nuevatribuna.es
11 de septiembre de 2009, 2:18
NUEVATRIBUNA.ES / L.M. - 10.09.2009
El Gobierno se comprometió este jueves con los sindicatos a mantener el poder adquisitivo de los funcionarios en el año 2010, si bien admitió que existen “discrepancias” que intentarán salvarse a partir de este mismo viernes cuando se reanuden las conversaciones para lograr un acuerdo ‘contrarreloj’, lo qu permitiría incluir su contenido antes del 25 de septiembre en el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado.
En la reunión de hoy, el Gobierno no ha concretado cifras, si bien adquirió el compromiso de mantener el poder adquisitivo de los funcionarios y el personal laboral contratado, así como a desarrollar el Estatuto Básico de la Función Pública, según confirmó tras el encuentro la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, quien destacó que el encuentro con UGT, CCOO y CSI-CSIF ha discurrido en un ambiente “cordial y contructivo”.
En los mismos términos se pronunciaron los secretarios de los Servicios Públicos y de la Ciudadanía de UGT y CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, y el presidente del sindicato CSIF, Domingo Fernández, quienes indicaron que la reunión "fue positiva".
Tras la reunión, Lacuerda explicó que, en el terreno salarial, el Gobierno "no ha dicho por dónde pueden ir los tiros" pero sí se ha anunciado que "no tiene la menor intención de que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo en los próximos tres períodos presupuestarios". Eso sí, De la Vega les ha reclamado "contención salarial", según señaló el portavoz de UGT.
En esta reunión, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha planteado un pacto sobre tres puntos: un plan salarial que "asegure que en ningún caso habrá pérdida de poder adquisitivo, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la adecuación de una oferta de empleo público a las "nuevas necesidades de la sociedad", según explicó Gomis.
Según Lacuerda, el "caballo de batalla" para UGT será "dar certeza" a un mecanismo que garantice el poder adquisitivo de este colectivo, una idea en la que coincidió el portavoz de CCOO, Enrique Fossoul, quien señaló que "algunos estamos escarmentados de que esas cláusulas no se cumplan", y puso como ejemplo el año 2005 cuando el cambio de Gobierno del PSOE al PP "trajo una congelación salarial".
Aunque mostraron su satisfacción ante la actitud del Gobierno, los sindicatos aseguraron que, durante el encuentro, no se han tratado puntos concretos en cuanto a los salarios, como la propuesta de incremento del 1 por ciento planteada por CCOO y UGT para el año 2010.
El presidente del CSI-CSIF, Domingo Fernández, aseguró que su sindicato está "razonablemente contento por el compromiso del Gobierno de mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos" y valoró la coincidencia entre los tres sindicatos.
UNA SOLA VOZ COMO EMPLEADORES
Horas antes de la reunión, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, reclamó que todas las administraciones públicas, tanto la central, como la autonómica y local, estén presentes en el Foro de Diálogo para la Función Público y tengan por tanto una sola voz como empleadores.
Respecto a la oferta de empleo público, otro punto de fricción en las conversaciones, el Fossoul reclamó que se reduzcan los contratos temporales en el conjunto de las administraciones públicas hasta un límite máximo del 8 por ciento, una cifra muy alejada del 40 por ciento que se da en “algunos casos”, según el sindicato.
Por otro lado, Comisiones Obreras exige que se reordenen los efectivos que trabajan en la Administración del Estado a fin de lograr una mayor adecuación al actual sistema administrativo, “una vez que se ha culminado el proceso de transferencias a las comunidades autónomas”, dijo Fossoul, tras recordar la necesidad de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público.
El sindicato rechaza la congelación de los salarios aunque admite una contención de los mismos, que se plasmaría en un acuerdo a tres años; con una subida del 1 por ciento en 2010, y una cláusula de revisión salarial en 2012, al final del ciclo, que garantice una recuperación de las posibles pérdidas que se produzcan a lo largo del trienio.
Fossoul destacó que Comisiones Obreras está dispuesto a asumir “una cierta contención de salarios”, en función siempre del bloque de “contrapartidas que ofrezca el Gobierno”. “Pedimos inicialmente un 1 por ciento de subida salarial, entendiendo que aún no hay una previsión del Gobierno de inflación, pero que puede estar en torno a esa cifra, y
CCOO y UGT argumentan en su propuesta que han atendido a la situación económico-financiera actual y al principio de "solidaridad" al efectuar su propuesta salarial, en la que en ningún caso piden una congelación.
El Gobierno se comprometió este jueves con los sindicatos a mantener el poder adquisitivo de los funcionarios en el año 2010, si bien admitió que existen “discrepancias” que intentarán salvarse a partir de este mismo viernes cuando se reanuden las conversaciones para lograr un acuerdo ‘contrarreloj’, lo qu permitiría incluir su contenido antes del 25 de septiembre en el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado.
En la reunión de hoy, el Gobierno no ha concretado cifras, si bien adquirió el compromiso de mantener el poder adquisitivo de los funcionarios y el personal laboral contratado, así como a desarrollar el Estatuto Básico de la Función Pública, según confirmó tras el encuentro la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, quien destacó que el encuentro con UGT, CCOO y CSI-CSIF ha discurrido en un ambiente “cordial y contructivo”.
En los mismos términos se pronunciaron los secretarios de los Servicios Públicos y de la Ciudadanía de UGT y CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, y el presidente del sindicato CSIF, Domingo Fernández, quienes indicaron que la reunión "fue positiva".
Tras la reunión, Lacuerda explicó que, en el terreno salarial, el Gobierno "no ha dicho por dónde pueden ir los tiros" pero sí se ha anunciado que "no tiene la menor intención de que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo en los próximos tres períodos presupuestarios". Eso sí, De la Vega les ha reclamado "contención salarial", según señaló el portavoz de UGT.
En esta reunión, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha planteado un pacto sobre tres puntos: un plan salarial que "asegure que en ningún caso habrá pérdida de poder adquisitivo, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la adecuación de una oferta de empleo público a las "nuevas necesidades de la sociedad", según explicó Gomis.
Según Lacuerda, el "caballo de batalla" para UGT será "dar certeza" a un mecanismo que garantice el poder adquisitivo de este colectivo, una idea en la que coincidió el portavoz de CCOO, Enrique Fossoul, quien señaló que "algunos estamos escarmentados de que esas cláusulas no se cumplan", y puso como ejemplo el año 2005 cuando el cambio de Gobierno del PSOE al PP "trajo una congelación salarial".
Aunque mostraron su satisfacción ante la actitud del Gobierno, los sindicatos aseguraron que, durante el encuentro, no se han tratado puntos concretos en cuanto a los salarios, como la propuesta de incremento del 1 por ciento planteada por CCOO y UGT para el año 2010.
El presidente del CSI-CSIF, Domingo Fernández, aseguró que su sindicato está "razonablemente contento por el compromiso del Gobierno de mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos" y valoró la coincidencia entre los tres sindicatos.
UNA SOLA VOZ COMO EMPLEADORES
Horas antes de la reunión, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, reclamó que todas las administraciones públicas, tanto la central, como la autonómica y local, estén presentes en el Foro de Diálogo para la Función Público y tengan por tanto una sola voz como empleadores.
Respecto a la oferta de empleo público, otro punto de fricción en las conversaciones, el Fossoul reclamó que se reduzcan los contratos temporales en el conjunto de las administraciones públicas hasta un límite máximo del 8 por ciento, una cifra muy alejada del 40 por ciento que se da en “algunos casos”, según el sindicato.
Por otro lado, Comisiones Obreras exige que se reordenen los efectivos que trabajan en la Administración del Estado a fin de lograr una mayor adecuación al actual sistema administrativo, “una vez que se ha culminado el proceso de transferencias a las comunidades autónomas”, dijo Fossoul, tras recordar la necesidad de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público.
El sindicato rechaza la congelación de los salarios aunque admite una contención de los mismos, que se plasmaría en un acuerdo a tres años; con una subida del 1 por ciento en 2010, y una cláusula de revisión salarial en 2012, al final del ciclo, que garantice una recuperación de las posibles pérdidas que se produzcan a lo largo del trienio.
Fossoul destacó que Comisiones Obreras está dispuesto a asumir “una cierta contención de salarios”, en función siempre del bloque de “contrapartidas que ofrezca el Gobierno”. “Pedimos inicialmente un 1 por ciento de subida salarial, entendiendo que aún no hay una previsión del Gobierno de inflación, pero que puede estar en torno a esa cifra, y
CCOO y UGT argumentan en su propuesta que han atendido a la situación económico-financiera actual y al principio de "solidaridad" al efectuar su propuesta salarial, en la que en ningún caso piden una congelación.
