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NUEVATRIBUNA - 12.11.2009

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sigue poniendo en práctica su máxima de que a menos impuestos menos paro y menos crisis aprobando nuevas rebajas fiscales para el próximo año. La junta de Gobierno dio luz verde este jueves a un nuevo paquete que incluye la reducción del IRPF para los ‘mileuristas’ y para emprendedores y que mantiene las otras rebajas ya anunciadas como el descuento de un punto en la tarifa autonómica del IRPF; la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; la deducción de hasta 900 euros por nacimiento o adopción de un niño; la eliminación del impuesto de Patrimonio y del impuesto que grava los cambios en la hipoteca o la desgravación del 10% del uniforme y la escolarización de los hijos.

En política fiscal, la presidenta madrileña va por libre, en contra del criterio seguido por el Gobierno central, otras comunidades autónomas e incluso el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP. Pero no solo eso. En su caso, la mezcla es explosiva porque al mismo tiempo que bajan los impuestos disminuye considerablemente el gasto social y de inversiones en la región.

“El dato elemental de su política es no actuar como un poder público sino rebajar impuestos y que cada individuo se busque soluciones para sus propios problemas”. Así se expresa el responsable de política institucional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, para el que la política fiscal de Aguirre es “un fracaso demostrado”. Este sindicalista mantiene que la rebaja de impuestos “va a contribuir a la recesión” y no a la dinamización de la economía ya que, desde que se produjeron las máximas rebajas de impuestos en 2007, “ha aumentado el ahorro y caído el consumo”, precisamente lo contrario de lo que se pretende.

Cedrún considera “muy negativa” la reducción de un 4% de los presupuestos regionales y alerta contra el dumping fiscal frente a otras comunidades provocado por la supresión del Impuesto de Sucesiones. Comisiones Obreras no se opone a la reducción del IRPF para las rentas más bajas pero si va acompañado de una mayor carga impositiva a las más altas, posición que también defienden los grupos de la oposición.

Al igual que CCOO, el PSOE tacha de “propagandística” la política fiscal de Aguirre. Para el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Adolfo Piñedo, el Gobierno regional “hace pequeños gestos para lanzar la imagen de que baja mucho los impuestos” con el objetivo de “seguir con la confrontación con el Gobierno de España”.

A esto se suma el “recorte” en la red de servicios públicos principalmente en educación y sanidad como denunció el portavoz adjunto José Manuel Franco preguntándose “si los madrileños prefieren tener 12 euros más al mes en sus bolsillos a cambio de una sanidad peor o una educación mucho menos dotada”.

“Por un lado nos ofrecen esta zanahoria, pero por el otro nos dan el palo de la reducción de la calidad de los servicios públicos”, dijo el diputado socialista quien también aseguró que la rebaja del IRPF “tiene más de medida cosmética y de propaganda que de medida efectiva para el bolsillo de los madrileños”.

Y es que la rebaja no es significativa ya que solo supondrá 75 millones de euros del total recaudado en concepto de impuestos que asciende a los 6.500 millones. La estimación es que los hogares con rentas inferiores a los 24.000 euros anuales y con dos o más hijos a su cargo (unos 505.000 contribuyentes) se ahorrarán una media de 158 euros en la declaración de la renta.

Por su parte, Izquierda Unida también valora de forma muy negativa la política fiscal del Ejecutivo de Aguirre. Su portavoz en la Asamblea, Inés Sabanés, afirmó que “es necesario una reforma fiscal seria e integral basada en la progresividad y la justicia”. A su juicio “la injusta” política fiscal “está dejando sin recursos a la Administración, lo que se evidencia de forma clara en los presupuestos para 2010, las primeras cuentas negativas de la historia”.

El también diputado de IU Miguel Reneses recordó que “IU siempre ha defendido que las rentas con menos poder adquisitivo tengan estas reducciones, pero esto debe ir acompañado de otras medidas como el aumento del tramo del IRPF a las rentas más altas, hasta el máximo permitido por la ley (15,87%); y el restablecimiento del Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”. Reneses subrayó que “la injusta política fiscal del gobierno Aguirre ha ocasionado que dejemos de ingresar este año 2.100 millones de euros, que hubieran sido imprescindibles para llevar a cabo políticas sociales”.

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