Su importancia social y económica se sitúa, por consiguiente, en el pelotón de cabeza de los sectores económicos que proyectan su influencia de modo sistémico sobre la vida de la sociedad, no sólo por su realidad presente, sobre todo por su futuro
@JorgeFabraU | La electricidad constituye para las empresas y las familias un vector energético que no es sustituible por ninguna otra forma de energía. Es el común denominador de muy variadas fuentes primarias y materias primas energéticas que de otra forma no podrían tener como destino gran parte de las actividades de nuestra sociedad. Nuestros…ordenadores, por ejemplo, no pueden funcionar ni con energía hidráulica ni con energía nuclear ni con la fuerza del viento ni con la radiación solar… pero si puede funcionar con la electricidad producida por esas energías primarias en centrales eléctricas que dispongan de las correspondientes tecnologías de transformación.
Y lo mismo que decimos de nuestros ordenadores lo podemos decir para una infinidad de actividades, casi todas las que se nos puedan ocurrir. Y las que todavía escapan a la electricidad empiezan ya a ser actividades que utilizan tecnologías que están más en el pasado que en el presente. El transporte por carretera está en la antesala del vehículo eléctrico. Nada escapará a la electricidad como vector energético dominante en el futuro. Su penetración en todas las actividades a las que todavía no ha llegado de manera completa, acabará duplicando el tamaño del Sector Eléctrico de hoy. Su importancia social y económica se sitúa, por consiguiente, en el pelotón de cabeza de los sectores económicos que proyectan su influencia de modo sistémico sobre la vida de la sociedad, no sólo por su realidad presente, sobre todo por su futuro.
Un bien esencial que contiene elementos de bien público
La electricidad es un bien muy especial del que la sociedad no puede prescindir. Nos suministra, calor frio, fuerza, luz… que constituyen bienes o servicios esenciales que hacen de la electricidad –por la propiedad transitiva- un bien esencial. Pero es que además, la electricidad contiene elementos de bien público con independencia de cuál sea su calificación legal: en la fiabilidad de su suministro se verifican los principios de no exclusión y de no rivalidad que para los economistas constituyen los elementos que hacen de cualquier servicio o de cualquier bien, un servicio o un bien público. La fiabilidad no puede discriminar entre consumidores porque cualquier avance o retroceso en su calidad afectará a todos sin que ninguno pueda ser excluido de sus efectos, sin que ninguno, por esa circunstancia, pierda o gane posiciones de ventaja sobre el resto. Y la cuestión es que, como es bien sabido, el mercado falla en la provisión de bienes públicos.
A ello hay que añadir que cada tipo de tecnología, que es dependiente de la energía primaria utilizada para su conversión en electricidad, presenta externalidades positivas y negativas -empleo cualificado, desarrollo tecnológico, tejido empresarial, contaminación, dependencia exterior… - que tampoco el mercado puede gestionar porque afectan a terceros no presentes en las transacciones entre empresas y consumidores que son las que definen el ámbito en el que el mercado puede actuar.
En el ejercicio de la defensa de los intereses generales implicados en la electricidad -un bien, desde diferentes perspectivas, esencial, público y sistémico- el Estado debe contar con los instrumentos institucionales y regulatorios que le permitan desempeñar eficientemente la gestión correspondiente. En este ámbito se justifica y ubica la necesidad de restablecer la planificación energética que, para su ejecución, debe tener a su disposición los medios necesarios, entre ellos y en primer lugar, un mercado cuya regulación tome en consideración las especialísimas características técnicas, económicas y jurídicas que presenta el suministro de electricidad.
La doble dimensión del concepto de sostenibilidad en el Sector Eléctrico
En el contexto de estas reflexiones, en España ha irrumpido la cuestión eléctrica como un grave problema. Su coste se sitúa dos dígitos porcentuales por encima de la media de los países de nuestro entorno europeo, acercándose al 30% en algunos segmentos claves para nuestra economía, como son las empresas de mediano tamaño. Se trata de una situación insostenible que limita la competitividad, drena las rentas de las familias y agudiza las manifestaciones con las que se expresa la pobreza en la que la crisis ha hundido a miles de ciudadanos.
A esta situación es necesario añadir el contundente posicionamiento de la comunidad científica y la creciente toma de conciencia de la ciudadanía sobre los problemas ambientales de nuestro planeta que se concretan, en su dimensión de mayor gravedad, en el cambio climático. La sostenibilidad ambiental se revela, finalmente, como un elemento muy dependiente de la política energética de la cual la electricidad es su centro. Pero la sostenibilidad medioambiental del sector eléctrico no es posible si para los consumidores – empresas y familias- los costes de la electricidad no son sostenibles. Y esta cuestión no requiere mucha discusión. Sencillamente, no podrá existir nunca un regulador –por mucha que sea su preocupación medioambiental- capaz de imponer costes inasumibles para las familias y para la competitividad de la economía. Esta afirmación es de naturaleza axiomática. Pero la cuestión es que la insostenibilidad medioambiental del sector eléctrico implicaría una auténtica catástrofe económica porque la electricidad contiene la capacidad de introducir las fuentes primarias de energía renovable en todos los sectores económicos y, por consiguiente, se constituye en el vector energético desde el cual es más eficiente la gestión del cambio climático de origen antropogénico.
Regulación y liberalización son conceptos complementarios y no antagónicos como con frecuencia sostienen quienes sustentan intereses económicos desde posiciones oligopolísticas, siempre proclives a defender la “autorregulación”, o lo que es lo mismo, la desregulación de los mercados que no conduce, en casi ninguna circunstancia, a su funcionamiento eficiente.
La necesidad de la regulación nace, precisamente, en la pérdida de la eficiencia de los mercados desregulados que tienden hacia el desequilibrio. Y este desequilibrio se ha manifestado con toda su crudeza al consolidar, con la reforma eléctrica aprobada en 2013, y todavía en proceso de desarrollo, una retribución a las centrales históricas -aprovechamientos hidroeléctricos y centrales nucleares- injustificadamente alta, sin que el mercado pueda legitimarla -es inexistente la libertad de entrada en estos segmentos tecnológicos- y carente de justificación jurídica -las empresas propietarias acometieron las correspondientes inversiones bajo un régimen económico que no contempló nunca las elevadas retribuciones que estas centrales están percibiendo-. Un desequilibrio, al fin, traído de la mano de la desregulación y de su inevitable consecuencia, la autoregulación, en el que la competitividad de la economía y los consumidores son los perdedores.
Pero la insostenibilidad económica es inasumible… y a los perdedores se les ha querido compensar minorando, inesperadamente, la retribución de las nuevas inversiones realizadas en la generación de electricidad con tecnología renovables que han visto así frustrada su confianza en las normas emitidas por la Administración del Estado. Una frustración que compromete seriamente el camino de la transición energética hacia un modelo energético crecientemente descarbonizado y, por consiguiente, medioambientalmente sostenible.
En definitiva, la sostenibilidad económica pretendida con la reforma eléctrica se niega a sí misma porque ha sido hecha en contra de la sostenibilidad medioambiental del Sector Eléctrico.
Tres ejes imprescindibles para un cambio regulatorio estable en el Sector Eléctrico
Entrelazadas de manera indesligable, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica del Sector Eléctrico plantean la exigencia de construir un modelo regulatorio que contemple esta doble dimensión de la sostenibilidad. Tres serían sus ejes fundamentales:
- Mantener el mercado spot de la electricidad, que contiene la capacidad de optimizar la utilización de los recursos energéticos primarios necesarios para producir electricidad y de estimular la tensión competitiva en los mercados de abastecimiento de combustibles fósiles.
- Crear un mercado de subastas por tecnología para las nuevas inversiones que pueda determinar de manera competitiva el régimen retributivo de cada tecnología, lo cual implica que, para desarrollar una la política energética activa, el Estado debe dotarse de instrumentos eficientes entre los que hay que destacar la planificación energética de la potencia firme y del mix tecnológico desde los que debe ser abastecida la demanda de electricidad.
- Restaurar el régimen retributivo para todas las inversiones realizadas de acuerdo con el marco regulatorio bajo el que fueron decididas y realizadas. Ello permitiría contener los costes del suministro y restituir la confianza perdida de consumidores e inversores en las normas, imprescindible para que la electricidad pueda contribuir a cambiar el modelo productivo cuyo agotamiento ha sido puesto de manifiesto por esta crisis.
Disponiendo de estos tres ejes regulatorios, un Gobierno no dependiente de intereses oligopolísticos, que pueda contar además con instituciones regulatorias independientes integradas por profesionales expertos y competentes, podrá desarrollar una política energética que dé respuesta a las exigencias que plantea la doble dimensión de la sostenibilidad económica y medioambiental que caracteriza a todo sector eléctrico eficiente.
Jorge Fabra Utray | Miembro de Economistas Frente a la Crisis
