ADIF o las direcciones generales de Carreteras y Ferrocarriles optan por el proyecto más barato en lugar del mejor
En un contexto en el que la licitación de ingeniería ha caído de forma abrupta a raíz de la crisis económica, hasta un 80% en el caso del Ministerio de Fomento, la única oportunidad para que una ingeniería pueda ganar un contrato público es realizar una oferta con bajas económicas de hasta el 60%. Y es que convertirse en una ingeniería “low cost” garantiza al menos 70 de los 100 puntos para llevarse un contrato público, según la patronal de ingeniería Fidex, que agrupa a nueve de las empresas más importantes e internacionalizadas del sector en España.
En la actualidad, la valoración de las ofertas por parte de los organismos públicos confiere al precio un peso del 70% y a la calidad técnica un 30% como mínimo. Además, hay casos en que el desequilibrio es mayor, como Adif, que licita con una relación 75%-25%, aunque en algún caso concreto ya ha optado por la subasta plena; o bien AENA, que otorga el 100% al precio una vez acreditada una mínima capacidad técnica.
Valoración calidad-precio en las licitaciones públicas de ingeniería
Fuente: Fidex
Las licitaciones más flagrantes sin embargo proceden de algunas comunidades autónomas, donde el concurso se convierte en una mera subasta y la calidad se obvia por completo. Es el caso de Asturias, Comunidad de Madrid y Castilla y León, que otorgan al precio el 100% del peso de una oferta (ver cuadro 2).
CC.AA. que más valoran el precio y menos la calidad
Fuente: Fidex
Consecuencias al devaluar
Toda esta devaluación de la ingeniería supone que en la fase posterior de ejecución de las obras aparezcan imprevistos y sobrecostes que pueden llegar a encarecer el presupuesto licitado en más de un 50%. Esta situación se podría evitar tan solo aumentando en dos puntos la inversión en ingeniería, hasta el 5%, lo que supondría ahorros de hasta el 30% en el coste de ejecución de las obras y se cumplirían los plazos previstos para su finalización.
Desde la patronal de ingenierías se reclama que el peso de la calidad a la hora de adjudicar un proyecto sea del 80%, en línea con las directrices de la Comisión Europea y de países maduros como Estados Unidos, Alemania o Suiza, donde se selecciona a la mejor ingeniería, no a la más barata. El ejemplo de estos países muestra que la calidad, y no solo el precio, es cuantificable y, por tanto, puntuable, tal y como muestran los pliegos de condiciones de entidades como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial.
A esta situación extrema se ha llegado tras una involución legislativa, con hasta cinco cambios legales desde los años 70, en los que a contracorriente de la normativa europea, se ha hecho gradualmente desaparecer el reconocimiento del carácter intelectual de la ingeniería hasta equipararlo a cualquier otro contrato de servicio, como puede ser la limpieza de los despachos del Ministerio de Fomento.
Una oportunidad para el cambio
Precisamente, el actual marco legal en España obvia el carácter intelectual de los servicios de ingeniería, clave para considerar la calidad del proyecto y no convertir una licitación en una mera subasta. En este sentido, tanto el Gobierno como las Cortes que salgan elegidas de las elecciones generales del 20 de diciembre tienen la oportunidad de cambiar el modelo de contratación en línea con la Directiva Europea que debe trasponerse en 2016 en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Según el director general de Fidex, Fernando Argüello, “una trasposición correcta del texto comunitario a la legislación española supondría reconocer el carácter intelectual de los trabajos de ingeniería, buscando el mejor resultado dentro de unos límites aceptables para el precio propuestos por la propia Administración antes de licitar. Adjudicar al mejor postor no puede ser una máxima de trabajo en los proyectos de ingeniería”.
La Directiva Europea de Contratación Pública, además de otorgar carácter intelectual a los trabajos de ingeniería priorizando la calidad por encima del precio, introduciría de nuevo en la legislación española el concepto de “oferta económicamente más ventajosa”, en lugar de “oferta más barata”. Esto significa que el precio seguiría estando presente en la decisión de adjudicación, pero ya no es el factor determinante, “por lo que se pondría fin a la subasta de la ingeniería al mejor postor”, señala Argüello.
