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16 de mayo de 2010, 11:04
NUEVATRIBUNA.ES - 13.05.2010
Activa, la asociación de damnificados por el cierre del fondo Santander Banif Inmobiliario, ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional en el que acusa al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, de actuar “en concierto” con el Banco de Santander al autorizar el cierre del fondo en 2009, una decisión que mantiene privados de sus ahorros desde entonces a cerca de 43.000 personas.
El recurso presentado este martes por la Asociación acusa además al Santander de vender un fondo basado en un sistema de naturaleza “piramidal” y reclama la nulidad de la decisión de la CNMV, por la cual se autorizó la suspensión de reembolsos del que fuera el mayor fondo de inversión español de su categoría, en marzo de 2009, tras el intento masivo por parte de los partícipes de abandonar el fondo.
Según los partícipes, el presidente de la CNMV, Julio Segura, actuó “en concierto” con el Banco de Santander en el proceso que dio lugar al cierre del fondo Santander Banif Inmobiliario. Fruto de esta decisión, que vino marcada por la “ligereza irreflexiva” por parte del supervisor financiero, la gestora del Banco de Santander pudo iniciar la liquidación de un fondo que Santander concibió como un negocio basado en un esquema de naturaleza "piramidal”, afirma la Asociación en su demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia.
Todo ello, continúa la demanda, a la que ha tenido acceso nuevatribuna.es, después de que el Banco de Santander se embolsase “la totalidad de los ingresos netos por alquileres” de los edificios que eran patrimonio del fondo, en forma de comisiones. Y después de facilitar, en octubre de 2008, la salida de “unos cuantos privilegiados y bien informados partícipes” que representaban un 17 por ciento del total del patrimonio.
Según la demanda, que ha contado con Juan Manuel Moreno-Luque como letrado director, el caso Santander Banif Inmobiliario “constituye un caso de escuela de desviación de poder” por parte del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura.
De acuerdo al escrito, la CNMV, en lugar de velar por la “protección de los inversores”, tal y como le obliga la Ley, provocó con su autorización la “indefensión” de los partícipes, al dar “cobertura” a un liquidación del fondo -sin disolución-, que ha dejado a la postre a 43.000 personas sin la posibilidad, hasta el momento, de recuperar sus ahorros.
El intento masivo de abandonar la inversión provocó el cierre del fondo en marzo de 2009. La CNMV, que autorizó la operación, dio entonces luz verde a la suspensión de reembolsos para permitir la venta de los edificios arrendados por el fondo. Con el importe de estas ventas, el Santander pretende devolver la inversión a los partícipes en el plazo máximo de dos años.
Según relata la demanda en sus fundamentos de derecho, la CNMV autorizó “en unas horas” la suspensión de reembolsos del fondo en marzo de 2009. Además, el supervisor financiero dio “carta blanca” al Santander para “iniciar al día siguiente, sin control alguno, un proceso de liquidación, sin previa disolución del fondo”.
Los partícipes recelan de la independencia de la gestora de Santander Banif Inmobiliario, obligada también por ley a velar por los derechos de los partícipes. “El colapso del fondo sigue gestionado por una gestora y una depositaria no independientes”, afirman en su demanda ante la Audiencia Nacional.
Esta afirmación, añaden, se sustenta en un documento público de la propia gestora –sus cuentas anuales de 2008-, donde admite que “las principales decisiones estratégicas y de negocio [de la gestora] son tomadas desde la sociedad última dominante –Banco de Santander S.A-”.
Respecto a la actuación del Santander, la demanda es contundente. Moreno-Luque –autor de diversos trabajos donde denuncia el funcionamiento de la industria financiera- carga contra un fondo que estaba, en su opinión, “abocado al fracaso” y que sólo pudo funcionar de acuerdo a un esquema de naturaleza "piramidal”.
PÁNICO ENTRE LOS PARTÍCIPES
Según la demanda, el Banco de Santander, “cuando se sintió incapaz de mantener” su modelo de negocio, “provocó (…) el pánico entre los partícipes, y el colapso y el cierre del fondo”. “Ni Kafka hubiera imaginado”, continúa la demanda, una situación por la cual 43.000 partícipes quedaron, “sin voz y sin voto”, en manos de la gestora y el depositario del fondo, que les cobran además “una desorbitada remuneración” por liquidar el patrimonio.
Un “caso límite” incluso entre la industria financiera española donde, asegura el documento, “se viola sistemáticamente” el principio de prioridad de los partícipes.
“No es extraño que los fondos financieros se hayan desplomado en nuestro país”, afirma. Tras comparar el caso español –“un caso ‘de escuela’ de fraude de ley”- con los fondos de otros países, como Estados Unidos o Alemania, Moreno-Luque asegura que la industria financiera española “invoca como cobertura del fraude la norma que le es más favorable” para el cobro de comisiones abusivas.
Según los datos manejados por Activa, “los fondos de inversión inmobiliaria alemanes se recuperaron en pocos meses de la crisis de otoño de 2008, levantando la suspensión de reembolsos en la primavera de 2009”.
En el caso español, “además del despropósito económico”, continúa la demanda, “estamos ante un caso ‘de escuela’ de fraude de ley”, insiste.
EXPEDIENTE SECRETO
La demanda de los partícipes damnificados por la suspensión de reembolsos de Santander Banif Inmobiliario critica la labor de la CNMV, que “mantiene secretos cinco (…) de los siete documentos del expediente” por el cual se autorizó la suspensión de reembolsos. Además, reclama la nulidad de la resolución que autorizó el cierre del fondo por parte de su presidente, Julio Segura. Y exige que se dé retrotraiga el proceso hasta un momento previo a la decisión, el 16 de diciembre de 2008.
Además, los partícipes reclaman a la Audiencia Nacional que reconozca el derecho de los partícipes a reclamar una indemnización.
Según los partícipes, Julio Segura ejerció su poder al frente del organismo supervisor financiero español con “fines distintos” a los fijados por la Ley, lo que constituye, en su opinión, un caso de “desviación de poder”.
“No es posible suspender los reembolsos de un fondo para su continuidad, estabilidad y buena gestión, y al mismo tiempo permitir la liquidación –sin disolución- de un 96,8 por ciento de su patrimonio”, concluye.
Activa, la asociación de damnificados por el cierre del fondo Santander Banif Inmobiliario, ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional en el que acusa al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, de actuar “en concierto” con el Banco de Santander al autorizar el cierre del fondo en 2009, una decisión que mantiene privados de sus ahorros desde entonces a cerca de 43.000 personas.
El recurso presentado este martes por la Asociación acusa además al Santander de vender un fondo basado en un sistema de naturaleza “piramidal” y reclama la nulidad de la decisión de la CNMV, por la cual se autorizó la suspensión de reembolsos del que fuera el mayor fondo de inversión español de su categoría, en marzo de 2009, tras el intento masivo por parte de los partícipes de abandonar el fondo.
Según los partícipes, el presidente de la CNMV, Julio Segura, actuó “en concierto” con el Banco de Santander en el proceso que dio lugar al cierre del fondo Santander Banif Inmobiliario. Fruto de esta decisión, que vino marcada por la “ligereza irreflexiva” por parte del supervisor financiero, la gestora del Banco de Santander pudo iniciar la liquidación de un fondo que Santander concibió como un negocio basado en un esquema de naturaleza "piramidal”, afirma la Asociación en su demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia.
Todo ello, continúa la demanda, a la que ha tenido acceso nuevatribuna.es, después de que el Banco de Santander se embolsase “la totalidad de los ingresos netos por alquileres” de los edificios que eran patrimonio del fondo, en forma de comisiones. Y después de facilitar, en octubre de 2008, la salida de “unos cuantos privilegiados y bien informados partícipes” que representaban un 17 por ciento del total del patrimonio.
Según la demanda, que ha contado con Juan Manuel Moreno-Luque como letrado director, el caso Santander Banif Inmobiliario “constituye un caso de escuela de desviación de poder” por parte del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura.
De acuerdo al escrito, la CNMV, en lugar de velar por la “protección de los inversores”, tal y como le obliga la Ley, provocó con su autorización la “indefensión” de los partícipes, al dar “cobertura” a un liquidación del fondo -sin disolución-, que ha dejado a la postre a 43.000 personas sin la posibilidad, hasta el momento, de recuperar sus ahorros.
El intento masivo de abandonar la inversión provocó el cierre del fondo en marzo de 2009. La CNMV, que autorizó la operación, dio entonces luz verde a la suspensión de reembolsos para permitir la venta de los edificios arrendados por el fondo. Con el importe de estas ventas, el Santander pretende devolver la inversión a los partícipes en el plazo máximo de dos años.
Según relata la demanda en sus fundamentos de derecho, la CNMV autorizó “en unas horas” la suspensión de reembolsos del fondo en marzo de 2009. Además, el supervisor financiero dio “carta blanca” al Santander para “iniciar al día siguiente, sin control alguno, un proceso de liquidación, sin previa disolución del fondo”.
Los partícipes recelan de la independencia de la gestora de Santander Banif Inmobiliario, obligada también por ley a velar por los derechos de los partícipes. “El colapso del fondo sigue gestionado por una gestora y una depositaria no independientes”, afirman en su demanda ante la Audiencia Nacional.
Esta afirmación, añaden, se sustenta en un documento público de la propia gestora –sus cuentas anuales de 2008-, donde admite que “las principales decisiones estratégicas y de negocio [de la gestora] son tomadas desde la sociedad última dominante –Banco de Santander S.A-”.
Respecto a la actuación del Santander, la demanda es contundente. Moreno-Luque –autor de diversos trabajos donde denuncia el funcionamiento de la industria financiera- carga contra un fondo que estaba, en su opinión, “abocado al fracaso” y que sólo pudo funcionar de acuerdo a un esquema de naturaleza "piramidal”.
PÁNICO ENTRE LOS PARTÍCIPES
Según la demanda, el Banco de Santander, “cuando se sintió incapaz de mantener” su modelo de negocio, “provocó (…) el pánico entre los partícipes, y el colapso y el cierre del fondo”. “Ni Kafka hubiera imaginado”, continúa la demanda, una situación por la cual 43.000 partícipes quedaron, “sin voz y sin voto”, en manos de la gestora y el depositario del fondo, que les cobran además “una desorbitada remuneración” por liquidar el patrimonio.
Un “caso límite” incluso entre la industria financiera española donde, asegura el documento, “se viola sistemáticamente” el principio de prioridad de los partícipes.
“No es extraño que los fondos financieros se hayan desplomado en nuestro país”, afirma. Tras comparar el caso español –“un caso ‘de escuela’ de fraude de ley”- con los fondos de otros países, como Estados Unidos o Alemania, Moreno-Luque asegura que la industria financiera española “invoca como cobertura del fraude la norma que le es más favorable” para el cobro de comisiones abusivas.
Según los datos manejados por Activa, “los fondos de inversión inmobiliaria alemanes se recuperaron en pocos meses de la crisis de otoño de 2008, levantando la suspensión de reembolsos en la primavera de 2009”.
En el caso español, “además del despropósito económico”, continúa la demanda, “estamos ante un caso ‘de escuela’ de fraude de ley”, insiste.
EXPEDIENTE SECRETO
La demanda de los partícipes damnificados por la suspensión de reembolsos de Santander Banif Inmobiliario critica la labor de la CNMV, que “mantiene secretos cinco (…) de los siete documentos del expediente” por el cual se autorizó la suspensión de reembolsos. Además, reclama la nulidad de la resolución que autorizó el cierre del fondo por parte de su presidente, Julio Segura. Y exige que se dé retrotraiga el proceso hasta un momento previo a la decisión, el 16 de diciembre de 2008.
Además, los partícipes reclaman a la Audiencia Nacional que reconozca el derecho de los partícipes a reclamar una indemnización.
Según los partícipes, Julio Segura ejerció su poder al frente del organismo supervisor financiero español con “fines distintos” a los fijados por la Ley, lo que constituye, en su opinión, un caso de “desviación de poder”.
“No es posible suspender los reembolsos de un fondo para su continuidad, estabilidad y buena gestión, y al mismo tiempo permitir la liquidación –sin disolución- de un 96,8 por ciento de su patrimonio”, concluye.
