El dato del IPC constata el funcionamiento anómalo y enfermizo de nuestra economía, como consecuencia de la política económica que se está aplicando. El bajo consumo obedece a las dificultades de las familias para reducir su endeudamiento, por la pérdida de empleo, la caída de las rentas y la falta de confianza de los ciudadanos ante una recuperación que no perciben.
Para evitar la deflación e incentivar la demanda UGT reclama otra política. A nivel europeo es preciso un ambicioso plan de inversiones, en línea con el propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos, reconsiderar los plazos de consolidación fiscal y actuaciones en el ámbito fiscal y en la política de rentas.
En España, también es preciso cambiar la política fiscal y presupuestaria porque hacen falta ingresos y porque las prioridades deben ser crear empleo y reforzar la protección social, para erradicar la creciente pobreza y desigualdad. Asimismo, es imprescindible una mejora salarial, algo que debe estar en el centro del contenido de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
El dato del IPC del mes de octubre sigue mostrando una inflación congelada como consecuencia de la falta de consumo en España. Esto es así debido a las persistentes dificultades de las familias para reducir su endeudamiento; a la pérdida de empleo y a la caída de los salarios en los últimos años, su principal fuente de renta; y también a las serias dudas que tienen sobre la certeza de una recuperación que el gobierno lleva meses dando por cierta y robusta pero que la población mayoritariamente ni ve ni mucho menos percibe. Los hogares aún tienen verdaderos problemas de supervivencia, y siguen sin ver la salida. La nula subida de precios es por tanto un síntoma de un funcionamiento anómalo y enfermizo de la economía española y europea, provocado en buena parte y agravado por la incapacidad del gobierno y de las instituciones europeas para adoptar las medidas necesarias.
Para salir de esta situación es necesario cambiar la política fiscal en Europa, con un potente plan de inversiones coordinado y relajando los plazos de consolidación presupuestaria; reorientar la política presupuestaria y fiscal en España, generando más ingresos por la vía tributaria y dedicando más fondos a la promoción de empleo y protección social; y cambiar el paso de la política de rentas de marera extensiva, elevando el salario mínimo interprofesional, aumentando el salario de los empleados públicos y estableciendo un plan de recuperación del poder adquisitivo perdido en la etapa de crisis y promoviendo una negociación colectiva en la empresas que tenga entre sus objetivos la ganancia de poder de compra de los salarios, como palanca esencial de reactivación de la demanda de los hogares.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de octubre ha aumentado cinco décimas respecto a septiembre, lo que supone un incremento mensual superior en una décima al registrado en octubre de 2013. Con ello, la tasa anual sube una décima, pero mantiene su situación negativa al pasar de -0,2% a -0,1%. Ya van cuatro meses consecutivos registrando descensos de los precios en términos interanuales.
Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, ha aumentado ocho décimas en el mes, pero en términos interanuales permanece en el -0,1% por segundo mes. Este es un indicador que refleja que la atonía de los precios tiene causas estructurales, que es la falta de actividad y consumo.
En cuanto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), ha aumentado una décima respecto al mes de septiembre, situando su tasa anual en el -0,2%. De este modo, el IPCA de España se sitúa seis décimas por debajo de la tasa media de la eurozona (0,4%), con lo que ya lleva catorce meses con un diferencial negativo.
Valoración
Los datos del IPC de octubre muestran la continuidad de una situación enquistada desde hace ya muchos meses, y que supone que nuestra economía sigue al borde de la deflación, a pesar del incipiente crecimiento económico. Este es un riesgo real, del que alertan ya en numerosas instituciones de análisis y organismos internacionales, que tendría graves consecuencias y frenaría la recuperación de la actividad y la creación de empleo.
Una inflación en niveles moderados es en principio positiva, porque permite mejorar la competitividad empresarial y ayuda a que las rentas ganen poder de compra. Pero el problema es la causa de esta contracción de los precios, que no es el buen funcionamiento de los mercados y sus sistemas de formación de precios, sino la falta de demanda y unas expectativas con muchos riesgos. Por otro lado, una inflación tan baja (negativa en la actualidad) dificulta la reducción del endeudamiento, porque encarece su devolución (hace mayor el capital a devolver en términos reales).
El Banco Central Europeo ha entendido bien la situación existente, que no solo atenaza a España, sino a otros países de la zona euro, en especial a aquellos más castigados por la crisis (lo que indica el carácter estructural de la misma, enraizado con la situación depresiva que hemos atravesado). Por eso esta institución ha cambiado acertadamente la política monetaria, bajando los tipos al mínimo, encareciendo la paralización de fondos bancarios en sus cuentas, habilitando estrategias más directas de crédito para incentivar la inversión empresarial y caminando progresivamente hacia un programa extenso de compra de activos; todo ello para inyectar liquidez en la economía e impulsar la demanda. Pero su Presidente ya ha dicho que todo ello, por sí solo, no será suficiente para relanzar las economías europeas.
Complementariamente se requieren actuaciones en el terreno fiscal y en la política de rentas.
De un lado, es necesario que la Comisión ponga en marcha de una vez un ambicioso plan de inversiones coordinado para toda Europa, que debe ir más allá en su dotación que el propuesto por el nuevo Presidente Juncker, y por supuesto implementarse con carácter de urgencia, porque la situación es efectivamente perentoria. Igualmente, debe reconsiderar los plazos de consolidación fiscal, demostrando con hechos que efectivamente el empleo es lo primero. La mejor propuesta práctica para desarrollar esta iniciativa sigue siendo el plan propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con el título de "Un nuevo camino para Europa”, que plantea inversiones adicionales durante un período de 10 años, y que posibilitaría la creación de 11 millones de empleos en la UE.
Por otro lado, el Gobierno debería cambiar su política fiscal y presupuestaria. Primero, retirando su reforma fiscal, que supondrá una pérdida de recursos inadmisible en una situación de dificultades financieras y déficit estructurales en partidas esenciales para el bienestar social y el desarrollo como la que mantiene España, y llevando a cabo una alternativa que suponga más ingresos y una distribución de esfuerzos más justa. Segundo, reordenando las prioridades de gasto presupuestario, para hacer de la creación de empleo y la erradicación de las situaciones más graves de pobreza y desigualdad la prioridad, a la vez que refuerza nuestro sistema de protección social, gravemente dañado por el efecto de la crisis y por las perniciosas medidas que ha adoptado desde 2012.
En este sentido, el Gobierno debe asegurar que los Presupuestos para 2015 contienen las dotaciones necesarias para desarrollar el amplio paquete de iniciativas contenidas en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que suscribió junto a las organizaciones empresariales y sindicales en julio de este año, y que está en fase de negociación para su activación.
Por último, la política de rentas general debe adecuarse a la nueva etapa del ciclo económico y a las necesidades de reactivar la demanda y la creación de empleo. Ello exige que los salarios ganen poder de compra, tras haber sufrido una fuerte contracción desde 2010. Los datos son incontestables. Desde 2010 el salario medio por trabajador ha perdido 7,1 puntos de poder de compra.
Por su parte, el salario mínimo interprofesional también ha caído en términos reales en esa etapa: desde 2010 acumula una pérdida de poder adquisitivo de 5,1 puntos.
También los empleados públicos han sufrido una fuerte pérdida de poder de compra debido a las decisiones de los gobiernos (subidas nulas, eliminación de pagas extras, retirada de complementos) que en los últimos cinco años supone, según el colectivo, entre un 17 y un 24%.
Sin una reactivación de la demanda de las familias no es posible salir de la crisis. Por eso es imprescindible que los salarios aumenten en términos reales en este momento. La mejora salarial es garantía de más crecimiento, más empleo y más justicia en el reparto de la tarta del crecimiento y la riqueza nacional, de la que cada vez se llevan más parte los excedentes de las empresas y las rentas de los propietarios.
Por ello, la mejora salarial debe estar en el centro del contenido de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que estamos en estos momentos negociando las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT Y CCOO, para sustituir el vigente en el período 2012-2014, que tenía otra lógica porque respondía a otra etapa del ciclo y otras necesidades de las empresas y la economía en general. Ahora toca crecer más y de forma más equilibrada, crear más y mejor empleo y potenciar un cambio de nuestro modelo de crecimiento de futuro. Y para todo ello, los salarios deben crecer en términos reales.
