “tampoco ha tenido mucho éxito”, añadió.
Por otro lado, subrayó que los empresarios y los sindicatos siguen negociando una posible reforma laboral. En este marco, De la Cavada afirmó que los sindicatos se han opuesto a aceptar la descausalización en el caso del contrato de fomento del empleo, la gran apuesta del Gobierno en la nueva ronda del Diálogo Social, que debería cerrarse en el mes de abril.
Las restricciones al despido que contiene la figura del contrato de fomento del empleo explican su poca utilización desde que se implantó, en 1997. Más adelante, en 2002, el Gobierno Aznar instauró el llamado despido express, mediante el cual los empresarios pueden despedir sin causa a un trabajador -con un contrato indefinido convencional- siempre que estén dispuestos a pagar la indemnización de 45 días por año trabajado que acarrea un despido improcedente.
La patronal intenta sin éxito que los sindicatos acepten la descausalización del despido en el contrato de fomento del empleo, según informó De la Cavada.
REVISIÓN COMPLETA DE LAS BONIFICACIONES
Respecto a las bonificaciones, la patronal se mostró hoy favorable a cambiar la política de bonificaciones a la contratación, tal y como pretende el Gobierno. De hecho, todos los grupos políticos que participan en la Comisión de Trabajo del Congreso se mostraron de acuerdo con variar la política de bonificaciones y enviarán al Gobierno una propuesta en este sentido la próxima semana.
En este marco, la representante de Comisiones Obreras, Paloma López, apostó hoy por una “revisión completa” del sistema de bonificaciones que se viene utilizando en España y que ha perdido toda su eficacia en los últimos años. Para la sindicalista, las bonificaciones deberían tener “un carácter selectivo”. “El asunto es acertar en qué colectivos son bonificados”, explicó.
López explicó que Comisiones Obreras es partidaria de bonificar sólo la contratación de jóvenes (sobre todo hasta de 25 años), discapacitados y mujeres víctima de la violencia de género; y apostó por buscar financiación para las políticas activas de empleo sin tener en cuenta las restricciones asociadas al déficit, y en particular los límites exigidos por la Unión Europea (un 3 por ciento en 2013; frente al 11,4 por ciento actual en 2009).
En esta línea coincidió el representante de UGT, Toni Ferrer, quien pidió al PP “no plantear ecuaciones imposibles” en cuanto a la financiación de estas políticas de empleo. “No es que queramos déficit”, añadió. “Lo que no queremos es que nuestros nietos no paguen la deuda por plantear la salida a la crisis con demasiada premura ", significó, para lamentar a continuación que “el Gobierno no está precisamente por eso”.
Frontalmente opuesta fue la posición de CEOE, la patronal que aprovechó su comparecencia en la Comisión para pedir una rebaja generalizada de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social. Para los empresarios, el superávit de la Seguridad Social y el buen estado financiero de instrumentos como el Fondo de Garantía Social (FOGASA) y el Fondo de Prevención de Riesgos demuestran la “sobrecotización” que, a su juicio, pagan los empresarios a través de las cuotas.
La patronal lanzó hoy la idea de un nuevo contrato de trabajo destinado a los jóvenes, e inspirado en el llamado contrato francés, un contrato sin indemnización por despido, ni cotizaciones sociales, y con un salario que equivaldría al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y una duración de seis meses -prorrogable a un año-, según adelantó hoy en el Congreso el dirigente de la patronal CEOE, José de la Cavada.
El nuevo contrato -que la patronal llevará a la mesa de Diálogo Social- se inspira en un contrato implantado en Francia –con el único rechazo de la CGT, significó De la Cavada-, y al que se han acogido ya un millón de jóvenes menores de 30 años, añadió.
“Si esa apuesta se hiciese por parte del Gobierno, nosotros seríamos generosos en la interpretación de ese contrato francés”, destacó el director de relaciones laborales de CEOE, al explicar las opciones que ese contrato tiene de implantarse en España.
De la Cavada manifestó que no confía en el éxito de esta iniciativa en España, según explicó hoy en el Congreso, en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Comisión parlamentaria adonde acudió a fijar la posición de la patronal respecto a las bonificaciones de los contratos de trabajo.
Además del llamado contrato francés, De la Cavada explicó que la patronal CEOE ha propuesto a los sindicatos en la mesa del Diálogo Social otro modelo de contrato, en este caso, con una indemnización creciente –que parte desde los 8 días por año trabajado y alcanza un tope de 45 días-, una propuesta que “tampoco ha tenido mucho éxito”, añadió.
Por otro lado, subrayó que los empresarios y los sindicatos siguen negociando una posible reforma laboral. En este marco, De la Cavada afirmó que los sindicatos se han opuesto a aceptar la descausalización en el caso del contrato de fomento del empleo, la gran apuesta del Gobierno en la nueva ronda del Diálogo Social, que debería cerrarse en el mes de abril.
Las restricciones al despido que contiene la figura del contrato de fomento del empleo explican su poca utilización desde que se implantó, en 1997. Más adelante, en 2002, el Gobierno Aznar instauró el llamado despido express, mediante el cual los empresarios pueden despedir sin causa a un trabajador -con un contrato indefinido convencional- siempre que estén dispuestos a pagar la indemnización de 45 días por año trabajado que acarrea un despido improcedente.
La patronal intenta sin éxito que los sindicatos acepten la descausalización del despido en el contrato de fomento del empleo, según informó De la Cavada.
REVISIÓN COMPLETA DE LAS BONIFICACIONES
Respecto a las bonificaciones, la patronal se mostró hoy favorable a cambiar la política de bonificaciones a la contratación, tal y como pretende el Gobierno. De hecho, todos los grupos políticos que participan en la Comisión de Trabajo del Congreso se mostraron de acuerdo con variar la política de bonificaciones y enviarán al Gobierno una propuesta en este sentido la próxima semana.
En este marco, la representante de Comisiones Obreras, Paloma López, apostó hoy por una “revisión completa” del sistema de bonificaciones que se viene utilizando en España y que ha perdido toda su eficacia en los últimos años. Para la sindicalista, las bonificaciones deberían tener “un carácter selectivo”. “El asunto es acertar en qué colectivos son bonificados”, explicó.
López explicó que Comisiones Obreras es partidaria de bonificar sólo la contratación de jóvenes (sobre todo hasta de 25 años), discapacitados y mujeres víctima de la violencia de género; y apostó por buscar financiación para las políticas activas de empleo sin tener en cuenta las restricciones asociadas al déficit, y en particular los límites exigidos por la Unión Europea (un 3 por ciento en 2013; frente al 11,4 por ciento actual en 2009).
En esta línea coincidió el representante de UGT, Toni Ferrer, quien pidió al PP “no plantear ecuaciones imposibles” en cuanto a la financiación de estas políticas de empleo. “No es que queramos déficit”, añadió. “Lo que no queremos es que nuestros nietos no paguen la deuda por plantear la salida a la crisis con demasiada premura ", significó, para lamentar a continuación que “el Gobierno no está precisamente por eso”.
Frontalmente opuesta fue la posición de CEOE, la patronal que aprovechó su comparecencia en la Comisión para pedir una rebaja generalizada de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social. Para los empresarios, el superávit de la Seguridad Social y el buen estado financiero de instrumentos como el Fondo de Garantía Social (FOGASA) y el Fondo de Prevención de Riesgos demuestran la “sobrecotización” que, a su juicio, pagan los empresarios a través de las cuotas.
