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24 de febrero de 2010, 12:58
NUEVATRIBUNA.ES - 24.01.2010
El Gobierno aprovechó la presentación de las cuentas del Estado -deficitarias en casi 100.000 millones de euros en 2009- para lanzar un nuevo globo sonda en torno al sueldo de los funcionarios. Así, a pesar del pacto firmado recientemente, el Ejecutivo planteó hoy congelar las retribuciones de 2,6 millones de funcionarios públicos en su afán por reducir los gastos del sector público y, en particular, los gastos de personal. El globo sonda cayó como una bomba en medios sindicales, que se aferran ahora a la palabra de Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, ratificada esta misma semana.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, fue el encargado de realizar el anuncio. En su comparecencia, donde explicó además que el Estado gastó el año pasado -en número redondos- 200.000 millones de euros (mientras que consiguió ingresar sólo la mitad), Ocaña expuso que "el acuerdo salarial habrá que revisarlo en la negociación con los sindicatos". Según sus planes, el coste de 120.000 millones que suponen los salarios de los empleados públicos debería reducirse un 4 por ciento en 2013.
Por su parte, fuentes de Comisiones Obreras -en declaraciones a nuevatribuna.es- se aferraron hoy a la palabra de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien, según estas fuentes, se comprometió el pasado lunes a mantener el acuerdo salarial en todos sus términos. En resumen, el pacto prevé una subida salarial del 0,3 por ciento en 2010, junto a una cláusula que garantiza que, al término de 2012, los funcionarios no pierdan poder adquisitivo.
"Tenemos el compromiso de De la Vega para el cumplimiento de esos acuerdos", explicó una portavoz de la federación de la función pública en Comisiones Obreras FSC-CCOO.
Por su parte, Ocaña explicó que el instrumento principal para lograr este ahorro será cubrir sólo una de cada diez vacantes. En cualquier caso, señaló que el acuerdo con los sindicatos deberá adaptarse a esa reducción del capítulo del gasto de personal, si bien subrayó que el aumento salarial del 0,3% de este año estaba garantizado.
En una entrevista en nuevatribuna.es, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, FSC-CCOO, Enrique Fossoul, advirtió hoy al Gobierno de que si la ministra de Economía, Elena Salgado, "adelgaza el sector público, estaría justificada la huelga general".
Según Fossoul, el déficit del Estado ascenderá este año al 14,7 por ciento del PIB, lo que hace "muy difícil" cumplir con la exigencia de Bruselas de llegar al 3 por ciento en 2013. En su opinión, el Gobierno debería impulsar una renegociación de "las condiciones de unificación económica con la UE para un ajuste un poquito más al alza del déficit".
La contradicción entre las palabras de la ministra de economía y otros miembros del Ejecutivo no son algo nuevo. En materia de pensiones, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se ha visto obligado a rectificar en varias ocasiones. Además, el Ejecutivo parece haber basculado en favor de las tesis del ministerio de Economía, encargados de hacer el ajuste al que obliga el déficit y la creciente deuda.
Por último, los sindicatos no olvidan que el nombre de María Teresa De la Vega suena entre los posibles cambios que Zapatero estaría planeando tras el semestre europeo. En esas quinielas figura también el nombre del titular de Trabajo, Celestino Corbacho. Ambos son los grandes ausentes de la comisión encargada de impulsar un pacto de Estado por la Economía. En esa comisión, sí figuran, además de la propia Salgado, los titulares de Industria y de Fomento, Miguel Sebastián y José Blanco, respectivamente.
El Gobierno aprovechó la presentación de las cuentas del Estado -deficitarias en casi 100.000 millones de euros en 2009- para lanzar un nuevo globo sonda en torno al sueldo de los funcionarios. Así, a pesar del pacto firmado recientemente, el Ejecutivo planteó hoy congelar las retribuciones de 2,6 millones de funcionarios públicos en su afán por reducir los gastos del sector público y, en particular, los gastos de personal. El globo sonda cayó como una bomba en medios sindicales, que se aferran ahora a la palabra de Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, ratificada esta misma semana.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, fue el encargado de realizar el anuncio. En su comparecencia, donde explicó además que el Estado gastó el año pasado -en número redondos- 200.000 millones de euros (mientras que consiguió ingresar sólo la mitad), Ocaña expuso que "el acuerdo salarial habrá que revisarlo en la negociación con los sindicatos". Según sus planes, el coste de 120.000 millones que suponen los salarios de los empleados públicos debería reducirse un 4 por ciento en 2013.
Por su parte, fuentes de Comisiones Obreras -en declaraciones a nuevatribuna.es- se aferraron hoy a la palabra de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien, según estas fuentes, se comprometió el pasado lunes a mantener el acuerdo salarial en todos sus términos. En resumen, el pacto prevé una subida salarial del 0,3 por ciento en 2010, junto a una cláusula que garantiza que, al término de 2012, los funcionarios no pierdan poder adquisitivo.
"Tenemos el compromiso de De la Vega para el cumplimiento de esos acuerdos", explicó una portavoz de la federación de la función pública en Comisiones Obreras FSC-CCOO.
Por su parte, Ocaña explicó que el instrumento principal para lograr este ahorro será cubrir sólo una de cada diez vacantes. En cualquier caso, señaló que el acuerdo con los sindicatos deberá adaptarse a esa reducción del capítulo del gasto de personal, si bien subrayó que el aumento salarial del 0,3% de este año estaba garantizado.
En una entrevista en nuevatribuna.es, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, FSC-CCOO, Enrique Fossoul, advirtió hoy al Gobierno de que si la ministra de Economía, Elena Salgado, "adelgaza el sector público, estaría justificada la huelga general".
Según Fossoul, el déficit del Estado ascenderá este año al 14,7 por ciento del PIB, lo que hace "muy difícil" cumplir con la exigencia de Bruselas de llegar al 3 por ciento en 2013. En su opinión, el Gobierno debería impulsar una renegociación de "las condiciones de unificación económica con la UE para un ajuste un poquito más al alza del déficit".
La contradicción entre las palabras de la ministra de economía y otros miembros del Ejecutivo no son algo nuevo. En materia de pensiones, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se ha visto obligado a rectificar en varias ocasiones. Además, el Ejecutivo parece haber basculado en favor de las tesis del ministerio de Economía, encargados de hacer el ajuste al que obliga el déficit y la creciente deuda.
Por último, los sindicatos no olvidan que el nombre de María Teresa De la Vega suena entre los posibles cambios que Zapatero estaría planeando tras el semestre europeo. En esas quinielas figura también el nombre del titular de Trabajo, Celestino Corbacho. Ambos son los grandes ausentes de la comisión encargada de impulsar un pacto de Estado por la Economía. En esa comisión, sí figuran, además de la propia Salgado, los titulares de Industria y de Fomento, Miguel Sebastián y José Blanco, respectivamente.
