nuevatribuna.es
21 de septiembre de 2010, 2:03
NUEVATRIBUNA.ES - 20.09.2010
La reforma laboral no servirá para reducir las desmesuradas cifras de desempleo y de temporalidad y, por el contrario, va a generar un deterioro de las condiciones de trabajo, según un manifiesto firmado por un grupo de inspectores de Trabajo.
Según argumentan, la "resurrección" pretendida del contrato del fomento de la contratación indefinida, con una indemnización por despido de 33 días por año, "no va a fomentar la contratación indefinida", como, a su juicio, demuestran los datos de los primeros meses de aplicación de la reforma.
Además, señalan que las novedades introducidas para frenar la temporalidad, como la limitación del contrato por obra a tres años o la subida de la indemnización por fin de contrato a dos días por año, no estarán plenamente vigentes hasta 2015 y no inciden en las verdaderas causas del abuso de la contratación temporal: el amparo de una amplia regulación legal y la debilidad del derecho sancionador para los supuestos de contratación en fraude de Ley.
Y lejos de solucionar los grandes problemas del mercado laboral, la reforma ocasionará, según estos inspectores, un deterioro de las condiciones de trabajo, básicamente porque "introduce notables ventajas para el empresariado y ninguna mejora para los trabajadores".
MÁS DESPIDOS Y MÁS BARATOS.
En primer lugar, el manifiesto explica que la flexibilidad que introduce en las causas del despido y el pago de parte de las indemnizaciones por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) "busca más despidos objetivos y más baratos".
A continuación, los inspectores denuncian que la pretensión de eliminar la negociación colectiva sectorial o provincial para potenciar únicamente la empresarial sólo aspira a "conseguir una rebaja generalizada de salarios por la vía de la inexistencia de convenios" y, por tanto de todo régimen salarial, en tanto que muchos trabajadores de pymes no tendrán suficiente fuerza para negociar convenios a nivel de empresa.
Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Ejecutivo "tenderá la mano" a los sindicatos después de la huelga general convocada para el 29 de septiembre porque, más allá de la "evidente discrepancia" que mantienen sobre la reforma laboral, los representantes de los trabajadores, en estos tiempos difíciles, "tienen mucho que decir y el Gobierno les va a escuchar".
Sin embargo, el diálogo con los sindicatos no contará con uno de sus interlocutores habituales. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dejará el cargo entre el 15 y el 30 de octubre, según ha explicado este lunes, tras la huelga general del 29 de septiembre pero antes de que el Pacto de Toledo haga público su dictamen sobre la reforma del sistema de pensiones.
En una entrevista de Catalunya Ràdio, el ministro ha argumentado: "No depende solo de mi agenda; cuando una persona deja de ser ministro hay un conjunto de cuestiones jurídicas y formales" para realizar el relevo. "Entre el 15 y el 30, cuando el presidente del Gobierno lo considere, será el día que dejaré de ser ministro", ha constatado.
Los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo celebrarán una primera sesión de trabajo los días 6 y 7 de octubre para comenzar la redacción definitiva del informe que recoja las propuestas acordadas entre los distintos grupos para reformar el sistema de pensiones, si bien no esperan cerrar un documento que puedan remitir al Gobierno al menos hasta mediados de noviembre.
La reforma laboral no servirá para reducir las desmesuradas cifras de desempleo y de temporalidad y, por el contrario, va a generar un deterioro de las condiciones de trabajo, según un manifiesto firmado por un grupo de inspectores de Trabajo.
Según argumentan, la "resurrección" pretendida del contrato del fomento de la contratación indefinida, con una indemnización por despido de 33 días por año, "no va a fomentar la contratación indefinida", como, a su juicio, demuestran los datos de los primeros meses de aplicación de la reforma.
Además, señalan que las novedades introducidas para frenar la temporalidad, como la limitación del contrato por obra a tres años o la subida de la indemnización por fin de contrato a dos días por año, no estarán plenamente vigentes hasta 2015 y no inciden en las verdaderas causas del abuso de la contratación temporal: el amparo de una amplia regulación legal y la debilidad del derecho sancionador para los supuestos de contratación en fraude de Ley.
Y lejos de solucionar los grandes problemas del mercado laboral, la reforma ocasionará, según estos inspectores, un deterioro de las condiciones de trabajo, básicamente porque "introduce notables ventajas para el empresariado y ninguna mejora para los trabajadores".
MÁS DESPIDOS Y MÁS BARATOS.
En primer lugar, el manifiesto explica que la flexibilidad que introduce en las causas del despido y el pago de parte de las indemnizaciones por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) "busca más despidos objetivos y más baratos".
A continuación, los inspectores denuncian que la pretensión de eliminar la negociación colectiva sectorial o provincial para potenciar únicamente la empresarial sólo aspira a "conseguir una rebaja generalizada de salarios por la vía de la inexistencia de convenios" y, por tanto de todo régimen salarial, en tanto que muchos trabajadores de pymes no tendrán suficiente fuerza para negociar convenios a nivel de empresa.
Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Ejecutivo "tenderá la mano" a los sindicatos después de la huelga general convocada para el 29 de septiembre porque, más allá de la "evidente discrepancia" que mantienen sobre la reforma laboral, los representantes de los trabajadores, en estos tiempos difíciles, "tienen mucho que decir y el Gobierno les va a escuchar".
Sin embargo, el diálogo con los sindicatos no contará con uno de sus interlocutores habituales. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dejará el cargo entre el 15 y el 30 de octubre, según ha explicado este lunes, tras la huelga general del 29 de septiembre pero antes de que el Pacto de Toledo haga público su dictamen sobre la reforma del sistema de pensiones.
En una entrevista de Catalunya Ràdio, el ministro ha argumentado: "No depende solo de mi agenda; cuando una persona deja de ser ministro hay un conjunto de cuestiones jurídicas y formales" para realizar el relevo. "Entre el 15 y el 30, cuando el presidente del Gobierno lo considere, será el día que dejaré de ser ministro", ha constatado.
Los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo celebrarán una primera sesión de trabajo los días 6 y 7 de octubre para comenzar la redacción definitiva del informe que recoja las propuestas acordadas entre los distintos grupos para reformar el sistema de pensiones, si bien no esperan cerrar un documento que puedan remitir al Gobierno al menos hasta mediados de noviembre.
