El sindicato rechaza que se encomiende el servicio público del Registro Civil a los registradores mercantiles, porque supondrá un gran perjuicio para toda la ciudadanía
Ante la aprobación por el Consejo de Ministros de la modificación de la Ley 20/2011, de Registro Civil, mediante un real decreto ley y un posterior proyecto de ley por el que se quiere encomendar el Registro Civil a los registradores mercantiles, CCOO muestra su total y absoluto rechazo a dicho proyecto, que supondrá la privatización de un servicio público, universal y gratuito para la ciudadanía, para pasarlo “a quienes hacen del ejercicio de una función pública un negocio privado, como son los registradores mercantiles”.
El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO denuncia que, con esta modificación de la ley 20/2011, los datos particulares de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarias y funcionarios públicos de la Administración de Justicia, para pasar a ser gestionados por los registradores mercantiles, que no están integrados en la organización de la Administración pública, y su personal, que no son funcionarios. “Al quedar el Registro Civil fuera de la esfera de las administraciones públicas, no queda garantizado ni se podrá imponer una adecuada dotación de medios personales y materiales para su funcionamiento”, añaden.
Con este proyecto desaparecerán todos los registros civiles, sin que las notarías puedan ejercer adecuadamente estas funciones, lo que implicará un evidente perjuicio para toda la ciudadanía. CCOO recuerda que el proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial también suprime los Juzgados y Agrupaciones de los Juzgados de Paz.
El proyecto trocea el actual servicio de Registro Civil, repartiendo sus actuaciones entre registradores mercantiles, que se harán cargo de las inscripciones y certificados, y los notarios, que se harán cargo de la tramitación y resolución de la mayor parte de expedientes (nacionalidad, matrimonios civiles, etc.), hoy gratuitos y por los que el Ministerio de Justicia ya ha dicho que habrá que pagar. Además, tal y como denuncia el propio Colegio de Registradores, queda en el aire cómo se pagará el coste del servicio del Registro Civil, por lo que seguramente su coste final será asumido bien por el Estado, por vía de dotación presupuestaria, o bien por la ciudadanía, pagando por determinadas inscripciones y certificaciones.
La privatización del Registro Civil supondrá además la desaparición de cerca de 4.000 puestos de trabajo. Aun cuando a corto plazo el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias asuman que todo el personal actual de los registros civiles pase a oficinas judiciales, CCOO advierte que a medio plazo todas las administraciones realizarán amortizaciones de plantillas en aquellos órganos judiciales que entiendan sobredotados, tal y como permite la Ley Orgánica del Poder Judicial.
