El PP sigue demoliendo la educación, desandando el camino que habían recorrido las comunidades autónomas y el ejecutivo anterior
El Gobierno ha situado a la educación española en los niveles de inversión de hace 25 años y "confunde, intencionadamente, la eficiencia del gasto con los recortes puros y duros", denuncian desde la Federación de Enseñanza del sindicato.
A través del Plan Nacional de Reformas remitido al Consejo de Europa y la Comisión Europea, el Gobierno ya se comprometió explícitamente -no es, por tanto, un pronóstico de lo que podría pasar, sino un compromiso político adquirido hace tiempo- a reducir el porcentaje del PIB en educación a un 3,8 % en el año 2018.
El sindicato desde su Federación de Enseñanza denuncia que con "las políticas del Gobierno se resta la inversión y se multiplica la pobreza. El resultado es catastrófico para una parte muy importante de la ciudadanía. Menos inversión en educación da lugar a más estudiantes con necesidades, más gastos para las familias, mayor exclusión social y desigualdad y una fractura alarmante en la equidad".
Cada euro que se ha invertido en implantar la contrarreforma educativa de la LOMCE y cada euro que se deja de invertir en educación están sirviendo para generar exclusión, desigualdad, pobreza y fractura social
CCOO también denuncia "la doble moral de las instituciones europeas competentes en el tema, que están permitiendo a países como España políticas de desinversión que empobrecen aún más a los sectores más débiles de la sociedad", y están generando nuevas capas de población en los umbrales de la pobreza.
Una educación inclusiva, de calidad, basada en la equidad necesita una financiación notable, suficiente, adecuada y sostenida en el tiempo. Sin embargo cada euro que se ha invertido en implantar la contrarreforma educativa de la LOMCE y cada euro que se deja de invertir en educación están sirviendo para generar exclusión, desigualdad, pobreza y fractura social.
Exige -el sindicato- al Gobierno revertir los recortes en educación de manera urgente y asegurar una inversión educativa que se sitúe en la media de los países más avanzados de la Unión Europea. En concreto, defiende que en una legislatura ha de alcanzarse el 5%, siendo el objetivo a medio plazo el 7%.
