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25 de septiembre de 2009, 22:16
NUEVATRIBUNA.ES - 25.09.2009
Ha pasado ya casi un año desde que comenzara el proceso para la renovación de los órganos de dirección de Caja Madrid –con dos reformas legislativas y un recurso ante el Constitucional de por medio- y todavía surgen episodios de la pugna entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.
El último lo ha protagonizado el Ayuntamiento, que este viernes presentó en los juzgados un recurso (renunciando así a una posible negociación con la Comunidad) para anular el proceso electoral por el que se renuevan los consejeros y el presidente de la entidad porque “no se ajusta a derecho”. La decisión llega después de que, este miércoles, la comisión de control, constituida en ‘comisión electoral’, recibiera las alegaciones presentadas por el equipo del alcalde denunciando que la nueva Ley de Cajas vulnera gravemente la representación de la ciudad de Madrid.
En la citada reunión de hace dos días, sus miembros acordaron estudiar la impugnación (todavía hay en liza 64 consejeros cedidos por la Casa Real) para tomar una decisión el 28 de septiembre. Sin embargo, sin previo aviso, el Ayuntamiento ha decidido presentar recurso antes de oír el dictamen de la comisión electoral.
Hay quien cree que esta decisión precipitada del alcalde se produce porque el tiempo apremia. El calendario previsto establece de plazo hasta el 9 de octubre para que las entidades representativas nombren a sus candidatos que serán proclamados a mediados de mes. Las elecciones tendrían que culminar en noviembre con la designación del nuevo presidente en sustitución de Miguel Blesa.
El juez podrá desestimar el recurso o, por el contrario, aceptarlo y ordenar la suspensión cautelar del proceso de elecciones, posibilidad que según algunas fuentes “no tiene visos de prosperar” aunque hay quien sí lo ve factible.
Confia (la rama de banca de CCOO) cree que el Ayuntamiento “no respeta a los órganos constituidos” al no haber esperado a conocer la respuesta de la comisión electoral a sus impugnaciones, decisión que se adoptará el próximo lunes. Lo mismo plantean desde Izquierda Unida, si bien, por parte del Grupo municipal, su portavoz, Ángel Pérez, da la razón al alcalde ya que “se produce una lesión en la representación de Madrid” que pasa de tener 70 consejeros a 36 cuando “más del 50% de los depósitos de la Caja” son de la ciudad, dice.
No está mal recordar que Confia e IU federal firmaron en junio un acuerdo con la Comunidad de Madrid para relanzar el proceso. Al margen quedaron UGT y PSOE. Finalmente, en julio, Aguirre y el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, alcanzaron un pacto de palabra que aún está por concretar.
Para UGT, el ayuntamiento “está en todo su derecho” de impugnar el reparto de consejeros aunque las fuentes consultadas critican las formas. El documento de alegaciones se entregó en mano el mismo miércoles con poco tiempo para estudiar los fundamentos jurídicos, dicen; aunque, en opinión de este sindicato, el problema de fondo sigue siendo la “permanente bronca política” entre Aguirre y Gallardón. “Desde el principio, el proceso está siendo muy afectado por la falta de posición del PP, por la crisis en el seno del PP”, señala. La opinión coincide con lo dice el PSOE que tacha de “irresponsables” a los dirigentes populares cuyas luchas internas están haciendo peligrar y mucho la estabilidad de la entidad.
Si el juez desestima el recurso, Gallardón habrá perdido su último pulso por el control de Caja Madrid, pero hay quien cree que podría salir adelante. Por el momento, las partes que han llegado a un acuerdo con Aguirre critican la decisión del alcalde y no quieren entrar a considerar modificaciones de las cuotas de representación que marca la ley.
Ha pasado ya casi un año desde que comenzara el proceso para la renovación de los órganos de dirección de Caja Madrid –con dos reformas legislativas y un recurso ante el Constitucional de por medio- y todavía surgen episodios de la pugna entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.
El último lo ha protagonizado el Ayuntamiento, que este viernes presentó en los juzgados un recurso (renunciando así a una posible negociación con la Comunidad) para anular el proceso electoral por el que se renuevan los consejeros y el presidente de la entidad porque “no se ajusta a derecho”. La decisión llega después de que, este miércoles, la comisión de control, constituida en ‘comisión electoral’, recibiera las alegaciones presentadas por el equipo del alcalde denunciando que la nueva Ley de Cajas vulnera gravemente la representación de la ciudad de Madrid.
En la citada reunión de hace dos días, sus miembros acordaron estudiar la impugnación (todavía hay en liza 64 consejeros cedidos por la Casa Real) para tomar una decisión el 28 de septiembre. Sin embargo, sin previo aviso, el Ayuntamiento ha decidido presentar recurso antes de oír el dictamen de la comisión electoral.
Hay quien cree que esta decisión precipitada del alcalde se produce porque el tiempo apremia. El calendario previsto establece de plazo hasta el 9 de octubre para que las entidades representativas nombren a sus candidatos que serán proclamados a mediados de mes. Las elecciones tendrían que culminar en noviembre con la designación del nuevo presidente en sustitución de Miguel Blesa.
El juez podrá desestimar el recurso o, por el contrario, aceptarlo y ordenar la suspensión cautelar del proceso de elecciones, posibilidad que según algunas fuentes “no tiene visos de prosperar” aunque hay quien sí lo ve factible.
Confia (la rama de banca de CCOO) cree que el Ayuntamiento “no respeta a los órganos constituidos” al no haber esperado a conocer la respuesta de la comisión electoral a sus impugnaciones, decisión que se adoptará el próximo lunes. Lo mismo plantean desde Izquierda Unida, si bien, por parte del Grupo municipal, su portavoz, Ángel Pérez, da la razón al alcalde ya que “se produce una lesión en la representación de Madrid” que pasa de tener 70 consejeros a 36 cuando “más del 50% de los depósitos de la Caja” son de la ciudad, dice.
No está mal recordar que Confia e IU federal firmaron en junio un acuerdo con la Comunidad de Madrid para relanzar el proceso. Al margen quedaron UGT y PSOE. Finalmente, en julio, Aguirre y el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, alcanzaron un pacto de palabra que aún está por concretar.
Para UGT, el ayuntamiento “está en todo su derecho” de impugnar el reparto de consejeros aunque las fuentes consultadas critican las formas. El documento de alegaciones se entregó en mano el mismo miércoles con poco tiempo para estudiar los fundamentos jurídicos, dicen; aunque, en opinión de este sindicato, el problema de fondo sigue siendo la “permanente bronca política” entre Aguirre y Gallardón. “Desde el principio, el proceso está siendo muy afectado por la falta de posición del PP, por la crisis en el seno del PP”, señala. La opinión coincide con lo dice el PSOE que tacha de “irresponsables” a los dirigentes populares cuyas luchas internas están haciendo peligrar y mucho la estabilidad de la entidad.
Si el juez desestima el recurso, Gallardón habrá perdido su último pulso por el control de Caja Madrid, pero hay quien cree que podría salir adelante. Por el momento, las partes que han llegado a un acuerdo con Aguirre critican la decisión del alcalde y no quieren entrar a considerar modificaciones de las cuotas de representación que marca la ley.
