Cualquier persona con sentido común comparte el principio de la estabilidad en las cuentas públicas. El recurso a la deuda es necesario y resulta útil en determinadas circunstancias y para atender finalidades de interés general, pero todo gobernante responsable debe procurar deudas limitadas y haciendas saneadas.
La inclusión de tal principio en el texto de la Constitución ya resulta más discutible, porque pudiera interpretarse como una apuesta del constituyente a favor de una opción ideológica muy determinada: la que prioriza los objetivos de reducción del déficit en las políticas presupuestarias. También podría discutirse el intento de constitucionalizar la priorización de las políticas presupuestarias que buscan crecimientos por encima del 2% del PIB, o las políticas que fijan un suelo para el gasto social en el 60% del presupuesto público, por poner solo dos ejemplos más. Porque el lugar natural para las opciones ideológicas está en los programas y en la acción política de los partidos, antes que en la Constitución.
No obstante, la iniciativa del Presidente del Gobierno y el acuerdo PSOE-PP para modificar el artículo 135 de la Constitución merece un apoyo general, por varias razones. Porque el redactado final de la reforma tan solo consolida el compromiso ya adquirido por nuestro país de asumir los márgenes de déficit estructural que establezca la Unión Europea para cada periodo. Porque la concreción de los niveles de déficit y de deuda estatal se fijarán en cada momento por ley, atendiendo a las coyunturas y a las opciones políticas con más respaldo democrático. Y porque todos somos conscientes de que este es un coste obligado de pagar para que las instituciones europeas actúen con respaldo suficiente en los mercados de deuda, y para seguir construyendo el imprescindible gobierno económico de Europa.
En otras palabras, y más allá del debate legítimo sobre “las formas de la reforma”, este movimiento era necesario para asegurar el respaldo del Banco Central Europeo a la deuda española en un momento muy delicado y, gracias a la intervención de Rubalcaba, el texto aprobado para la reforma constitucional es lo suficientemente flexible como para no entorpecer las políticas anticíclicas y de defensa del Estado de Bienestar a las que aspira el socialismo español.
Ahora bien, estabilidad sí, “ma non troppo”. Una cosa es aceptar la reforma constitucional como algo necesario, y otra cosa es aceptar la estabilidad o el equilibrio presupuestario como principios rectores de la política económica o como panacea para salir de la crisis. El objetivo prioritario de la política económica española hoy debe ser el crecimiento y la creación de empleo, y los niveles de déficit y de deuda han de servir como instrumentos útiles de cara a la consecución de aquel objetivo. ¿Cuánto déficit y cuánta deuda? Los necesarios para asegurar crecimiento y empleo, dentro de los márgenes que marcan las reglas comunes en Europa y nuestras capacidades para responder fiablemente a los compromisos adquiridos.
La religión del “déficit cero” es propia del reaganismo, del Tea Party y de sus correligionarios en la derecha española. La socialdemocracia apuesta por cuentas estables al servicio del crecimiento económico y el empleo, pero no a la inversa. Es decir, el crecimiento y el empleo no deben sacrificarse en el altar del “déficit cero”. Soraya Sáenz de Santamaría bramaba el 30 de agosto en el Congreso: “No se puede gastar más de lo que se ingresa”. A largo plazo resulta innegable, pero si nadie puede gastar año a año más de lo que ingresa, ¿cómo puede una familia comprar una vivienda? ¿Cómo podrá una administración construir un hospital, un colegio o una carretera? ¿Y para qué servirán los bancos si se criminaliza la deuda? ¿Y por qué no le ha explicado esto al alcalde de Madrid, que preside el ayuntamiento más endeudado de España?
La Europa común, mal dirigida por Merkel y Sarkozy, está subordinando el objetivo del crecimiento y la creación de empleo al cumplimiento férreo de las reglas de la estabilidad presupuestaria, con la supuesta intención de apuntalar a sus grandes bancos en el maltrecho edificio de los mercados financieros. Pero la tempestad no amainará en los mercados financieros mientras se permita a los especuladores campar a sus anchas sin unas reglas contundentes que lo impidan. Y lo que están consiguiendo Merkel, Sarkozy y cuantos les siguen, con el tambor o en silencio, es frenar cualquier posibilidad de reactivación económica, y sin reactivación no habrá empleo y, en consecuencia, se mantendrán los problemas para pagar y obtener deuda.
Estabilidad sí, pero sin el fanatismo que muestra el PP. Cuando el juego de los mercados financieros favorece sistemáticamente a los especuladores y pone en jaque a los intereses generales, los poderes democráticos no han de buscar su confianza de cualquier manera, sino cambiar las reglas del juego.
Tras la reforma constitucional, discutible pero necesaria, ahora toca hacer un programa serio para la socialdemocracia. Hay que cambiar las reglas del juego en los mercados financieros globales, prohibiendo y penalizando la especulación, y el PSOE debe encabezar esta reivindicación. Hay que priorizar las políticas de crecimiento y de estímulo de la demanda para reactivar la economía y crear empleo, como pretende Obama y como proponen tantos economistas de la talla de Krugman y Stiglitz. Hay que apostar por una fiscalidad suficiente y progresiva, recuperando el impuesto de patrimonio y gravando las rentas millonarias. ¡Esto sí que es estabilizar las cuentas públicas! Y puestos a plantear acuerdos, habrá que ir forjando acuerdos para consolidar las grandes políticas de bienestar social, amenazadas hoy por los recortes de la derecha: la educación pública, la sanidad pública y los servicios sociales públicos
