nuevatribuna.es
2 de mayo de 2010, 12:55
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 30.04.2010
El Gobierno ha decidido reducir en 29 el número de empresas públicas, que hasta ahora eran 106, y también ha suprimido 32 altos cargos de los distintos ministerios (un 9,32% del total), según el Plan de racionalización del sector público aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y que supondrá un ahorro directo de 16 millones de euros.
La reestructuración del sector público empresarial consiste en la desaparición de catorce sociedades mercantiles y la fusión de otras veinticuatro, y también se suprimirán la mayoría de las fundaciones. Con estos cambios, habrá una reducción de más del 27% para el número de sociedades públicas.
Entre los cargos que se han suprimido se incluye el del responsable de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, cuya destitución se produce a las puertas del inicio de la campaña de la Renta. En total desparecen ocho directores generales, un secretario general y catorce organismos autónomos con rango de director general.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha resaltado que se trata de "medidas rotundas", y ha asegurado no tener "la más mínima duda de que la economía española hará bien los deberes".
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ha asegurado que el objetivo principal es obtener "más eficacia y eficiencia" en el sector público, aunque ha reconocido que la reducción del gasto es otro de los motivos que ha llevado al Ejecutivo a tomar la decisión.
Según la responsable de Economía, antes del 31 de julio todas las empresas que superen en seis el número de consejeros deberán reducirlo al menos en un 15%, lo que supondrá una amortización de 150 puestos. Además, se recortarán los puestos directivos en al menos en un 19%.
Los órganos suprimidos en los distintos ministerios son, entre otros, la Dirección General de Política Económica (Presidencia del Gobierno), la Dirección General de Secretariado del Gobierno (Ministerio de la Presidencia), la Secretaría General de Financiación Territorial (Economía y Hacienda), la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Justicia) y la Dirección General de Comunicación de la Defensa (Defensa).
Además, el plan suprime la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales (Interior), la Dirección General de Planificación (Fomento), la Dirección General de Relaciones Internacionales (Educación), la Dirección General de Servicios (Trabajo e Inmigración), la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Industria) y otros órganos de los ministerios de Agricultura, Cultura, Sanidad, Ciencia e Innovación e Igualdad.
El Gobierno, a iniciativa de los correspondientes ministerios, acometerá estos cambios en un plazo no superior a los tres meses. Por otra parte, antes del 31 de diciembre del presente año se culminará la reordenación del sector público empresarial y se acometerá la racionalización de las fundaciones públicas, así como una reducción de los representantes de la AGE en los consejos de administración de las sociedades estatales y, por último, una reducción de los órganos colegiados existentes.
El Gobierno ha decidido reducir en 29 el número de empresas públicas, que hasta ahora eran 106, y también ha suprimido 32 altos cargos de los distintos ministerios (un 9,32% del total), según el Plan de racionalización del sector público aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y que supondrá un ahorro directo de 16 millones de euros.
La reestructuración del sector público empresarial consiste en la desaparición de catorce sociedades mercantiles y la fusión de otras veinticuatro, y también se suprimirán la mayoría de las fundaciones. Con estos cambios, habrá una reducción de más del 27% para el número de sociedades públicas.
Entre los cargos que se han suprimido se incluye el del responsable de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, cuya destitución se produce a las puertas del inicio de la campaña de la Renta. En total desparecen ocho directores generales, un secretario general y catorce organismos autónomos con rango de director general.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha resaltado que se trata de "medidas rotundas", y ha asegurado no tener "la más mínima duda de que la economía española hará bien los deberes".
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ha asegurado que el objetivo principal es obtener "más eficacia y eficiencia" en el sector público, aunque ha reconocido que la reducción del gasto es otro de los motivos que ha llevado al Ejecutivo a tomar la decisión.
Según la responsable de Economía, antes del 31 de julio todas las empresas que superen en seis el número de consejeros deberán reducirlo al menos en un 15%, lo que supondrá una amortización de 150 puestos. Además, se recortarán los puestos directivos en al menos en un 19%.
Los órganos suprimidos en los distintos ministerios son, entre otros, la Dirección General de Política Económica (Presidencia del Gobierno), la Dirección General de Secretariado del Gobierno (Ministerio de la Presidencia), la Secretaría General de Financiación Territorial (Economía y Hacienda), la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Justicia) y la Dirección General de Comunicación de la Defensa (Defensa).
Además, el plan suprime la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales (Interior), la Dirección General de Planificación (Fomento), la Dirección General de Relaciones Internacionales (Educación), la Dirección General de Servicios (Trabajo e Inmigración), la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Industria) y otros órganos de los ministerios de Agricultura, Cultura, Sanidad, Ciencia e Innovación e Igualdad.
El Gobierno, a iniciativa de los correspondientes ministerios, acometerá estos cambios en un plazo no superior a los tres meses. Por otra parte, antes del 31 de diciembre del presente año se culminará la reordenación del sector público empresarial y se acometerá la racionalización de las fundaciones públicas, así como una reducción de los representantes de la AGE en los consejos de administración de las sociedades estatales y, por último, una reducción de los órganos colegiados existentes.
