nuevatribuna.es
28 de mayo de 2010, 5:34
NUEVATRIBUNA.ES/L.M. - 25.05.2010
El Gobierno recortará más el salario de los funcionarios que menos ganen. Esto es al menos lo que opina el sindicato Comisiones Obreras, que hoy cargó contra el Ejecutivo al que acusa de estar “engañando” a la sociedad sobre las supuestas intenciones “progresistas” del recorte publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado. “A mayor salario total, menor porcentaje de recorte”, resumió el sindicato, en alusión a los grupos profesionales más altos.
Tras analizar la norma, el sindicato concluye que un funcionario del Grupo A1 con un nivel 30 tendría un recorte salarial al final del semestre del 6,50 por ciento, mientras uno del Grupo A2, con un nivel 24, sufriría un recorte del 7,08 por ciento. Aun más, según la federación de servicios a la ciudadanía de CCOO, en el caso de un director general o asimilado, la rebaja se quedaría en un 8 por ciento.
“En los grupos profesionales más altos, a mayor salario total, menor porcentaje de recorte. Justo lo contrario de lo que pregonan”, denunció el sindicato, que acusó al Ejecutivo de “confundir” a la opinión pública sobre las verdaderas consecuencias del recorte y la congelación salarial dictada para 2011.
En cambio, según lo anunciado el pasado jueves por el Gobierno, el decreto ley establece un recorte de salarios a los funcionarios que oscila entre un 0,56 por ciento para el grupo E y un 7 por ciento para el grupo A1. En el medio quedan los funcionarios del grupo C2, que sufrirán un recorte del 2,75 por ciento; los del grupo C1, del 4,5 por ciento y los del grupo A2, del 5,75 por ciento.
EMPRESAS PÚBLICAS
Para el sindicato, el Ejecutivo adolece de falta de claridad a la hora de concretar el ámbito donde aplicará el recorte. En el caso de las empresas públicas, “no clarifican cuáles, confunden las definiciones legales de la Ley General de Presupuestos Generales del Estado y no excluyen a ninguna de ellas de los límites que supondrán en 2011 una completa congelación salarial", critica.
Según Comisiones Obreras, el Gobierno carece además de instrumentos para imponer recortes a las comunidades autónomas y entes locales, organismos que decidirán cómo y en qué cuantía recortan los salarios. Y “lo que es peor”, no se puede exigir a los entes territoriales que “esta medida vaya dirigida realmente a reducir el déficit, pues pueden dirigir el ahorro a financiar inversiones, las mismas que a nivel estatal se reducen o incluso desaparecen”.
En este sentido, el Gobierno vasco defenderá este miércoles ante el Ejecutivo central la posibilidad de que, en Euskadi, la rebaja salarial para los funcionarios se aplique tan sólo a las retribuciones básicas y no a los diferentes complementos, según anunció este martes la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia.
Este planteamiento será presentado en la Comisión de Función Pública que reunirá este miércoles en Madrid a la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, con representantes de las comunidades autónomas para analizar la aplicación de las medidas aprobadas por el Ejecutivo central para reducir el gasto público, según se explicó desde el Gobierno autonómico.
Respecto al margen con el que pueda contar el Gobierno vasco para adaptar los ajustes a la situación económica y a las peculiaridades administrativas de Euskadi, indicó que se utilizará "el margen que permita nuestro autogobierno", aunque insistió en que algunas medidas son de "obligado cumplimiento".
Para CCOO, el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros es una norma nacida de "la imposición, la improvisación y la incompetencia" para buscar otras formas de reducir el déficit, por ejemplo como van a hacer otros países como Portugal o Francia, recuerda el sindicato, con subidas de impuestos a las rentas más altas y atacando el fraude fiscal y la economía sumergida.
Por otro lado, los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF presentarán este miércoles ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración el preaviso de la huelga general en el sector público anunciada para el próximo 8 de junio, informó hoy la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT).
El Gobierno recortará más el salario de los funcionarios que menos ganen. Esto es al menos lo que opina el sindicato Comisiones Obreras, que hoy cargó contra el Ejecutivo al que acusa de estar “engañando” a la sociedad sobre las supuestas intenciones “progresistas” del recorte publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado. “A mayor salario total, menor porcentaje de recorte”, resumió el sindicato, en alusión a los grupos profesionales más altos.
Tras analizar la norma, el sindicato concluye que un funcionario del Grupo A1 con un nivel 30 tendría un recorte salarial al final del semestre del 6,50 por ciento, mientras uno del Grupo A2, con un nivel 24, sufriría un recorte del 7,08 por ciento. Aun más, según la federación de servicios a la ciudadanía de CCOO, en el caso de un director general o asimilado, la rebaja se quedaría en un 8 por ciento.
“En los grupos profesionales más altos, a mayor salario total, menor porcentaje de recorte. Justo lo contrario de lo que pregonan”, denunció el sindicato, que acusó al Ejecutivo de “confundir” a la opinión pública sobre las verdaderas consecuencias del recorte y la congelación salarial dictada para 2011.
En cambio, según lo anunciado el pasado jueves por el Gobierno, el decreto ley establece un recorte de salarios a los funcionarios que oscila entre un 0,56 por ciento para el grupo E y un 7 por ciento para el grupo A1. En el medio quedan los funcionarios del grupo C2, que sufrirán un recorte del 2,75 por ciento; los del grupo C1, del 4,5 por ciento y los del grupo A2, del 5,75 por ciento.
EMPRESAS PÚBLICAS
Para el sindicato, el Ejecutivo adolece de falta de claridad a la hora de concretar el ámbito donde aplicará el recorte. En el caso de las empresas públicas, “no clarifican cuáles, confunden las definiciones legales de la Ley General de Presupuestos Generales del Estado y no excluyen a ninguna de ellas de los límites que supondrán en 2011 una completa congelación salarial", critica.
Según Comisiones Obreras, el Gobierno carece además de instrumentos para imponer recortes a las comunidades autónomas y entes locales, organismos que decidirán cómo y en qué cuantía recortan los salarios. Y “lo que es peor”, no se puede exigir a los entes territoriales que “esta medida vaya dirigida realmente a reducir el déficit, pues pueden dirigir el ahorro a financiar inversiones, las mismas que a nivel estatal se reducen o incluso desaparecen”.
En este sentido, el Gobierno vasco defenderá este miércoles ante el Ejecutivo central la posibilidad de que, en Euskadi, la rebaja salarial para los funcionarios se aplique tan sólo a las retribuciones básicas y no a los diferentes complementos, según anunció este martes la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia.
Este planteamiento será presentado en la Comisión de Función Pública que reunirá este miércoles en Madrid a la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, con representantes de las comunidades autónomas para analizar la aplicación de las medidas aprobadas por el Ejecutivo central para reducir el gasto público, según se explicó desde el Gobierno autonómico.
Respecto al margen con el que pueda contar el Gobierno vasco para adaptar los ajustes a la situación económica y a las peculiaridades administrativas de Euskadi, indicó que se utilizará "el margen que permita nuestro autogobierno", aunque insistió en que algunas medidas son de "obligado cumplimiento".
Para CCOO, el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros es una norma nacida de "la imposición, la improvisación y la incompetencia" para buscar otras formas de reducir el déficit, por ejemplo como van a hacer otros países como Portugal o Francia, recuerda el sindicato, con subidas de impuestos a las rentas más altas y atacando el fraude fiscal y la economía sumergida.
Por otro lado, los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF presentarán este miércoles ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración el preaviso de la huelga general en el sector público anunciada para el próximo 8 de junio, informó hoy la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT).
