El Gobierno destina cada vez menos recursos a políticas de vivienda. Aunque en términos comparativos, el presupuesto sube en su conjunto un 1,49% con respecto al año anterior, se queda lejos del PIB previsto para este 2018 (2,4%).
Un informe elaborado por UGT muestra este descenso en relación a otros años, ya que mientras en 2013 se destinaron 738 millones de euros y en 2014, 799 millones, para este año la cifra se recorta hasta en un 40% quedándose en 473 millones.
El sindicato resalta el hecho de que el Programa donde se residencia el Plan de Vivienda 2018-2021 con el que se pretende el acceso por parte de la ciudadanía a una vivienda digna, sufre una disminución con respecto al año anterior de un -0,03%. “Cuantía muy lejana a la de ejercicios presupuestarios anteriores en los que se suponía que estábamos en plena crisis”, afirma.
TRES PROGRAMAS
La materia relacionada con Vivienda en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario 2018, se encuadra dentro del Ministerio de Fomento, y lo conforman tres Programas.
Por un lado, tenemos el Programa 261 P. “Urbanismo y política del suelo”. La gestión de este Programa corresponde a las Subdirecciones Generales de Urbanismo y de Políticas del Suelo. Dentro de sus actividades se encuentran, entre otras: la elaboración y propuesta de normativa referida a vivienda, edificación y suelo; la confección de informes técnicos y jurídicos sobre el planeamiento urbanístico; la participación en foros internaciones relacionados con políticas urbanas; y la colaboración con las CCAA y los Ayuntamientos en materia urbanística.
El Programa 261 O es el referido a la “Ordenación y fomento de la Edificación”. A la Dirección General de Arquitectura y Edificación le corresponde su gestión. Dentro de las finalidades que se persiguen a través del mismo destacan: la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, histórico y social del territorio nacional; la difusión de la arquitectura española, tanto en foros nacionales como internacionales; y la elaboración de trabajos en el ámbito de la edificación.
Por último, el Programa 261 N es el que atañe a la “Promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda”. Depende su ejecución de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Constituye el 94,4 %sobre el total del presupuesto destinado a vivienda. A través del mismo, se pondrá en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, cuya finalidad se nos dice, será “el facilitar el disfrute por los ciudadanos de una vivienda asequible, mediante el fomento del alquiler y la rehabilitación urbana y rural…”.
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
UGT denuncia que los PGE para 2018 en materia de vivienda “son insuficientes” y “nada sociales
Este plan se desarrolla a través de diez programas de ayuda, en concreto: el mantenimiento de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos; las ayudas al alquiler de vivienda; las ayudas a los desahuciados de su vivienda habitual; las ayudas para el fomento del parque de viviendas en alquiler; ayudas para la mejora de la eficiencia energética en viviendas; las ayudas para el fomento de la conservación y mejora de accesibilidad de viviendas; las ayudas para el fomento de la regeneración y renovación urbana y rural; ayudas para el acceso a la vivienda de los jóvenes y ayudas para el programa de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad.
UGT denuncia que los PGE para 2018 en materia de vivienda “son insuficientes” y “nada sociales, además de ser unas “cuentas opacas” ya que no se conoce qué va a percibir cada Comunidad Autónoma ni los criterios a seguir (en años anteriores, en este reparto no se tenía en cuenta ni la población, ni el parque de viviendas construido), recuerda el sindicato.
Por todo ello, UGT reclama un aumento del gasto público en vivienda hasta que alcance el 1,5% del PIB, así como recuperar las ayudas a las familias y colectivos más vulnerables (violencia de género, parados de larga duración, extranjeros, etc.) y a los jóvenes para facilitar su emancipación.
Entre otras propuestas, el sindicato pide que se incorpore al ordenamiento constitucional el derecho a una vivienda digna y adecuada cuando se carezca de recursos. “Debe ser un derecho subjetivo, ante situaciones de necesidad”, afirma.
También exige reformas legislativas (Ley Arrendamientos Urbanos, Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otras), “que hagan prevalecer el derecho de las personas a una vivienda digna frente a intereses económicos empresariales y financieros”.
Constituir Parques Públicos de Alquiler Social en el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, gestionados con instrumentos públicos al objeto de que el alquiler nos acerque a cifras de la UE (17% nacional, frente al 30,8% de la UE); o recuperar la financiación y las ayudas dedicadas a vivienda (propiedad, alquiler), en particular aquellas destinadas a las familias y colectivos más vulnerables (violencia de género, parados de larga duración, extranjeros, etc.) y a las personas jóvenes para facilitar su emancipación, son otras de sus reivindicaciones.
