nuevatribuna.es
18 de mayo de 2010, 12:22
NUEVATRIBUNA.ES/ L.M.- 18.05.2010
La esperanza de un acuerdo se evapora sobre la mesa de la concertación social. Una escalada de reproches y acusaciones prepara el terreno para un final amargo a la reforma laboral. La negociación ni siquiera cuenta ya con el concurso del Gobierno, según denuncian las organizaciones sindicales, muy críticas con el Ejecutivo y con los empresarios, a quienes acusan de intentar sacar tajada del pavoroso ajuste fiscal que afecta a España. Todo ello con un final previsto, según destacan otros. El próximo otoño, una huelga general culminará meses de desencuentros en torno a la reforma del cuestionado mercado de trabajo español.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, convocó hoy de urgencia para el próximo jueves 20 de junio al resto de actores que participan en la reforma de la normativa laboral, un conjunto de leyes que rigen el mercado de trabajo español, donde se han perdido más de 2 millones de empleos en los últimos dos años, en buena medida procedentes de la Construcción.
Arruinado el maná del ‘ladrillo’, la esperanza de una reforma pactada del mercado de trabajo semeja un espejismo a estas alturas, cuando el Gobierno se dispone a aprobar el jueves el recorte de salarios de los empleados públicos. El ajuste, un auténtico casus belli para los sindicatos, hace temer a los representantes sindicales que los empresarios sigan el ejemplo marcado por el Gobierno y se descuelguen de las subidas salariales acordadas hace un par de meses.
En este sentido, el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, fue hoy muy claro al afirmar que el Gobierno ya maneja un borrador de la reforma laboral, al margen de lo negociado desde febrero por empresarios y sindicatos, en la segunda ronda del diálogo social, tras el fracaso del verano pasado.
La crisis fiscal española ha hecho saltar los avances en el acuerdo. Los problemas del jefe de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán –empresario en graves apuros-, seis años de concertación impulsados por el Ejecutivo, largas negociaciones de la mesa actual. Todo se ha visto dinamitado por la negativa de los mercados financieros a financiar la vertiginosa deuda española. Una espiral que ascendió hoy un nuevo peldaño al no llegar el Tesoro a colocar por completo una emisión de Letras, pese al alto precio pagado.
Los sindicatos tratan de salvar in extremis un pacto herido de muerte después de que el Gobierno anunciara la semana pasada el cambio de rumbo de su política económica. Sin embargo, “las posiciones en la mesa no parecen aventurar un desenlace favorable”, avanzó ayer Toni Ferrer, ‘número dos’ de UGT, quien criticó los “nefastos efectos” que tendrán los “injustos” recortes sociales del Gobierno, que incluyen una congelación de las pensiones, el recorte de la inversión y recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia, entre otras medidas.
Las centrales sindicales temen que la patronal aproveche la crisis fiscal del Estado para empujar al Gobierno a aprobar la reforma laboral que le reclaman los mercado, muy lesiva para los derechos de los trabajadores. Las centrales se malician que los patrones aprovecharán además el recorte al salario de de los funcionarios para hacer lo propio en el ámbito privado, y se descuelguen de hecho del acuerdo sobre la negociación colectiva firmado hace apenas unos meses.
“No se puede estar más tiempo negociando”, dijo este lunes el jefe de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, en relación con la reforma laboral. “El Gobierno debería tomar las riendas y reformar el mercado de trabajo, bien directamente (vía decreto ley) o a través del Parlamento”, urgió el líder patronal.
El órdago empresarial obtuvo hoy respuesta por parte de Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones. Tras participar en una asamblea de delegados, como anticipo del programa de movilizaciones generales que, según algunos, culminará el próximo otoño en una huelga general, Toxo respondió que la “huelga general” se encuentra hoy “más cerca” que la semana pasada, y espetó a Ferrán que la reforma laboral urgida por los patrones “no pasará el filtro del Parlamento por falta de consenso”.
Sindicatos y empresarios tantean sus apoyos, tanto en el arco parlamentario, como fuera de él. En la función pública, donde ya se ha convocado un paro general, las organizaciones sindicales retrasaron ayer la convocatoria de huelga hasta el día 8 de junio, a la espera de conocer detalles del recorte del Gobierno que ‘limpiará’ un 5 por ciento de media la nómina de 2,8 millones de personas que trabajan en España en la función pública.
La tensión crece ante el duro plan de ajuste, incluso entre distintos organismos del Estado. Así, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, contestó hoy al consejero del Banco de España, Guillem López Casasnovas, que ayer pidió congelar los derechos laborales por dos años para fomentar la contratación hasta que escampe la crisis. ‘Zapatero a tus zapatos’, vino a decir Corbacho al supervisor español, a quien recordó el retraso que sufre el programa de reestructuración de las cajas, y sus efectos sobre el crédito.
Por otro lado, Corbacho negó que el Gobierno haya dado un “ultimátum” a los negociadores de la reforma laboral. Sin embargo, el Ministro cerró la puerta al acuerdo en dos fases que los sindicatos le vienen reclamando. Por el contrario, anticipó el titular de Trabajo, el Ejecutivo trabaja para cerrar un acuerdo “en todas y cada una de las materias” que descansan sobre la mesa de negociación.
“Una vez que se llegue a un acuerdo, se concretará en un instrumento jurídico que corresponda”, añadió Corbacho. Declaraciones poco “fiables” para los sindicatos, que prestaron más atención a la segunda parte de la frase: un instrumento jurídico. El temido ’decretazo’, temido por los sindicatos, y que ya provocara alguna huelga general las pasadas décadas. La solución, dentro de unos días.
La esperanza de un acuerdo se evapora sobre la mesa de la concertación social. Una escalada de reproches y acusaciones prepara el terreno para un final amargo a la reforma laboral. La negociación ni siquiera cuenta ya con el concurso del Gobierno, según denuncian las organizaciones sindicales, muy críticas con el Ejecutivo y con los empresarios, a quienes acusan de intentar sacar tajada del pavoroso ajuste fiscal que afecta a España. Todo ello con un final previsto, según destacan otros. El próximo otoño, una huelga general culminará meses de desencuentros en torno a la reforma del cuestionado mercado de trabajo español.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, convocó hoy de urgencia para el próximo jueves 20 de junio al resto de actores que participan en la reforma de la normativa laboral, un conjunto de leyes que rigen el mercado de trabajo español, donde se han perdido más de 2 millones de empleos en los últimos dos años, en buena medida procedentes de la Construcción.
Arruinado el maná del ‘ladrillo’, la esperanza de una reforma pactada del mercado de trabajo semeja un espejismo a estas alturas, cuando el Gobierno se dispone a aprobar el jueves el recorte de salarios de los empleados públicos. El ajuste, un auténtico casus belli para los sindicatos, hace temer a los representantes sindicales que los empresarios sigan el ejemplo marcado por el Gobierno y se descuelguen de las subidas salariales acordadas hace un par de meses.
En este sentido, el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, fue hoy muy claro al afirmar que el Gobierno ya maneja un borrador de la reforma laboral, al margen de lo negociado desde febrero por empresarios y sindicatos, en la segunda ronda del diálogo social, tras el fracaso del verano pasado.
La crisis fiscal española ha hecho saltar los avances en el acuerdo. Los problemas del jefe de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán –empresario en graves apuros-, seis años de concertación impulsados por el Ejecutivo, largas negociaciones de la mesa actual. Todo se ha visto dinamitado por la negativa de los mercados financieros a financiar la vertiginosa deuda española. Una espiral que ascendió hoy un nuevo peldaño al no llegar el Tesoro a colocar por completo una emisión de Letras, pese al alto precio pagado.
Los sindicatos tratan de salvar in extremis un pacto herido de muerte después de que el Gobierno anunciara la semana pasada el cambio de rumbo de su política económica. Sin embargo, “las posiciones en la mesa no parecen aventurar un desenlace favorable”, avanzó ayer Toni Ferrer, ‘número dos’ de UGT, quien criticó los “nefastos efectos” que tendrán los “injustos” recortes sociales del Gobierno, que incluyen una congelación de las pensiones, el recorte de la inversión y recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia, entre otras medidas.
Las centrales sindicales temen que la patronal aproveche la crisis fiscal del Estado para empujar al Gobierno a aprobar la reforma laboral que le reclaman los mercado, muy lesiva para los derechos de los trabajadores. Las centrales se malician que los patrones aprovecharán además el recorte al salario de de los funcionarios para hacer lo propio en el ámbito privado, y se descuelguen de hecho del acuerdo sobre la negociación colectiva firmado hace apenas unos meses.
“No se puede estar más tiempo negociando”, dijo este lunes el jefe de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, en relación con la reforma laboral. “El Gobierno debería tomar las riendas y reformar el mercado de trabajo, bien directamente (vía decreto ley) o a través del Parlamento”, urgió el líder patronal.
El órdago empresarial obtuvo hoy respuesta por parte de Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones. Tras participar en una asamblea de delegados, como anticipo del programa de movilizaciones generales que, según algunos, culminará el próximo otoño en una huelga general, Toxo respondió que la “huelga general” se encuentra hoy “más cerca” que la semana pasada, y espetó a Ferrán que la reforma laboral urgida por los patrones “no pasará el filtro del Parlamento por falta de consenso”.
Sindicatos y empresarios tantean sus apoyos, tanto en el arco parlamentario, como fuera de él. En la función pública, donde ya se ha convocado un paro general, las organizaciones sindicales retrasaron ayer la convocatoria de huelga hasta el día 8 de junio, a la espera de conocer detalles del recorte del Gobierno que ‘limpiará’ un 5 por ciento de media la nómina de 2,8 millones de personas que trabajan en España en la función pública.
La tensión crece ante el duro plan de ajuste, incluso entre distintos organismos del Estado. Así, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, contestó hoy al consejero del Banco de España, Guillem López Casasnovas, que ayer pidió congelar los derechos laborales por dos años para fomentar la contratación hasta que escampe la crisis. ‘Zapatero a tus zapatos’, vino a decir Corbacho al supervisor español, a quien recordó el retraso que sufre el programa de reestructuración de las cajas, y sus efectos sobre el crédito.
Por otro lado, Corbacho negó que el Gobierno haya dado un “ultimátum” a los negociadores de la reforma laboral. Sin embargo, el Ministro cerró la puerta al acuerdo en dos fases que los sindicatos le vienen reclamando. Por el contrario, anticipó el titular de Trabajo, el Ejecutivo trabaja para cerrar un acuerdo “en todas y cada una de las materias” que descansan sobre la mesa de negociación.
“Una vez que se llegue a un acuerdo, se concretará en un instrumento jurídico que corresponda”, añadió Corbacho. Declaraciones poco “fiables” para los sindicatos, que prestaron más atención a la segunda parte de la frase: un instrumento jurídico. El temido ’decretazo’, temido por los sindicatos, y que ya provocara alguna huelga general las pasadas décadas. La solución, dentro de unos días.
