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27 de enero de 2011, 8:10
nuevatribuna.es | 24.01.2011
El Gobierno se ha planteado realizar la reforma más “ambiciosa” de las políticas activas de empleo, según afirmó hoy el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez en la presentación del plan de choque que estimulará la contratación a tiempo parcial de jóvenes y parados de larga duración. Para ello, las comunidades autónomas no tendrán que gastar más dinero en procurar itinerarios personalizados de formación a los parados que hayan agotado la prestación, como pretende la reforma. El Gobierno central será quien ponga los fondos necesarios para que los desempleados en esta situación reciban una ayuda de 350 euros mensuales por un periodo máximo de seis meses.
Gómez presentó este lunes su reforma como “la más ambiciosa” de las emprendidas en este sentido en España en los últimos veinte años. El programa, según detalló el ministro -en un receso en medio de su reunión con los consejeros autonómicos- pretende establecer las las políticas activas como un nuevo derecho para los desempleados. Un nuevo derecho, sin embargo, “no subjetivo”, según precisó el ministro, es decir, que estará sometido a las restricciones presupuestarias y sólo se aplicará mientras haya dinero, a diferencia de la prestación por desempleo, por ejemplo.
Gómez quiere virar el timón en lo relativo a formación continua y poner el acento en los desempleados. “Las comunidades autónomas tendrán la obligación de realizar itinerarios de formación” para los desempleados. Se quiere que los servicios públicos de empleo no sólo otorguen la prestación por desempleo, sino que también ayuden a buscar colocación a los desempleados.
Para ello el Gobierno pretende convertir los servicios públicos de empleo en “nuevos” servicios, “más potentes, más dotados y más fuertes”, en palabras de Gómez, quien presumió de que España tiene “una buena prestación por desempleo” -que cubre al 75 por ciento de los parados- pero “tiene que mejorar -y mucho- en el ámbito de las políticas activas de empleo”.
Así, los servicios públicos de empleo tendrán que prestar servicios individuales a los desempleados con un tratamiento específico para cada uno de ellos. Con este fin, el Ejecutivo ha contratado en diciembre a 1.500 orientadores, que se suman a los 1.500 contratados con anterioridad.
CAMBIOS EN LA FORMACIÓN CONTINÚA
Además, el Gobierno lanzará un programa de fomento del trabajo a tiempo parcial para jóvenes y parados de larga duración. Este plan pretende que las empresas adelanten sus decisiones de contratación y que no esperen a que se consolide la recuperación. Los incentivos al contrato a tiempo parcial tendrán la forma de reducciones en las cuotas que las empresas pagan a la Seguridad Social, y no de bonificaciones. La cuantía de estas reducciones se está negociando con empresarios y sindicatos en la mesa del Diálogo Social, según informó el ministro.
Para beneficiarse de las ayudas, los contratos a tiempo parcial tendrán que ocupar al menos la mitad de la jornada completa. Las empresas gozarán de estas reducciones al menos durante un año. El ministerio no prevé que este programa suponga un gasto excesivo -al ahorrarse en prestaciones por desempleo-. “Nos ocuparemos de que no se produzca el efecto sustitución”, explicó Gómez, que anunció así que tomarán medidas para que las empresas no despidan a trabajadores para contratar a nuevos, más baratos, acogiéndose a estas reducciones.
Las empresas podrán acogerse al plan de fomento del empleo parcial incluso si éste tiene carácter temporal. “Por supuesto que sí”, anunció Gómez, quien dijo que, más adelante, el ministerio ofrecerá bonificaciones para convertir esos contratos temporales en definitivos.
El programa de cualificación de parados -los 350 euros- carece aún de entrada en vigor, aunque fuentes del ministerio informaron que será en muy breve plazo, una vez se hayan acordado los detalles del plan con los agentes sociales y las comunidades autónomas. Los 350 euros -que sustituyen a los 426 euros, vigentes sólo hasta el próximo mes de febrero- serán compatibles con programas que vienen prestando las comunidades autónomas, como ejemplo, las rentas de inserción.
La financiación de los 350 euros procederá de la “reordenación” de las políticas activas. Los fondos procederán del fin de buena parte de las bonificaciones que hasta ahora se pagaban a los empresarios al realizar una contratación. Y de la extinción de algunos programas también relacionados con estas políticas de empleo. También se emplearán para financiarlos recursos adelantados por el Fondo Social Europeo (FSE).
La reorganización de las políticas activas también tendrá repercusiones entre los trabajadores que no han perdido su empleo. El Gobierno quiere dedicar a los parados una parte de las plazas de formación continua que ahora cursan los ocupados. Un 35 o 45 por ciento de las plazas en los cursos de formación continua para ocupados serán para los desempleados.
La intención del Gobierno es que los parados se formen en sectores como rehabilitación, el ahorro energético, el turismo y la dependencia. También se prevé el desarrollo de prácticas no laborales. Y el desarrollo de los contratos para la formación
